Las claves para entender una polémica que se remonta a décadas atrás

La sentencia del TSJA fue el detonante, pero las canteras siempre han sido conflictivas El plan de restauración, una posible salida

J. J. BUIZAALHAURÍN DE LA TORRE

Intereses económicos, conflictos políticos, daños ecológicos y una larga batalla judicial con varios frentes abiertos son los ingredientes de un problema, el de las canteras de Alhaurín de la Torre, que ha desembocado en una de las mayores crisis que se recuerdan en el sector de la construcción en Málaga. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de octubre que declaraba clandestinas y obligaba a cerrar la mayor parte de las canteras de este municipio cayó como una losa sobre un sector donde estas explotaciones suministran hasta un 70% del árido para las obras.

En el otro lado de la balanza, la sentencia venía a recompensar el largo contencioso impulsado por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS), colectivo formado por asociaciones vecinales, ecologistas y los partidos políticos de la oposición municipal (PSOE e IU) para denunciar los «daños irreversibles» de una industria que llevaba más de 30 años explotando la sierra de Alhaurín.

Proceso penal

De hecho, la PDSS mantiene otros frentes judiciales abiertos contra las canteras por la vía contenciosa y la penal. En esta última hay diligencias previas en un juzgado de Torremolinos, ante el que ya han declarado como imputados por presunto delito ecológico el alcalde de Alhaurín, Joaquín Villanova; y el delegado de Medio Ambiente de la Junta, Ignacio Trillo, entre otros cargos de la administración. Pese a todo, detrás de la sentencia de octubre del TSJA no hay ninguna polémica ecológica, sino un conflicto de licencias que ha enredado al Ayuntamiento y a la Junta en una discusión política de competencias. Ambas instituciones dicen estar atadas de pies y manos para permitir la reapertura. Una de las salidas más lógicas, el traslado de las explotaciones a otras zonas de la provincia, siempre ha sido considerado inviable por la Junta y por los empresarios, debido a la merma que supondría para la rentabilidad de sus negocios.

Así las cosas, las tres partes tienen fijada una reunión para mañana en la que debatirán una posible solución a corto plazo: un plan de restauración que permitiría el mantenimiento de los puestos de trabajo y el aprovechamiento del árido resultante de los trabajos para abancalar.

Aunque los canteros consideran insuficiente esa medida (de hecho, la restauración es ya una obligación por ley de las empresas extractivas, aunque no se suele cumplir), sí podría ser una línea de partida para desbloquear el conflicto mientras se resuelven los recursos judiciales pendientes.