Al ritmo actual harán falta 25 años para escolarizar a todos los niños de 0 a 3

Se trata de la principal conclusión de una estudio monográfico realizado por la federación de enseñanza de CC OO que considera «inasumible» que las administraciones públicas condenen a varias generaciones de españoles a prescindir de una etapa formativa clave para su futuro éxito educativo y personal, especialmente a los hijos de las familias que no pueden pagarse un centro privado.

Los expertos son unánimes al subrayar que la habilidades y destrezas que los chicos adquieren en las aulas de 0 a 3 años son una auténtica vacuna contra el fracaso escolar (mejora su rendimiento académico posterior), contra el riesgo de pobreza (el mayor beneficio se da en hijos de familias modestas) e, incluso, en la lucha por cerrar las distintas brechas de género. Es un instrumento fundamental para la igualdad de oportunidades y la puesta en marcha del ascensor social.

La escasez de plazas públicas tampoco puede justificarse por la ausencia de demanda. Un estudio de la UNED desveló hace pocos meses que al menos un tercio de los padres de los 650.000 pequeños que no cursan en España el primer ciclo de Infantil sí que querrían llevar a sus hijos a estas aulas, pero no lo hacen porque no pueden. Por la gran escasez de plazas y ayudas públicas y por su incapacidad material para pagar los precios privados.

Pese a que la nueva ley del educación, la Lomloe, se marca como objetivo de los poderes públicos la universalización del primer ciclo de Infantil, en España, en la actualidad, solo acuden a esta etapa el 42% del más de un millón de niños menores de 3 años. No es una tasa baja, de hecho está entre las más altas de la UE, pero si se aspira a la universalidad hace falta crear más de 52.750 nuevas aulas para acoger a los 650.000 niños sin escolarizar (si se marca como ratio media razonable los 12 pequeños por docente). Para hacer realidad este objetivo, además de las inversiones en centros, habría que formar y crear plazas para algo más de 100.000 profesionales entre profesores de infantil y técnicos superiores.

Esa es la necesidad, pero la realidad es que el actual compromiso de las autoridades educativas es crear hasta finales de 2023 aulas públicas para añadir a esta etapa a 65.382 niños, lo que elevaría la tasa de escolarización al 56%. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, recuerda que para llegar a la universalidad hacen falta diez veces más plazas nuevas de las que van a crear ministerio y consejerías, lo que, a este ritmo, significa casi tres décadas más de espera para que todos los niños tengan garantizado un puesto preescolar público.

García entiende que la inversión actual es «manifiestamente insuficiente» y que hace falta «un esfuerzo de país por parte de Gobierno, municipios y autonomías» para acelerar la implantación general de la etapa y porque los fondos con los que se crearán las 65.000 nuevas plazas proceden de la Unión Europea, lo que no garantiza su continuidad.

CC OO reclama que el esfuerzo de país si no puede ser el deseable, el que llevaría a rozar en pocos años la universalización del ciclo, sea al menos el mínimo exigible para asegurar desde la red pública una plaza de 0 a 3 años a los hijos de las familias más modestas.

El primer escenario, el deseable, contemplaría alcanzar en el medio plazo una tasa de escolarización del 92%, con la creación de 325.196 nuevas plazas públicas, cinco veces más de las previstas hoy. El coste adicional anual al final del proceso sería de unos 3.315 millones de euros. Su exigencia más posibilista, la que estima como el mínimo necesario, significa escalar hasta una escolarización que roce el 70%. Supondría la incorporación de 175.606 chicos de meses, 1 y 2 años a la Educación Infantil, con un coste adicional aproximado para las arcas públicas de 1.790 millones de euros.

El desembolso público que exigiría la universalización es importante, pero el mismo estudio monográfico de los expertos de la UNED citado indica que no solo sería socialmente beneficioso, sobre todo para el aumento de la equidad, sino incluso rentable. La cobertura universal y gratuita de 0 a 3 años generaría unos 3.900 millones de euros de beneficios directos anuales para el país, calcula el trabajo de estas investigadoras. La mayor parte por nuevos empleos y el resto por una mayor disponibilidad de gasto de las familias.

Pero es que, además, el estudio estima entre 1.800 y 6.200 millones más la generación de recursos por universalizar la etapa educativa infantil gracias a la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo que permitiría, pues quedarían liberadas de unos cuidados que ellas asumen en la mayoría de casos en una sociedad española todavía muy patriarcal.