La Junta remite al Parlamento la propuesta de asumir las competencias urbanísticas

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó hoy remitir al Parlamento andaluz la propuesta para que la Consejería de Obras Públicas y Transportes asuma temporalmente la potestad del planeamiento urbanístico del municipio de Marbella, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Según informó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, esta norma exige como trámite preceptivo el informe favorable de la Cámara autonómica, que podría estar concluido en el plazo de un mes. Una vez que reciba el visto bueno del Parlamento, el expediente de asunción de competencias deberá al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

El pasado 14 de marzo la Consejería de Obras Públicas y Transportes acordó iniciar el proceso de asunción de las competencias urbanísticas de Marbella, medida que incluye el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), los planes de sectorización y los instrumentos de desarrollo, así como sus correspondientes innovaciones.

La propuesta remitida al Parlamento establece que la Consejería ejercerá la potestad urbanística por cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de que el acuerdo pueda ser modificado si las circunstancias que lo motivan varían sustancialmente. Durante ese plazo, Obras Públicas y Transportes también asumirá las competencias relativas a la negociación, tramitación y firma de los convenios urbanísticos de planeamiento.

Sin repercusión en la gestora

Según detalló Cervera, el expediente abierto por la Junta para la asunción temporal de las competencias urbanísticas en Marbella no se ha visto alterado por la disolución del consistorio y la puesta en marcha de la comisión gestora, toda vez que la propuesta de la administración autonómica "no afecta a las competencias de la gestora, limitadas a la gestión ordinaria del Ayuntamiento".

El portavoz dejó claro que el objetivo del Gobierno andaluz con la retirada de competencias "es el restablecimiento de las reglas del juego democráticas y de la seguridad jurídica". Adelantó que la intención es "evaluar de nuevo la situación" una vez que "estén restablecidas las reglas del juego, se transmita tranquilidad y certidumbre a los ciudadanos y a los operadores económicos y haya una situación de normalidad plena en el Ayuntamiento", ya que recordó el plazo de cinco años previsto en la Ley "es un plazo máximo".