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acumulación de penas

La Audiencia Nacional espera la sentencia del Supremo para aplicarla a otros etarras

En esta situación se encuentran dos destacados miembros de ETA, Domingo Troitiño Arranz, 'Txomin', y José Antonio López Ruiz, 'Kubati'

EFE |

Martes, 21 de febrero 2006, 01:00

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Tanto la Fiscalía como la sala de lo penal de la Audiencia Nacional están a la espera de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la acumulación de penas del preso etarra Henri Parot para concretar su aplicación a otros casos, según fuentes jurídicas. Así, el teniente fiscal de la Audiencia, Jesús Santos, ha asegurado que el Ministerio público revisará uno a uno los expedientes de presos etarras e instará a la sala de lo penal a aplicar la nueva doctrina del Supremo, empezando por aquellos casos en los que la excarcelación esté más próxima.

En esta situación se encuentran dos destacados etarras, Domingo Troitiño Arranz, Txomin, y José Antonio López Ruiz, Kubati, cuya puesta en libertad estaba prevista para mediados de este mismo año y que podrían verse afectados por la sentencia del caso Parot. Santos ha insistido en que hasta conocer los argumentos del Alto Tribunal no se podrá saber si son de aplicación a Troitiño y a Kubati, pero ha asegurado que la Fiscalía pedirá que las resoluciones sobre excarcelaciones de etarras queden en suspenso en tanto se determina el alcance de la sentencia dictada ayer.

El teniente fiscal ha declarado también que lo que es seguro es que el criterio fijado por el Supremo a la hora de aplicar las redenciones establecidas en el Código Penal de 1973 no se podrá trasladar a los casos en los que "la relación jurídico-penitenciaria esté fenecida", es decir, a aquellos etarras que hayan extinguido completamente su condena. Este es el caso, por ejemplo, de Mercedes Galdós Arzuaga, Bitxori, quien quedó en libertad el pasado 30 de septiembre tras cumplir 19 de los 30 años de límite máximo de cumplimiento efectivo de condena por haber redimido más de 10 años gracias a sus estudios de pedagogía y sus actividades de limpieza, aerobic, mecanografía o fútbol sala.

'Pakito' y 'Santi Potros' no saldrán de la cárcel hasta 2030

Tampoco hay ninguna duda de que la nueva doctrina es de aplicación a los casos de los ex dirigentes de ETA Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros -extraditados desde Francia en 2000 y cuya excarcelación estaba prevista para 2020-, que ya no saldrán de prisión hasta 2030. Por su parte, fuentes de la sala de lo penal señalaban que el aspecto más determinante de la sentencia será el tratamiento que otorgue a los "derechos consolidados" de los reclusos de ETA, es decir, a las redenciones que ya les habían sido abonadas de acuerdo con lo establecido en el antiguo Código Penal.

La clave está en saber si el Supremo modifica el "criterio de contabilidad" de esas redenciones, y decide abonarlas a la pena única de 30 años resultante de la acumulación de condenas, como se venía haciendo, o a la mayor de las penas, según el nuevo criterio. De la nota de prensa que ayer hizo pública el Supremo, en la que se dice que si Parot ingresó en prisión en 1990, "finalizará el máximum de cumplimiento en el año 2020", parece deducirse que el Alto Tribunal ha optado por la segunda posibilidad, pero las fuentes consultadas han destacado que la frase también puede referirse sólo al límite de cumplimiento y no a la fecha de excarcelación.

La aplicación de la sentencia del Supremo podría ser decidida en un pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en el que se trazaran las líneas maestras de la postura que deberá mantener el tribunal en estos casos, evitando así distintas interpretaciones entre los magistrados. En 2003, el entonces presidente de la sala de lo penal, Siro García, ya convocó al pleno para debatir si procedía o no conceder el tercer grado penitenciario o régimen abierto al etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa, condenado a 1.500 años de prisión, de los que había cumplido ocho.

La Audiencia Nacional acordó entonces concederle el tercer grado al estimar que se daban "especialísimas circunstancias en la persona y en el comportamiento cívico" del etarra, aunque la decisión contó con el voto en contra de cuatro de los catorce magistrados que integraban el pleno, incluido el de Siro García y el del actual presidente de la sala de lo penal, Javier Gómez Bermúdez.

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