Desahucios exprés para cien mil viviendas ocupadas en España

Desahucios exprés para cien mil viviendas ocupadas en España

La nueva ley que tramita el Parlamento intentará acelerar la devolución de sus viviendas a los propietarios expoliados

ANTONIO CORBILLÓN

«No damos abasto. Hacemos 25 desalojos a la semana. Ya llevamos más de mil y sólo hemos tenido once denuncias. Todas archivadas». Al otro lado del teléfono, Daniel Esteve, dueño de Desokupa, la primera y mayor empresa dedicada a echar a gente que ocupa pisos de forma ilegal, no disimula su éxito. Y eso que le están saliendo competidores como Stop Okupas, que se expanden rápidamente hacia toda España desde Andalucía. «Hay mercado para todo el mundo. Sólo hay que hacerlo bien», desafía Esteve a sus rivales. Presume de contar entre sus clientes a familiares de Julio Iglesias, que le contrataron para desalojar el centro social La Yaya en el barrio madrileño de Argüelles.

Incluso se vanagloria de que el nuevo intento de crear una legislación de desahucio exprés, aprobada el martes en la Comisión de Justicia del Congreso, «es en parte obra mía. Hicimos ruido para denunciar tanta ocupación favorecida por Colau y Carmena (alcaldesas de Barcelona y Madrid, respectivamente). Ahí está el resultado».

En realidad, esa futura norma que ahora viajará al Senado es obra de Julio Naveira y sus colegas del Colegio de Abogados de Mataró (Barcelona). Responde a las quejas y demandas que les llegaban de sus convecinos del extrarradio de la Ciudad Condal, donde «se ofrecen pisos de alquiler social que no se pueden ocupar porque en ellos ya se ha colado alguien».

A Naveira también le preocupan los clientes que llaman desesperados porque no pueden echar de su propiedad a quien se la ha ocupado por las bravas. Las mafias suelen especializarse en pisos vacíos de los bancos pero, según los cálculos del sector inmobiliario, el 25% de los más de 90.000 pisos avasallados son de propiedad individual.

Sector al límite

Empujados a la ilegalidad
La falta de leyes y planes que hagan compatible el derecho a la vivienda con el de propiedad, en un país saturado de ladrillo, ha creado un ecosistema urbano en el que se imponen formas mafiosas. Muchos propietarios de pisos particulares son víctimas de esta situación.
13,2%
de los 26 millones de viviendas que hay en España están vacías. Eso significa casi 3,5 millones de pisos sin inquilino en un país con un enorme déficit de acceso a la vivienda. Son cálculos elaborados por el propio mercado inmobiliario frente a la falta de un diagnóstico oficial de la nueva crisis de la vivienda.
Los desahucios no paran y superan el medio millón.
A pesar de que la crisis remite, los desahucios por impago del alquiler no paran. Sólo en Barcelona se producen diez desalojos al día, según su Plataforma Antidesahucios. Durante lo peor de la depresión se contabilizaron 400.000 desalojos. Pero otras 110.000 familias han perdido sus casas en plena recuperación.
2.500 euros
cobra Desokupa, empresa líder en el negocio de recuperar para sus propietarios viviendas ocupadas ilegalmente. La competencia les ha hecho bajar los precios a la mitad. Pero ha quintuplicado plantillas y fichado abogados para dar carta de legalidad a su actividad, que llega donde no lo hace la Policía.
Negocios paralelos al calor de la demanda social.
Puertas blindadas antiokupas, cerraduras antibumping, seguros de hogar que incluyen cobertura legal en caso de sufrir una ocupación ilegal, bufetes que ofrecen asesoría tanto si se es okupa como propietario... El descontrolado mundo de la ocupación está generando nuevos y variados nichos de negocio.
7,8%
de rentabilidad registró el alquiler en España en el primer trimestre. En ciudades de gran presión turística y con portales como Airbnb, el desvío del uso de la vivienda a estos usuarios están multiplicando los precios. En Madrid y Barcelona, las áreas céntricas han subido más de un 50% sus tarifas en dos años.
Ni viviendas sociales, ni juzgados para desahucios.
El parque de vivienda social en España sigue estancado en el 1%, frente al 20% o incluso el 30% de países como Alemania u Holanda. Un proceso de desahucio tarda hasta tres años en resolverse por el atasco judicial. Con la última reforma legal se crearon 10 nuevos juzgados, cifra irrelevante dada la magnitud del problema.

Eso significa que en España hay más de 20.000 propietarios buscando una salida legal a su conflicto con quienes usurpan su posesión. Hay todo tipo de variantes pero el repunte de la demanda hace que se destaque una: personas que invierten sus ahorros en una segunda casa para aprovechar la elevada rentabilidad que ha alcanzado el alquiler. Ponerla en un mercado tan convulso supone asumir riesgos. «Es cierto que la ley actual tiene mecanismos para defender los intereses de los dueños. Pero, por la vía legal, se tarda de dos a tres años, con grandes costes emocionales y el riesgo de una enorme minusvaloración, incluso destrozo, de la casa tras recuperarla», lamenta el letrado.

En su calidad de decano de los abogados de Mataró, Naveira propuso a sus colegas que afinaran al máximo la propuesta en la realidad actual. La idea era dejar a un lado a las mafias que han convertido la ocupación en un negocio. También a las inmobiliarias y fondos de inversión que están cambiando el paisaje de las grandes ciudades.

Los urbanistas hablan ya de la 'airbnbficación' de amplias áreas de Barcelona y Madrid (Airbnb es la mayor plataforma de alquiler de pisos turísticos). Barrios en los que es imposible conseguir un alquiler convencional para vivir porque se han disparado los precios y no hay oferta, pero donde se ofrece un continuo tránsito de entradas y salidas especulativas y con todo tipo de casuísticas, muchas ilegales. «Hay edificios enteros que cambian de alquiler cada día. Y comunidades que se organizan y juegan a espías para alertar de cualquier llegada sospechosa de un posible okupa irregular que destruya la convivencia», advierte el presidente de la Federación de Vecinos de Madrid, Enrique Villalobos.

Pánico al arrendatario

Las asociaciones vecinales de barrios como el conflictivo Raval de Barcelona repiten un caso tipo. «El dueño alquila un piso por 800 o 900 euros con contrato legal y el arrendatario empieza a meter a gente subarrendando habitaciones. Con lo que les cobra no sólo paga el alquiler sino que se forra». Añádase en este caso el pánico del titular a que puedan convertir su vivienda en un 'narcopiso'.

Para empezar a 'limpiar' la situación, Naveira y su equipo se han centrado en esas propiedades particulares y en los pisos sociales de los ayuntamientos cuando son violentados por extraños. Llevaron el texto a los partidos políticos y sólo se lo 'compró' el PDeCAT, que es quien lo ha llevado al Congreso.

La 'burbuja' del alquiler, la falta de vivienda accesible y una Justicia lenta animan a los okupas. Son la pesadilla de los propietarios. Pagan justos por mafiosos y especuladores

Si se aprueba el proyecto tal y como está redactado, quien entre en el piso de un particular de forma irregular, reciba una denuncia y no exhiba un título legal en cinco días «se va fuera». Para no perjudicar a las familias que demuestren que no tienen otra forma de acceder a una casa, se informará a los servicios sociales para que «actúen en un plazo de siete días».

Pero el deterioro del acceso a la vivienda pone las cosas cada vez más difíciles. «La Oficina de la Vivienda de Barcelona tiene una lista de espera de un mínimo de seis o siete meses para una vivienda social», advierte la portavoz de su Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado.

l dueño de una vivienda ocupada en la localidad vizcaína de Abanto trata infructuosamente de conseguir que la Policía desaloje a los intrusos. Los agentes de Desokupa usan métodos expeditivos. Una mujer muestra los daños en su piso recuperado de los okupas. / Luis Calabor | R. C.

Los promotores de la nueva norma creen que, si se aprueba su propuesta, «cambiaremos el orden de factores. Lograremos garantizar los derechos de todos, y eliminaremos problemas colaterales como las mafias». El letrado Germán Plaza Arsenal, que se encarga de dar carácter legal a los desalojos realizados por la firma Desokupa, sostiene que «la verdadera reforma debería ser reconocer que ocupar un piso es un delito muy grave, y la obligación del Código Penal es defender a la principal víctima: el propietario».

El resto de actores sociales en el cada vez más enrarecido sector de la vivienda en alquiler contemplan la nueva propuesta con pesimismo. «Aumentará los desahucios, no las soluciones», pronostica desde PAH Barcelona Lucía Delgado. En su plataforma, una de las más activas del país, creen que una vez más se ha puesto el tejado sin hacer los cimientos. «Nadie ha hecho un diagnóstico de la situación general. Muchas familias pierden su casa porque les suben mucho los alquileres. Y ahora esta ley les viene a decir 'que te vaya bonito'», critica.

En la misma línea se pronuncia el líder vecinal de Madrid Enrique Villalobos, que acusa a los poderes públicos de propiciar un choque entre dos derechos fundamentales: la propiedad privada (artº 33 de la Constitución) y el derecho a una vivienda digna (artº 47). «Soluciones como ésta van dirigidas a contentar sólo a los propietarios. Nosotros defendemos que la mejor ley antiocupación es la que garantiza un mejor acceso a la vivienda».

Conflicto de intereses

La casuística es infinita pero las plataformas ciudadanas insisten en una peligrosa polarización. De un lado, inversores que compran inmuebles para especular con el acceso. Y que no dudan en utilizar lo que los portavoces vecinales llaman «avanzadilla sicaria de la nueva especulación inmobiliaria». Es decir, empresas como Desokupa o Stop Okupa. En el otro extremo, miles de familias sometidas a «la rueda continua de un desahucio detrás de otro, empujadas a saltarse la ley por simple supervivencia».

«La culpa es de políticos como Ada Colau que dieron cobertura al okupa» Germán Plaza Arsenal, abogado de desokupa

«Garantizaríamos todos los derechos y acabaríamos con las mafias» julio naveira, Redactor ley de desahucio exprés

Ambos submundos empiezan a compartir dudosas prácticas. En las redes sociales pueden encontrarse decálogos de uno y otro lado sobre cómo resistir cuando uno es okupa o cómo quebrar la resistencia de éstos cuando se trabaja en el boyante negocio de la desocupación. «Estoy logrando echarles hasta por teléfono. Les acojono legalmente», presume el dueño de Desokupa.

Villalobos denuncia la degradación del acceso a la vivienda en su región. Según destaca, hay barriadas que crean sistemas de alerta para vigilar y diferenciar a los okupas pagados por las mafias de los que buscan un refugio por simple necesidad. «Incluso hay gente que al final tiene que recurrir a estas mafias del alquiler para poder vivir». O comunidades de propietarios que «buscan sus propios inquilinos ilegales para evitar que llegue un mafioso a su edificio y caer en algo aún peor».

«La nueva ley aumentará los desahucios, no las soluciones» lucía delgado, Plataforma Afectados Hipoteca

«La mejor legislación antiokupa es garantizar el acceso a una vivienda» enrique villalobos, Federación de Vecinos de Madrid

«La nueva ley se ha hecho para calmar al ciudadano. Pero no arreglará nada» daniel esteve, Fundador de Desokupa

La ciénaga en la que está entrando el alquiler de pisos da pie a una ley de la oferta y la demanda surrealista. «Se busca piso para okupar, ya que alquiler es imposible. Zona Móstoles. Abierto y con agua y luz. Pago bien. Urge», se puede leer en portales como Milanuncios.com.

El letrado de Redjurídica, Eduardo Gómez, se postula del lado de los colectivos sociales y defiende que, «aunque hay que perseguir cualquier ilegalidad, todas las normas que se crean inciden en la protección de los propietarios a costa de la desprotección de los necesitados, el eslabón más débil de la cadena». En medio de todos estos intereses cruzados, los propietarios de viviendas que de pronto se ven víctimas de una ocupación ilegal asisten aturdidos e indefensos a una situación que les sobrepasa. «¡Pero si esta casa es mía!».

Pierre, Barcelona. «Estuve días llorando. Allí estaban nuestros ahorros»

IRMA CUESTA

A Pierre (un nombre ficticio porque este francés no quiere desvelar su identidad) todavía le dura el disgusto. Veinte años de trabajo y ahorro para comprar y restaurar un piso en Barcelona pensando en venir a vivir a España y, cuando está a punto de hacerlo, le llaman para contarle que alguien se ha instalado en su casa. «Mi mujer y yo vivimos en Burdeos y siempre hemos querido mudarnos a Barcelona, así que hace año y medio cogimos nuestros ahorros, firmamos una hipoteca y adquirimos un piso que hemos ido arreglando poco a poco. Cuando solo nos quedaba darle una mano de pintura y estábamos a una semana de irnos para allá de vacaciones, un residente me llama y me dice que la cerradura está rota. Como de vez en cuando los obreros iban y venían, al principio los vecinos no se preocuparon, pero habían empezado a notar cosas raras», explica aún nervioso Pierre, que hasta aquel día nunca había escuchado historias de okupas.

«Cuando me confirmaron que la casa estaba ocupada me quedé sin voz durante quince minutos, y cuando logré calmarme y llamar a mi mujer para contarle lo que había pasado, me puse a llorar como un loco. Si nunca has sido ocupado no puedes imaginar lo que es. Toda la vida trabajando para comprar una casa y te encuentras con esto. No puedes dormir... ni comer».

Sin saber qué hacer, Pierre leyó en internet que había una firma que se dedicaba a solucionar estos casos y llamó. Horas después tomó un avión y se presentó en su oficina, les contó lo que había pasado y ellos le dijeron que estudiarían el caso y se encargarían. «Si no fuera por ellos, igual estaba en la cárcel. Ante una cosa así te vuelves loco y, además, no sabes quién o cómo de peligrosa es la gente que se ha metido en tu casa».

Después de casi un mes en el que Pierre y su mujer apenas lograron pegar ojo, un responsable de la empresa de desalojos les llamó la semana pasada para decirles que el asunto estaba arreglado. Según le contaron, cuando los 'desokupas' llegaron a la casa se encontraron con que eran tres chavales los que había tomado posesión de la vivienda y que, al preguntarles qué hacían allí, les aseguraron que alguien les había engañado haciéndose pasar por propietario y alquilándoles la casa. Aunque finalmente llegaron a un acuerdo y los chicos se marcharon días después, aquellos jóvenes eran de todo menos unos angelitos víctimas de unos desalmados. ¿La prueba? los 10.000 euros en muebles que se llevaron con ellos.

Pierre dice que no olvidará fácilmente las lágrimas de su mujer cuando hace unos días regresaron a la casa y la encontraron vacía y destrozada. «Vivían como cerdos y se lo llevaron todo. No solo es el dinero, que también, es el tiempo que se tarda en ganarlo. Muchos años de nuestra vida ahorrando y toda la ilusión por poder venirnos a vivir dentro de un año, o año y medio, y nos encontramos con esto». Aunque parezca mentira, siguen ilusionados con la idea de instalarse en España. «Terminaremos haciéndolo a pesar de todo. Aquí tenemos amigos y, aunque nos cueste, trataremos de superar y olvidar lo ocurrido».

Benito e Isabel. Lavapies (Madrid). «Nos fuimos de vacaciones al pueblo y ocuparon la casa»

IRMA CUESTA

Aquel verano, como todos desde hacía un montón de años, Benito e Isabel hicieron las maletas y marcharon al pueblo a pasar unos días. Desde que Benito se había jubilado, las vacaciones en Yepes, el pueblecito de la provincia de Toledo que había dejado cuando era un chaval para instalarse en Madrid y ganarse la vida como mecánico tornero, se alargaban placenteramente.

Así ocurría aquel año hasta el fatídico día en el que el matrimonio recibió la llamada de una vecina preguntándoles si habían vuelto. «Había visto luz en casa y creyó que, por alguna razón, habían regresado a Madrid. Cuando mis padres le dijeron que no, que seguían en Yepes, nos pusimos en lo peor», cuenta Manolo Osuna, hijo del matrimonio que un mal día de verano ya no pudo regresar a la casa que había sido su hogar durante cincuenta años. «Siempre vivimos en aquel edificio de renta antigua en la calle Doctor Pía número 15 de Lavapiés, así que cualquiera imagina lo que les pasó por la cabeza a mis padres cuando les dijeron que había alguien dentro. No ayudaba a tranquilizarlos haber sido testigos de cómo, en los últimos años, muchas de las casas de vecinos que habían ido muriendo, o cuyas familias les habían enviado a una residencia, habían sido ocupadas por gente de todo tipo que se había metido allí por las buenas», explica Manolo.

Horrorizados con la posibilidad de que alguien se hubiera instalado en la casa que Isabel había dejado en perfecto estado de revista, el matrimonio regresó a Madrid, confirmó sus sospechas y acudió de inmediato a la comisaría más próxima a poner una denuncia. De poco les sirvió. «Entonces fui a hablar con los okupas, pero no hubo manera de que aceptaran que esa era la casa de mis padres y en la que yo mismo había vivido durante décadas. Creo que eran senegaleses, pero no estoy seguro. Son mafias, pueden llegar unos, meterse en la vivienda, instalarse y luego realquilársela a otros», dice Manolo.

Benito e Isabel tardaron medio año en recuperar las llaves de su casa, para regresar y encontrarse con que todo estaba hecho un desastre. «No había Dios que entrase allí. Los muebles, la ropa, todo estaba inservible. El disgusto fue tal que finalmente mis padres decidieron rescindir el contrato de alquiler, coger lo poco que pudieron salvar e instalarse definitivamente en el pueblo. Pero fue muy duro para ellos asumir la forma en la que han perdido la casa en la que han vivido durante tantos años», lamenta el hijo.

Manolo todavía va por allí de vez en cuando y sabe que, aunque ha pasado más de un año desde entonces, la casa en la que creció sigue ocupada ilegalmente. «Mis padres están bien en Yepes, pero ya han cumplido 80 años los dos y aquí están sus médicos, así que tienen que venir cada poco obligatoriamente. Cuando lo hacen no pueden evitar acordarse de su casa. Es normal, allí estaban todos su recuerdos. Parece mentira que cosas como ésta estén a la orden del día».

Gema Sanuy, Hospitalet de Llobregart.  «Cuatro argelinos con tres perros se metieron en mi piso»

IRMA CUESTA

Hacía una semana que se había marchado el último inquilino de su piso de Hospitalet. Gema ya había cambiado la cerradura y puesto a punto la casa a la espera de sus nuevos clientes cuando un vecino la llamó por teléfono para decirle que una gente extraña se había instalado en el apartamento. «Eran cuatro argelinos, tres hombres y una mujer, con tres perros. Gente peligrosa», cuenta, apenas una semana después de haber recuperado su vivienda. «Soy abogado y, cuando me enteré, lo último que se me ocurrió es denunciarlo porque, de haberlo hecho, les habría hecho el favor de su vida a esos desgraciados. Con un poco de suerte, igual tardo tres años en solucionar el problema».

Gema optó por contactar con una empresa dedicada a recuperar inmuebles ocupados. «Estaba claro, no podía acudir a los Mossos porque no pueden hacer nada. Esta gente, en cambio, actúa de forma legal y te soluciona el problema, trabajan de manera impecable. En una semana la casa estaba libre, a pesar de que los okupas eran individuos de cuidado. La prueba está en que encontraron en la vivienda armas de todo tipo».

La pesadilla de Gema no terminó cuando el equipo contratado logró recuperar la casa, cambiar la cerradura e instalar una alarma. «Después de que les sacaran de allí tuvieron la osadía de intentar entrar, posiblemente porque habían olvidado algo que querían recuperar. Entonces sonó la alarma y se activó el protocolo, llegó la Policía y finalmente abandonaron. Es una situación increíble que, por desgracia, cada día es más común en Cataluña. De poco sirve que el derecho a la propiedad sea uno de los fundamentales en este país. Es impresionante lo que está ocurriendo», explica, aún enfadada e incapaz de digerir lo que le ha pasado.

La suya es una finca pequeña en la que no viven muchos vecinos. «El piso que está justo enfrente es de un matrimonio joven con una niña pequeña. Es fácil imaginar el miedo que han pasado cuando, de la noche a la mañana, se percatan de que tienen de vecinos a unos argelinos agresivos, que los ruidos no cesan, que huele mal... Por si eso no fuera suficiente, mi piso está en un primero y en el bajo está instalada una empresa que almacena un material carísimo. El dueño me aseguró que temía encontrarse un día con que no le habían dejado nada. Tenía que hacer algo, y la decisión que tomé fue la más atinada. Desde el primer momento me dijeron que no se me ocurriera volver a la casa hasta que ellos me avisaran».

La desocupación de la casa de Gema se produjo el día 23. Cuando finalmente pudo volver, se encontró con el piso destrozado, pero al menos volvía a tener el control. Aunque deberá ponerlo a punto si quiere recibir a un nuevo inquilino, está encantada de haber pasado página. Pero sigue indignada «con un sistema y unas leyes que olvidan los derechos de los propietarios; y con unos políticos que, lejos de tenerlos en cuenta, están fomentado este tipo de actuaciones».

Laura Fernández, Barcelona. «La sensación es horrible, te sientes muy desamparada»

IRMA CUESTA

Laura estaba en su casa de Ibiza cuando un amigo, al que había dejado el encargo de enseñar su pisito de la Barceloneta a los interesados en alquilar la casa, le llamó para preguntarle si ya la había alquilado sin avisarle. «Cuando me dijo que había estado allí y ya había dos chicos y un perro instalados en el apartamento, me quedé de piedra. ¿Cómo que si lo había alquilado? Aquellos chavales se habían metido allí por la cara».

Laura reconoce que es muy difícil expresar lo que se siente cuando te ocurre algo así. «La sensación es horrible. Te sientes totalmente desamparada. Especialmente, cuando me asesoro y todo el mundo empieza a decirme que ni se me ocurra denunciarlo porque entonces podría tardar no menos de dos años en sacarlos de casa. Mi primera intención fue llamar a la Policía. Yo no había hecho nada malo, tenía todos los papeles del piso en regla y entendía que la Ley debía protegerme, pero me dijeron que este tipo de casos están a la orden del día y que si activaba el protocolo legal, estaba perdida». Laura confiesa que, descartada la idea de ir a explicarles a los Mossos su problema, pensó en ir a la casa y enfrentarse a los chavales, pero sus amigos le dejaron claro que podía meterse en un lío. «Resulta, aunque parezca increíble, que yo no puedo entrar en mi piso si están ellos dentro, porque entonces son ellos los que pueden denunciarme a mí. Por eso opté finalmente por llamar a la empresa Desokupa».

El problema de Laura surgió el 16 de abril. El domingo, antes de salir para Ibiza, había estado en la casa dejándola a punto. El martes, cuando todavía no era capaz de digerir lo que le estaba ocurriendo, ya había contactado con la empresa especializada. «Daniel Estevez, el jefe, fue magnífico. Sólo hablar con él me tranquilizó. Estaba claro que entendía mi angustia y que sabía de lo que estábamos hablando. Por fin me sentí protegida».

El profesional le pidió que dejara el asunto en sus manos y el equipo de Desokupa se puso a trabajar. Lo primero que hicieron fue conseguir el teléfono de los nuevos 'inquilinos' para tratar de iniciar una negociación. No les costó demasiado. Mandaron a un empleado de la empresa a la casa y, haciéndose pasar por un amigo de Laura, les pidió el número de móvil dejándoles entender que ella estaría dispuesta a hacerles una oferta para que abandonaran la vivienda. «Está claro que no querían dejar pasar la oportunidad de sacar de aquello algún dinero, pero una llamada de teléfono de Daniel bastó para convencerlos de que debían dejarla de inmediato. El viernes de esa misma semana nos presentamos allí y ya no estaban. La casa estaba perfecta. Sólo un mensaje escrito con pimienta en la mesa de la cocina, en el que podía leerse: 'Stop Desokupa, hijo de puta', evidenciaba lo que había ocurrido. Cambiamos la cerradura, instalamos una alarma y ahora cruzo los dedos para que nada de esto vuelva a pasarme... pero no dejo de preguntarme por qué debo poner una alarma en mi casa si quiero sentirme segura».

José Antonio L. A. El Berrón (Asturias). «Me pidieron 400 euros por dejar mi propia casa»

IRMA CUESTA

A José Antonio le cambió la vida el pasado 3 de marzo. El hombre conducía su camión camino de Francia cuando una vecina le llamó para decirle que unos desconocidos habían entrado en su casa de El Berrón, en el concejo asturiano de Siero, y estaban sacando parte de sus cosas. Su hogar estaba siendo ocupado. José Antonio creyó estar viviendo una pesadilla cuando, a la vuelta de su viaje, confirmó que la casa estaba habitada por un buen número de individuos. «Esto ha sido surrealista», dice este camionero asturiano de 48 años. «Me quedé con lo puesto y con lo que llevaba en una maleta de viaje. No tenía nada más». La vivienda, situada en la calle Picu Pienzu de la localidad, forma parte de una promoción de Vipasa, la empresa del Gobierno asturiano que gestiona la vivienda pública, y en la que José Antonio llevaba viviendo tres años en régimen de alquiler cuando recibió aquella llamada.

Según recuerda, el jueves 1 de marzo fue la última vez que estuvo en su domicilio. Al día siguiente, muy temprano, puso rumbo a Francia para hacer una entrega y estando allí fue cuando le contaron que le habían reventado la cerradura de la puerta de la vivienda y habían sacado parte del mobiliario.

Unas dos horas más tarde, cuando todavía trataba de digerir lo ocurrido, le telefoneó una mujer, que le había pedido prestado el móvil a su vecina y que se identificó como amiga de la persona que le estaba allanando la vivienda, para decirle que habían alquilado su piso por 400 euros «a un moro» y proponerle que, si él les daba otro tanto, volvían a meter sus cosas en la casa y se iban. «Es de imaginar lo que pensé mientras hablaba con aquella mujer. Estaba claro que estaba siendo víctima de un allanamiento, robo y chantaje al mismo tiempo, así que puse los hechos en conocimiento de Vipasa, que presentó el lunes 5 una denuncia en el Juzgado de Guardia de Siero solicitando el desalojo urgente de la vivienda. Yo, por mi parte, adelanté un día el regreso y presenté mi propia denuncia en comisaría. El jueves 8 di orden de que se diera de baja el agua y la electricidad», dice, lamentando que cosas como esta puedan ocurrir hoy en día.

Casi mes y medio después, José Antonio tiene claro que no va a volver jamás al que había sido su hogar. Se vio obligado a instalarse en la cabina de su camión, donde trataba de dormir cada noche en la estrecha litera deseando que terminara una pesadilla que no le desea a su peor enemigo. «A finales de marzo el juez dio orden de que los ocupantes dejaran la casa y la desalojaron, pero para entonces ya había decidido que no iba a regresar. No tengo ninguna gana de encontrarme de nuevo con esa gente, que andará por la zona».

Y es que el camionero cree reconocer en la mujer que le llamó para proponerle aquella componenda a una mujer con la que se había cruzado dos veces en el ascensor el mismo día que partió hacia Francia. Aquel viaje a cuya vuelta se encontraría con que alguien extraño dormía en su cama.