El músculo del Estado

El músculo del Estado

Marta Silva, la abogada a la que vemos presentar los recursos de inconstitucionalidad contra el referéndum de Cataluña, forma parte de ese club de altos funcionarios que se rifan las empresas privadas

JULIÁN MÉNDEZ

Son el puño de hierro en guante de seda que asoma bajo la toga sin puñetas que aplica el presidente Rajoy. El pasado día 29, Marta Silva de Lapuerta, la Abogada General del Estado, cruzaba la verja del Tribunal Constitucional con una carpeta en la mano. Dentro, el asunto número 5829-2014: recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la convocatoria del referéndum catalán. Un primer paso que fue contestado por el Parlament. Y que la Abogacía del Estado ha vuelto a cuestionar.

Marta Silva de Lapuerta, amiga personal del exministro Alberto Ruiz-Gallardón (quien la propuso para el cargo), evita las declaraciones, al contrario que su predecesor. Pero conoce muy bien el percal: uno de sus primeros destinos al ingresar en la Administración fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como otros compañeros de El Cuerpo, como se denominan ellos mismos en una abreviatura del organismo, desde allí dio el salto a la actividad privada: secretaria general y del consejo de administración y directora general de la asesoría jurídica de la constructora Sacyr Vallehermoso, que preside Florentino Pérez. De su mano, en 2004, llegó a la junta directiva del Real Madrid

A determinados niveles, las cosas solo cabe hacerlas o muy bien o muy bien. Para esas tareas especiales están estos altos funcionarios. «Son los encargados de asesorar al Estado, a sus organismos autónomos y constitucionales en todas aquellas materias que se les requieran», explica José Luis Ávila Orive, decano de la Facultad de Derecho de Deusto.

El Cuerpo lo constituyen apenas 640 abogados con plaza. Casi el 40% de ellos se encuentra en excedencia voluntaria. Trabajan en bufetes, auditorías, grandes corporaciones o en despachos propios, por lo que el Estado apenas dispone en estos momentos de cuatro centenares.

Las oposiciones de 2013 para cubrir una veintena de plazas acaban de terminar: los exámenes han durado nueve meses y, como suele suceder para preservar el nivel que se les exige, no se han cubierto todos los puestos. Es un organismo que sobrevive «lastrado de efectivos», según uno de sus integrantes que prefiere guardar el anonimato. En esta profesión son muy reservados, poco dados a salir en los papeles.

Los aspirantes, licenciados en leyes, deben estudiar medio millar de temas que cubren prácticamente todos los ámbitos del Derecho (Hacienda Pública, Hipotecario, Procesal, Civil, Mercantil, Penal, Internacional Público y Comunitario Europeo...). «Sabemos procesal como los fiscales, penal como los jueces... Entre nosotros decimos que el único derecho que no aplicamos es el canónico», bromea.

Los aspirantes, que dedican una media de cinco años a preparar los ejercicios, disponen de 65 minutos para defender de viva voz ante el tribunal los temas «designados a la suerte». Además de los dos exámenes orales, hay un tercero de lectura y traducción (inglés o francés) y dos supuestos prácticos: para resolver cada uno de estos disponen de doce horas. «Nos recomiendan que no escribamos nada antes de las dos primeras horas, que maduremos la contestación. En mi caso, pasé cuatro horas antes de poder escribir una sola línea», precisa un profesional en ejercicio.

«No podemos mentir»

«Para ser abogado del Estado prima la capacidad memorística, la disciplina en el hábito de trabajo continuado y una gran fortaleza mental. Deben ser inasequibles al desaliento indica el decano de Derecho en Deusto y poseer una gran vocación de servicio público». Algo que viene de antiguo.

Mario Conde, el más joven

«Hice las oposiciones por influencia de mi padre que admiraba a los Abogados del Estado. Me gustaba el Derecho, así que poco perdería si las estudiaba en serio. Conseguiría incrementar mi formación y tendría salidas profesionales más potentes. Estudié a fondo: me levantaba a las 4 de la mañana y metía diez o doce horas diarias, todos los días del año, menos los domingos, cuando estudiaba solo por la mañana. Fue una de las etapas más felices de mi vida:me daba cuenta de que comprendía el Derecho, el conjunto del ordenamiento. Dicen que mi nota ha sido la más alta de la historia del Cuerpo. Llegué con 24 años como Abogado del Estado Jefe a Toledo. Se creían que era broma... El prestigio del Cuerpo se ha basado en dos pilares: la profundidad de sus conocimientos jurídicos y la independencia frente al político. En mi época era imposible conseguir dictámenes a la carta, al gusto del político que los demandaba. La cuestión es hoy si persiste esa independencia, que no es otra cosa que el respeto al Derecho. He visto con mis propios ojos algunas actuaciones que me hacen dudar mucho y muy intensamente de esa independencia... De continuar por ese sendero, su prestigio acabará desapareciendo», sostiene Conde.

El 10 de marzo de 1881 se creó la llamada Dirección General de lo Contencioso del Estado con la función de vigilar y cuidar ante los tribunales (también en las causas criminales) los derechos e intereses de la Hacienda Pública, organismo al que estuvo vinculada hasta 1985, cuando se organizan los Servicios Jurídicos del Estado. De ese pasado decimonónico conservan la potestad de lucir un uniforme propio compuesto por «casaca-peti bordada, pantalón largo de galón, capote ruso, sombrero bicornio, espadín, guantes blancos de gamuza y botas enterizas de charol negro». Aunque la verdad es que nadie ha visto nunca a ningún abogado del Estado vestido de esa guisa. En sala lucen una toga sin puñetas (como el resto de letrados) y bien una medalla del Cuerpo o el emblema bordado en la pechera izquierda. También, y como modo de identificarse, llevan un pin. Estos funcionarios poseen la categoría 28. La máxima a la que se puede aspirar en la Administración es la 30, correspondiente a director general, una realidad que limita su promoción en el sector público. Sus ingresos brutos anuales rondan los 80.000 euros. Poca cosa si se compara con los 300.000 que puede ingresar un notario al sacar la plaza o los más de 100.000 que, como base, cobra un registrador.

El Cuerpo, reconocen algunos de sus integrantes, está «en mantillas». Con una carga de trabajo abrumadora cada año reciben unos 120.000 nuevos procedimientos, lo que se traduce en unos 350 pleitos por abogado en activo al año, están obligados a jornada de diez y doce horas en el despacho. «Sacrificas tu juventud, los años más importantes de tu vida, apostando a una sola carta, sin garantía de obtener la plaza y sin un plan B... Estuve cinco años preparando la oposición. Estudiaba diez y once horas diarias: cantaba los temas ante mi preparador los lunes, miércoles y viernes. Solo tenía para mí los viernes por las tardes y los sábados. Durante esos cinco años me decía si tengo suerte, dedicaré mi vida a un interés superior. Es un trabajo vocacional», dice Macarena Olona Choclán, Abogada del Estado-jefe en el País Vasco propuesta por la propia Marta Silva de Lapuerta. «Los Abogados del Estado no podemos mentir ni defender un pleito por el mero hecho de ganarlo. Nosotros defendemos la legalidad», remarca Macarena Olona.

Pocos efectivos

640 abogados del Estado pertenecen al Cuerpo, de los que el 40% se encuentran en excedencia y otro 10% en servicios especiales del Gobierno o empresas públicas.
80.000 euros es el sueldo bruto de un recién llegado al organismo. Rajoy gana 78.000. Hay voces que airean que para amarrar a estos funcionarios es necesaria una «retribución adecuada». De otro modo, la fuga hacia el sector privado es inevitable.

Al cabo de cinco años de dedicación absoluta, pueden solicitar la excedencia. Y, en la calle, se los rifan. Si con antigüedad y complementos pueden llegar a cobrar 100.000 euros anuales, fuera de la Administración triplican con facilidad esa cifra. Cuentan que por menos de 250.000 no se va ninguno. «Hay buenos abogados del Estado fuera porque tienen buenos conocimientos de sus sectores y de la Administración. Los contactos no sirven para nada, pero sí conocen bien el funcionamiento de las instituciones», reconoce un letrado en excedencia.

Solo el mes pasado, el boletín de la Asociación de Abogados del Estado anunciaba que José Antonio Rodríguez Álvarez fichaba por el bufete internacional Ashurst como responsable de Procesal, que María Guinot había sido llamada por CMS Albiñana para su departamento de Derecho Regulatorio y que Elena Veleiro fichaba por el despacho Pérez-Llorca para el equipo de Contencioso, Público y Sectores Regulados. Esta es la salida natural de la Abogacía del Estado. Pero también figuran en las plantillas de todas las grandes compañías del Ibex. Otro puente de plata es la política: el PP alimenta sus cuadros dirigentes con efectivos del Cuerpo. Un ejemplo palmario es la promoción del 96, conocida como La Gloriosa, aprobados cuatro días antes de la llegada de José María Aznar al poder.¿Adivinan quien procede de ella? Acertaron si dijeron Marta Silva.

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