El músculo del Estado

Marta Silva de Lapuerta, amiga personal del exministro Alberto Ruiz-Gallardón (quien la propuso para el cargo), evita las declaraciones, al contrario que su predecesor. Pero conoce muy bien el percal: uno de sus primeros destinos al ingresar en la Administración fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como otros compañeros de El Cuerpo, como se denominan ellos mismos en una abreviatura del organismo, desde allí dio el salto a la actividad privada: secretaria general y del consejo de administración y directora general de la asesoría jurídica de la constructora Sacyr Vallehermoso, que preside Florentino Pérez. De su mano, en 2004, llegó a la junta directiva del Real Madrid

A determinados niveles, las cosas solo cabe hacerlas o muy bien o muy bien. Para esas tareas especiales están estos altos funcionarios. «Son los encargados de asesorar al Estado, a sus organismos autónomos y constitucionales en todas aquellas materias que se les requieran», explica José Luis Ávila Orive, decano de la Facultad de Derecho de Deusto.

El Cuerpo lo constituyen apenas 640 abogados con plaza. Casi el 40% de ellos se encuentra en excedencia voluntaria. Trabajan en bufetes, auditorías, grandes corporaciones o en despachos propios, por lo que el Estado apenas dispone en estos momentos de cuatro centenares.

Las oposiciones de 2013 para cubrir una veintena de plazas acaban de terminar: los exámenes han durado nueve meses y, como suele suceder para preservar el nivel que se les exige, no se han cubierto todos los puestos. Es un organismo que sobrevive «lastrado de efectivos», según uno de sus integrantes que prefiere guardar el anonimato. En esta profesión son muy reservados, poco dados a salir en los papeles.

Los aspirantes, licenciados en leyes, deben estudiar medio millar de temas que cubren prácticamente todos los ámbitos del Derecho (Hacienda Pública, Hipotecario, Procesal, Civil, Mercantil, Penal, Internacional Público y Comunitario Europeo...). «Sabemos procesal como los fiscales, penal como los jueces... Entre nosotros decimos que el único derecho que no aplicamos es el canónico», bromea.

Los aspirantes, que dedican una media de cinco años a preparar los ejercicios, disponen de 65 minutos para defender de viva voz ante el tribunal los temas «designados a la suerte». Además de los dos exámenes orales, hay un tercero de lectura y traducción (inglés o francés) y dos supuestos prácticos: para resolver cada uno de estos disponen de doce horas. «Nos recomiendan que no escribamos nada antes de las dos primeras horas, que maduremos la contestación. En mi caso, pasé cuatro horas antes de poder escribir una sola línea», precisa un profesional en ejercicio.

«No podemos mentir»

«Para ser abogado del Estado prima la capacidad memorística, la disciplina en el hábito de trabajo continuado y una gran fortaleza mental. Deben ser inasequibles al desaliento indica el decano de Derecho en Deusto y poseer una gran vocación de servicio público». Algo que viene de antiguo.

El 10 de marzo de 1881 se creó la llamada Dirección General de lo Contencioso del Estado con la función de vigilar y cuidar ante los tribunales (también en las causas criminales) los derechos e intereses de la Hacienda Pública, organismo al que estuvo vinculada hasta 1985, cuando se organizan los Servicios Jurídicos del Estado. De ese pasado decimonónico conservan la potestad de lucir un uniforme propio compuesto por «casaca-peti bordada, pantalón largo de galón, capote ruso, sombrero bicornio, espadín, guantes blancos de gamuza y botas enterizas de charol negro». Aunque la verdad es que nadie ha visto nunca a ningún abogado del Estado vestido de esa guisa. En sala lucen una toga sin puñetas (como el resto de letrados) y bien una medalla del Cuerpo o el emblema bordado en la pechera izquierda. También, y como modo de identificarse, llevan un pin. Estos funcionarios poseen la categoría 28. La máxima a la que se puede aspirar en la Administración es la 30, correspondiente a director general, una realidad que limita su promoción en el sector público. Sus ingresos brutos anuales rondan los 80.000 euros. Poca cosa si se compara con los 300.000 que puede ingresar un notario al sacar la plaza o los más de 100.000 que, como base, cobra un registrador.

El Cuerpo, reconocen algunos de sus integrantes, está «en mantillas». Con una carga de trabajo abrumadora cada año reciben unos 120.000 nuevos procedimientos, lo que se traduce en unos 350 pleitos por abogado en activo al año, están obligados a jornada de diez y doce horas en el despacho. «Sacrificas tu juventud, los años más importantes de tu vida, apostando a una sola carta, sin garantía de obtener la plaza y sin un plan B... Estuve cinco años preparando la oposición. Estudiaba diez y once horas diarias: cantaba los temas ante mi preparador los lunes, miércoles y viernes. Solo tenía para mí los viernes por las tardes y los sábados. Durante esos cinco años me decía si tengo suerte, dedicaré mi vida a un interés superior. Es un trabajo vocacional», dice Macarena Olona Choclán, Abogada del Estado-jefe en el País Vasco propuesta por la propia Marta Silva de Lapuerta. «Los Abogados del Estado no podemos mentir ni defender un pleito por el mero hecho de ganarlo. Nosotros defendemos la legalidad», remarca Macarena Olona.

Al cabo de cinco años de dedicación absoluta, pueden solicitar la excedencia. Y, en la calle, se los rifan. Si con antigüedad y complementos pueden llegar a cobrar 100.000 euros anuales, fuera de la Administración triplican con facilidad esa cifra. Cuentan que por menos de 250.000 no se va ninguno. «Hay buenos abogados del Estado fuera porque tienen buenos conocimientos de sus sectores y de la Administración. Los contactos no sirven para nada, pero sí conocen bien el funcionamiento de las instituciones», reconoce un letrado en excedencia.

Solo el mes pasado, el boletín de la Asociación de Abogados del Estado anunciaba que José Antonio Rodríguez Álvarez fichaba por el bufete internacional Ashurst como responsable de Procesal, que María Guinot había sido llamada por CMS Albiñana para su departamento de Derecho Regulatorio y que Elena Veleiro fichaba por el despacho Pérez-Llorca para el equipo de Contencioso, Público y Sectores Regulados. Esta es la salida natural de la Abogacía del Estado. Pero también figuran en las plantillas de todas las grandes compañías del Ibex. Otro puente de plata es la política: el PP alimenta sus cuadros dirigentes con efectivos del Cuerpo. Un ejemplo palmario es la promoción del 96, conocida como La Gloriosa, aprobados cuatro días antes de la llegada de José María Aznar al poder.¿Adivinan quien procede de ella? Acertaron si dijeron Marta Silva.