La plataforma contra las canteras reclamará 360 millones por daños y perjuicios

Presentará documentos que avalan que los vecinos de la localidad han podido resultar dañados moral, patrimonial o personalmente por los trabajos en las explotaciones

EFE MÁLAGA

La Plataforma para la Defensa de la Salud y la Sierra de Alhaurín de la Torre (PDSS) presentará una reclamación colectiva en la que exige una indemnización de 360 millones de euros por los daños y perjuicios que les ha causado la actividad extractiva de las canteras que considera "ilegales".

El abogado de la Plataforma, Francisco Galán, anunció que la PDSS está actualmente preparando la documentación y los informes pertinentes que avalan que los vecinos de la localidad han podido ser dañados y perjudicados moral, patrimonial o personalmente a consecuencia de los trabajos desarrollados en las explotaciones de áridos "clandestinas".

Aunque cada ciudadano puede presentar una reclamación de forma individual, desde la PDSS calculan que una media de 2.000 vecinos pedirán una indemnización de 180.000 euros cada uno, que podrán tramitar administrativamente a través del colectivo sin ningún tipo de coste.

Galán explicó que los vecinos de la localidad o aquellos que tengan intereses en el municipio pueden demostrar los daños que les han causado las explotaciones, sobre todo, teniendo en cuenta que existe jurisprudencia que avala que la actividad es "molesta, insalubre y peligrosa".

En este sentido, aclaró que cada interesado puede presentar informes médicos que demuestren que el polvo que emiten las canteras le ocasiona problemas de asma o alergias, entre otros, o que la actividad extractiva ha originado daños en su vivienda o en el valor patrimonial de ésta.

Asimismo señaló que la Plataforma va a proponer a los vecinos que se adhieran a una iniciativa con la que pretenden poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los convenios urbanísticos que han firmado el alcalde de la localidad, Joaquín Villanova (PP), y otros interesados para que éstos sean investigados.

Por otro lado, Galán insistió en que el acuerdo que puso fin a la huelga de las canteras, originada tras el cierre de varias explotaciones por orden del TSJA al carecer de licencia, supone un incumplimiento y una desobediencia de la sentencia judicial.

Además, dijo que el plan propuesto en el acuerdo no es realmente de restauración, está firmado "para salir del paso" y supone más un convenio urbanístico en el que se proponen usos de suelos.

El pasado 13 de enero los agentes e instituciones implicados en el conflicto originado por el cierre judicial de las canteras llegaron a un acuerdo consistente en la restauración de las explotaciones, lo que puso fin a la huelga en la construcción.

Posteriormente, cinco personas resultaron con lesiones leves en una pelea en Alhaurín de la Torre durante una asamblea de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, contraria a las canteras de la localidad, a la que acudieron trabajadores de estas explotaciones, según informó IU-LV-CA.

También este grupo político anunció que pedirá a la Fiscalía que autorice la intervención de teléfonos móviles y fijos de los responsables de las amenazas y peleas que se produjeron tras el cierre de las canteras, hechos por los que se formularon setenta denuncias.