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Lunes, 17 de septiembre 2018, 00:29
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La Agrupación de Cofradías de Semana Santa trabaja en una de sus principales asignaturas pendientes desde hace años: la reforma de sus estatutos. El lunes de la pasada semana, la entidad celebró una junta de gobierno en la que su vicepresidente primero, José Carlos Garín, informó de que ya existe un borrador para la modificación de las reglas y de que, desde el pasado día 13, se abre un periodo de un mes para que las hermandades se pronuncien al respecto. Entre los cambios normativos que se proponen en ese borrador, al que ha podido tener acceso SUR, se encuentra un endurecimiento de las condiciones para admitir más cofradías en el seno de la Agrupación.
Así, si hasta ahora eran cinco los años consecutivos de salidas procesionales que se exigían a una hermandad para poder optar a solicitar su ingreso en la entidad de San Julián, en la reforma estatutaria propuesta se prevé que sean diez. Asimismo, se propone exigir que la cofradía solicitante del ingreso exprese cuáles son los criterios artísticos y patrimoniales con los que piensa enriquecer la Semana Santa de Málaga; que explique el diseño y desarrollo de sus cultos internos y externos; que muestre –avalada por el párroco– su vinculación con la iglesia en la que tiene su sede; que exponga la implantación que tiene en la feligresía, valorando especialmente la devoción hacia sus titulares, la participación en sus cultos, su obra social, etcétera; que entregue los balances económicos de los últimos cinco años aprobados por el Obispado; y que anuncie los proyectos patrimoniales que tiene en curso o comprometidos bajo contrato, entre otros nuevos requisitos.
Frente a lo contemplado en los actuales estatutos, que dejan en manos del fiscal la elaboración del expediente sobre la petición de ingreso de una cofradía, la reforma planteada aboga por la creación de una comisión de estudio formada por el presidente o uno de los vicepresidentes, el fiscal, el secretario y seis vocales, uno por cada día de la Semana Santa. Tras un periodo no superior a un año litúrgico, esa comisión elevaría una propuesta a la junta de gobierno de la Agrupación en la que, con voto secreto, la aprobación del ingreso de la hermandad solicitante requeriría del posicionamiento positivo de al menos dos tercios de las papeletas recabadas. En caso de aprobarse el ingreso, tendría que volver a ser votado por la asamblea general –donde están representados el hermano mayor y cuatro delegados por cofradía–, donde también tendría que recabar dos tercios de apoyos, siempre que estén representadas en la sesión el 75% de las hermandades agrupadas. La última cofradía en solicitar su ingreso en la Agrupación ha sido la del Medinaceli, cuya petición fue rechazada el pasado mes de febrero por 37 votos en contra, tres en blanco y uno a favor.
Hace tres años, cuando el Obispado y la Agrupación de Cofradías abordaron el cambio de los estatutos sin que finalmente fuera aprobado, desde el ámbito diocesano se propuso reducir el número de delegados por hermandad de cuatro a dos, y restarles peso, al sustituir el voto de cada uno de ellos en la asamblea para elegir un nuevo presidente por un único voto por cofradía. En la reforma que ahora baraja la entidad de San Julián, el número de delegados no se reduce, pero sí se pone en marcha un nuevo sistema para elegir presidente en el que ya no será la asamblea de delegados la que lleve a cabo la votación, sino la junta de gobierno, de la que forman parte fundamentalmente los hermanos mayores de las cofradías agrupadas. Se propone que sea una junta extraordinaria la que elija al nuevo presidente –por cuatro años– y que cada hermano mayor entregue en ella un sobre cerrado que incluiría una nota firmada por el secretario de la hermandad, con el visto bueno del hermano mayor, en la que se exprese el voto acordado por la hermandad. Así, se emitiría un solo voto por cofradía agrupada y sería elegido presidente aquel candidato que obtenga una mayoría simple de los sufragios recabados, en vez de la mayoría absoluta exigida hasta ahora. Si hubiera empate, se proclamaría presidente el candidato que acumule un mayor número de años como representante o delegado en la Agrupación.
A cambio de quitarle a la asamblea de delegados la votación de presidente, la reforma estatutaria barajada, que también modifica el régimen de distinciones, le atribuye la competencia de «fijar las directrices generales de actuación» de la Agrupación.
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