Francia aprueba la ley que prohíbe las webs antiabortistas

La nueva ley extiende el delito de obstaculización al aborto a las webs que ofrezcan información parcial o errónea sobre el mismo, a los que se podrá imponer una pena de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa. De esta forma, esas páginas tendrán un tratamiento similar al que en 1993 se pensó para prohibir los comandos que acudían a las clínicas abortistas para impedir el acceso a las mujeres.

En el punto de mira de los socialistas, impulsores de la ley, están una serie de páginas de internet pertenecientes a asociaciones antiabortistas y que, bajo la apariencia de ofrecer información sobre el aborto, buscan en realidad convencer a las mujeres para que no lo practiquen.

Informaciones «falsas»

La ministra de la Familia y del Derecho de las Mujeres, Laurence Rossignol, acusó a esas webs de ofrecer "informaciones falsas" para introducir a las mujeres "en una especie de túnel que les lleva a dudar de su decisión" de interrumpir su embarazo. La más popular de esas páginas, ivg.net, asegura en su página principal que el aborto "implica riesgos médicos y psicológicos", y recaba testimonios de mujeres contra esa práctica. Otras webs aseguran que el aborto conlleva riesgo de muerte para la madre y muestran imágenes de fetos.

Para la oposición conservadora del país y los colectivos antiabortistas, el proyecto legislativo supone una traba a la libertad de expresión, ya que merma el margen de maniobra de quienes pretende atraer a las mujeres hacia soluciones alternativas. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, también se opuso a la ley que, a su juicio, constituye "un precedente grave de limitación de la libertad de expresión en internet" y "un atentado muy grave a los principios democráticos".

Desde la llegada de los socialistas al poder en 2012 ha habido varias reformas, la primera para eliminar la noción de "angustia", que era necesaria para que una mujer pudiera acogerse al aborto en determinados casos. Posteriormente, se suprimió el periodo obligatorio de reflexión al que estaban obligadas las mujeres entre el momento en el que hacían la petición y la intervención propiamente dicha, y se garantizó el reembolso por parte de la Seguridad Social de la totalidad de los gastos derivados del aborto.