'Estatut' infatigable

AUNQUE no fue posible la prórroga por 72 horas del último plazo de presentación de enmiendas al texto de la reforma estatutaria catalana en el Congreso de los Diputados, lo cierto es que las negociaciones no han cesado sino al contrario: ni siquiera las fiestas navideñas han interrumpido el febril proceso protagonizado por el infatigable Rubalcaba y diversos portavoces de las fuerzas parlamentarias catalanas. Hasta ha habido noticia de algunos acuerdos fragmentarios -como el nada irrelevante anunciado ayer sobre el sometimiento de las cajas de ahorros catalanas a las leyes estatales- y de ciertas iniciativas tendentes a suavizar las diferencias más profundas; no en vano, el secretario general de CiU, Duran Lleida, ha aportado ideas constructivas al debate nominal sobre la nacionalidad catalana.

La convicción de que existe una oportunidad de llevar a buen puerto una reforma estatutaria alejada finalmente de las utopías confederales de los nacionalistas, pero cualitativamente importante en lo que se refiere a la elevación de los techos competenciales y del autogobierno catalán, parece haber cundido en ciertos sectores, despertando súbitamente su cara más negociadora. Es cierto que queda aún bastante trecho por recorrer pero todo indica que los protagonistas del texto, que ya no pueden renunciar al Estatuto sin provocar una gran frustración en la opinión pública catalana, son igualmente conscientes de que el terreno está bien delimitado -la Constitución dice lo que dice- y de que prorrogar el debate sólo serviría para desgastar al Gobierno central y al de la Generalitat. En consecuencia, parece probable que cuando se reúna la Comisión Constitucional a primeros de febrero y se forme la ponencia, el Estatuto estará ya sustancialmente consensuado. Tan sólo CiU, que ejerce como gran fuerza de oposición en Cataluña, podría quizá beneficiarse de que se mantuvieran la zozobra y la enconada discusión porque ello le otorgaría un protagonismo que perderá en cuanto el acuerdo básico se haya conseguido. Pero resultaría imperdonable que la fuerza de los moderados Artur Mas y Duran Lleida desarrollara esta estrategia disolvente para conseguir un rédito tan menguado. Incluso no sería descabellado pensar que el PP, que optó en el último momento por presentar enmiendas en lo que constituyó una decisión relevante, decida respaldar la reforma si ésta llega al debate parlamentario convenientemente 'constitucionalizada'. Una cosa es que poder y oposición mantengan, por un cúmulo de razones, una relación tormentosa en esta legislatura y otra muy distinta que alguien desde la mayoría sienta la tentación de excluir al PP de la ceremonia pública -como se estableció irresponsablemente en el Pacto del Tinell-, o que el propio PP decida marginarse de ella.