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Madrid
Lunes, 10 de febrero 2025, 16:10
Una aseguradora sanitaria tendrá que pagar más de 700.000 euros entre indemnizaciones e intereses legales a una madrileña a la que una intervención médica «negligente» tras un aborto natural le causó diversos daños muy graves en su organismo que terminaron por dejarle importantes secuelas y condenarla a una situación de incapacidad crónica.
Según el relato de hechos dados por probados por los tribunales de instancia y por la Audiencia Provincial de Madrid, esta mujer, que en 2013 tenía 35 años, acudió la víspera de Nochebuena de ese año a una clínica concertada por su aseguradora sanitaria privada por detectar anomalías durante su embarazo. La doctora que la atendió en el centro sanitario corroboró los graves problemas en la gestación y la muerte del feto, que no tenía latido, motivo por el cual comenzó a suministrar a la paciente una serie de fármacos para intentar provocar un aborto medicalizado. Como consecuencia de la administración de estos productos, la embarazada sufrió vómitos, un notable sangrado, diarrea e importantes contracciones.
Ante esta situación situación, el 24 de diciembre, la misma doctora decidió practicar un legrado a la paciente, introduciendo en su vagina las pinzas de Winter para proceder a la extracción fetal, sacando sin embargo las asas intestinales de la embarazada en vez del feto, que en ningún caso apareció en el exterior como resultado de este procedimiento. Tras la maniobra fallida, practicaron a la paciente una laparotomía exploradora y se comprobó que la intervención de legrado le había provocado una rotura de la pared posterior del útero y del recto con avulsión (desgarros).
Como consecuencia de los que los tribunales consideran negligencia y mala praxis, la paciente sufrió varias intervenciones de reparación de las perforaciones ocasionadas y una intervención más por obstrucción intestinal. Pese a todo, le han quedado notables secuelas como dolor abdominal a diario e incontinencia fecal, no pudiendo permanecer más de cuatro horas fuera de su casa por la sucesión de diarreas, lo que llevo a que le fuese certificada una situación legal de incapacidad permanente absoluta.
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