Malos humos en la ONU

Brendi nació en uno de los cuatro asentamientos de refugiados que la ONU improvisó en los aledaños de Trepca, el mayor complejo industrial de la antigua Yugoslavia. Hasan vino al mundo en 2014, al año siguiente de que se cerraran los campos. Sus padres le transmitieron por vía genética una parte de la carga de veneno sobre la que sobrevivieron durante los quince años (1999-2013) que permanecieron abiertos los centros.

Como ellos, 8.000 romaníes, ashkalíes y egipcios fueron desplazados de sus casas en el distrito gitano de Mitrovica, al norte de Kosovo, cuando el estallido bélico entre albanokosovares y serbios invadió sus calles. Más de 600 –la mitad, niños menores de 14 años– acabaron en los barracones que Naciones Unidas instaló en la vieja planta industrial, orgullo del desarrollismo comunista anterior. Les llamaron 'los niños del plomo'.

El miércoles, el relator especial sobre Tóxicos de la ONU, Baskut Tuncak, sacó los colores al organismo internacional al reclamarle que pague de una vez una indemnización a estas familias. Tuncak se muestra comprometido con la desgracia de quienes fueron instalados allí a sabiendas de la elevada contaminación de sus suelos. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectaron en julio de 1999 niveles de plomo doscientas veces superiores a los límites admitidos. La ONU obvió estos datos porque los barracones estaban previstos para unos meses, pero se prolongaron tres lustros. Ni siquiera se levantaron a partir de 2008, cuando Kosovo declaró su independencia.

Las chozas, tiendas de campaña y barracas de Cesmin Lug, Kablare, Osterode y Zitkovac estaban a 200 metros de los montículos de desechos industriales de las viejas minas. Con los informes contaminantes se tomaron medidas para prevenir la exposición al plomo de los soldados que mantenían la paz a partir del año 2000. Pero nadie se ocupó de los residentes.

En 2016, y ya sin campamentos, el Panel de Derechos Humanos de la propia ONU sentenció que era responsable y debía compensar de alguna forma a este colectivo. Los informes médicos admiten que el envenenamiento por plomo, que actúa mucho más rápido en edades tempranas, «ha contribuido a la muerte de varios niños y adultos». Enfermedades renales, discapacidades físicas y mentales y pérdida de memoria son algunos de los síntomas que sufren estas personas, hoy diseminadas por el norte de Kosovo.

«En los más de diez años que los romaníes permanecieron en los sitios envenenados se perdió una generación completa de niños», argumentó la abogada estadounidense Dianne Post, que presentó la reclamación que firmaron 138 víctimas. La OMS sentenció que «los efectos neurológicos y conductuales del plomo son irreversibles». Además, en noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reclama «entregar rápidamente el apoyo necesario a las víctimas».

Ninguna de estas evidencias ha ablandado al organismo que preside hoy el portugués Antonio Guterres. En mayo de 2018, se limitó a expresar su «profundo pesar por el sufrimiento». Y anunció la creación de un fondo fiduciario para promover proyectos en la comunidad romaní. Un fondo de libre aportación. Nadie ha puesto un euro todavía.

Muchas familias afectadas malviven en paz recogiendo chatarra en los vertederos kosovares. Tras reunirse con ellos, Baskut Tuncak plasma en su informe que «las circunstancias exigen una compensación y una disculpa pública». También advierte a sus jefes en la sede central en Nueva York de que «debería ser un tema de integridad para la organización».