El asesinato de Politkovskaya deja huérfana a la libertad de prensa rusa

Putin ha amordazado a los medios de comunicación hasta privar a la sociedad de opinión alternativa Los periodistas independientes han sido silenciados

RAFAEL M. MAÑUECOCORRESPONSAL. MOSCÚ

El asesinato de Anna Politkovskaya, cometido el pasado día 7 por un pistolero que la policía no ha podido detener, se produce tras una devastadora campaña del Kremlin dirigida a amordazar a los pocos medios independientes que aún quedaban en Rusia. Durante los últimos dos años, empresarios próximos al presidente, Vladimir Putin, se han lanzado desaforadamente a comprar los diarios del país. Las televisiones hace ya tiempo que están bajo el total control del poder. Se trata de garantizar la plena fidelidad de los medios de comunicación rusos ante las elecciones legislativas de dentro de un año y las presidenciales de marzo de 2008.

Los periodistas que intentaron hacer valer sus opiniones perdieron sus puestos de trabajo, fueron procesados, sometidos a presiones o, como en el caso de Politkovskaya, asesinados. Centenares de rotativos, emisoras de radio y canales de televisión fueron cerrados o asfixiados financieramente. Desde la llegada de Putin al Kremlin, hace casi siete años, continúan sin esclarecerse las muertes de más de una docena de informadores.

Ataques a la prensa

El ocaso de la prensa rusa comenzó al día siguiente de que Putin asumiera interinamente la presidencia del país, el 1 de enero de 2000. Su primer golpe contra la libertad de palabra lo asestó dos semanas más tarde. En una acción insólita, los servicios secretos rusos detuvieron en Chechenia al corresponsal de Radio Liberty, Andréi Babitski, y lo canjearon por soldados prisioneros de la guerrilla. Babitski, quien a través de la emisión para Rusia de Radio Liberty fustigó sin ambages la brutalidad de las tropas rusas con la población civil, dijo tras ser liberado que los hombres a los que fue entregado no eran separatistas.

En marzo de aquel mismo año, el bisemanario 'Nóvaya Gazeta', en donde ya trabajaba Politkovskaya, sufrió constantes ataques informáticos que impidieron su puesta en circulación. Por publicar un artículo implicando a los servicios secretos rusos en los atentados terroristas perpetrados en Moscú y en otras ciudades rusas en septiembre de 1999, la revista llegó a estar amenazada de cierre. Ese mismo tema fue tratado por el canal de televisión NTV, provocando las iras del presidente.

Antes de que finalizara 2000, el grupo Media-Most, formado por el canal NTV, la radio Eco de Moscú el diario 'Sevodnia' y la revista 'Itogui', había pasado a manos del gigante energético estatal ruso Gazprom. El dueño del consorcio, Vladimir Gusinski, estaba huido y Evgueni Kisiliov, director de la NTV, en el paro. La crítica cobertura del accidente del submarino nuclear 'Kursk' por parte del canal de televisión ORT, cuyo propietario, Boris Berezovski, tuvo también que exiliarse, tampoco gustó en el Kremlin. La cadena terminó igualmente bajo el control de las autoridades.

El siguiente empujón del Kremlin para no dejar ningún resquicio a la libertad de información fue dado después de la toma de rehenes en la escuela de Beslán, en septiembre de 2004, y tuvo su culminación el pasado mes de agosto, cuando el magnate metalúrgico Alisher Usmanov, amigo de Putin, compró 'Kommersant'. Era el único diario de distribución nacional a salvo de la influencia del Kremlin. Fue propiedad de Berezovski hasta el año pasado, como también lo fue 'Nezavísimaya Gazeta', periódico perteneciente ahora a uno de los asesores del Gobierno.

Cierre

En los últimos años, Gazprom se ha apoderado además del diario 'Izvestia' y del canal de televisión TNT. REN-TV, la única cadena más o menos objetiva que quedaba fue adquirida el año pasado por Alexéi Mordashov, dueño de Severstal e íntimo de Putin. Ni siquiera a los pequeños medios de escaso interés para las grandes empresas se les permite sobrevivir. En agosto, un tribunal ordenó el cierre del semanario 'Nóvie Koliosa', difundido en la región de Kaliningrado, por criticar la gestión del gobernador local. El juez explicó la medida diciendo que la revista «abusó de la libertad de palabra».