Absueltos todos los acusados en el 'caso Ollero' tras 14 años y dos juicios

El supuesto cobro de comisiones por la autovía Las Pedrizas-Salinas implicó en 1992 a un ex director general de la Junta La primera sentencia se basó en escuchas telefónicas declaradas ilegales después

AGENCIASSEVILLA
Manuel Ollero/
Manuel Ollero

El escándalo del supuesto cobro de comisiones por la obra de la autovía Las Pedrizas-Salinas ha quedado finalmente en nada tras 14 años. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los cuatro acusados del conocido como 'caso Ollero' por el supuesto pago de comisiones en la adjudicación de las obras para el desdoble de la carretera que une el puerto de Las Pedrizas con Salinas, entre Málaga y Granada. La sentencia se basa en la previa anulación, por anticonstitucionales, de las escuchas telefónicas grabadas a los imputados y, por lo tanto, absuelve a Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía; al hermano de éste, Jorge Ollero, y a dos ex directivos de la constructora Ocisa -a la que se adjudicó la obra-, J.R.B. y L.N.M., acusados de pagar las comisiones.

La sentencia, no obstante, recoge una reflexión de los magistrados reconociendo que algunos aspectos «extrañan y rechinan para el ciudadano medio».

El juicio del «caso Ollero», que data de 1992, se ha repetido porque el Tribunal Constitucional anuló los «pinchazos» telefónicos en los que se basó la primera condena a los cuatro acusados, emitida en 1999. En 2001 el Tribunal Supremo confirmó el dictamen de la Audiencia de Sevilla por el caso, que condenó a Manuel Ollero a un año de inhabilitación para ocupar cargo público y a su hermano Jorge Ollero a tres meses de arresto mayor por tráfico de influencias. Sin embargo, dos años más tarde el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas.

En la sentencia nueva los jueces dicen que «toda la prueba de cargo se basaba en las escuchas telefónicas, que han sido declaradas ilegales» y en las declaraciones sumariales de los imputados, que no fueron corroboradas en el juicio puesto que se acogieron a su derecho a no declarar. Los jueces añaden que tampoco son prueba suficiente los movimientos «millonarios» en las cajas de efectivo de Ocisa, si bien reconocen que «extraña y rechina para el ciudadano medio que una empresa con el volumen de facturación de Ocisa tenga esas cajas para pagos ordinarios».

Mimbres probatorios

Aunque el fiscal pidió penas de entre tres meses de arresto y 28 meses de prisión, los jueces dicen que los «mimbres probatorios» de que disponen no demuestran que «Manuel Ollero ofreciera información privilegiada a su hermano, que esa información fuese transmitida a Pedro Llach», un intermediario fallecido en 1998, y que éste a su vez la hiciera llegar a los directivos de OCISA.

Tampoco hay pruebas de que J.R.B., ex presidente de OCISA, entregara a Llach 28 millones de pesetas, de los cuales 22 millones fueron intervenido por la policía a Jorge Ollero en la madrugada del 15 de julio de 1992, cuando regresaba de Madrid a Sevilla por carretera. Contra la sentencia cabe presentar un recurso de casación.

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