La exclusión del PP

ANTONIO PAPELL

AUNQUE Maragall ha expresado su pesar por haber incluido en el Pacto del Tinell de diciembre de 2003 que lo llevó a la presidencia de la Generalitat la exclusión del Partido Popular de cualquier interlocución o acuerdo con la nueva mayoría catalana, es claro que aquella determinación sigue en pie y continúa haciendo estragos en las relaciones políticas. Según consta en la página 95 de aquel «acuerdo para un gobierno catalanista y de izquierdas» firmado por el PSC con ERC e IC, el primer punto del anexo se titula 'Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat ni en el Estado'. El texto es vergonzante: «Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales».

Con independencia de la tensión política que caracterizó los últimos meses de la pasada legislatura y que dio pie a aquel pronunciamiento, ulterior a las elecciones autonómicas catalanas, es evidente que aquella cláusula fue un error inadmisible, de profundas resonancias antidemocráticas, fueran cuales fuesen las razones que la suscitaron. En España tenemos trágica experiencia histórica de las consecuencias gravísimas de intentar excluir de la política a un hemisferio ideológico. Y una declaración como aquélla sólo resultaría inteligible y democrática frente a un partido totalitario, opuesto a los grandes principios humanistas. De ningún modo es legítimo negar al adversario su legitimidad y, por consiguiente, la posibilidad de que tenga razón y, por ende, la conveniencia de pactar con él si así lo exige el bien común.

Tras la sorpresa del 14-M, el PP sintió la tentación de negar a su vez la legitimidad de la victoria del PSOE; hubo amagos de ello y, sobre todo, el PP trató de mantener las dudas sobre la autoría de la tragedia del 11-M, lo que acrecentó innecesariamente un viento de confrontación que todavía no se ha disipado del todo. La historia es conocida: pese a que Rajoy, el gran derrotado, había apuntado maneras dialogantes y conciliadoras, al tiempo que Rodríguez Zapatero había hecho del 'talante' el eje de su estrategia de seducción, el Gobierno y la principal fuerza de oposición han roto todos los puentes, han desechado sin excepción todos los consensos en las grandes cuestiones de Estado, han introducido dosis crecientes de crispación en la vida parlamentaria y, por primera vez en el cuarto de siglo de desarrollo democrático, parecen incapaces de preservar el acuerdo fundacional, constituyente, que constituye la médula permanente del régimen y que nadie debería poner en cuestión.

El hecho de que el Estatuto de Cataluña pueda promulgarse sin el apoyo explícito del principal partido de la oposición constituye una evidencia amenazante que hay que descartar cuanto antes en un decidido rapto de razón y de voluntad. Con claridad hay que decir que esta posibilidad ha de excluirse absolutamente. Y que ya es hora de que se revise a fondo la relación entre el Gobierno y el PP.