LA VUELTA A LA RUTINA

CATALINA URBANEJA ORTIZ

CON los últimos estertores del verano se produce el inicio del curso escolar, un acontecimiento que marca un punto de inflexión para los padres, que esperan ansiosamente la apertura de los colegios para retomar sus vidas laborales y domésticas con la normalidad acostumbrada, y también para sus vástagos que, tras el largo periodo vacacional, se ven inmersos en la vorágine de las clases y la disciplina estudiantil.

Los medios de comunicación informan cada año sobre el desembolso realizado por las familias ante el nuevo curso: materiales, libros y vestuario, un considerable gasto para la economía doméstica que debe afrontarse como mejor se pueda. De igual modo para muchos docentes, que carecen de plaza fija y tienen que trasladarse a los pueblos en los que han sido destinados, el curso escolar supone una alteración tanto personal como económica ya que, en la mayoría de los casos, los centros de trabajo están alejados de las localidades donde viven habitualmente y se ven obligados a pagar un alquiler, o gasolina, en caso de que se desplacen diariamente. De cualquier forma, para todos -padres, alumnos y profesores-, septiembre supone la recuperación de una estabilidad que será nuevamente interrumpida a finales de junio.

Hoy, la docencia arrastra consigo una serie de inconvenientes derivados de la falta de consideración de los alumnos hacia el profesorado, que cuentan en muchos casos con el apoyo de los padres. Un desalentador comportamiento que nos hace preguntarnos en qué momento quedó atrás el respeto que inspiraba el maestro, esa figura que constituyó uno de los pilares básicos de nuestra infancia y de la que guardamos imborrables recuerdos. Porque en la práctica de la docencia fueron muchos los profesores y maestros que, a fuerza de tenacidad y paciencia, inculcaron en sus pupilos unos valores que marcaron sus trayectorias y que prevalecen hoy en día.

Una mirada retrospectiva nos indica que la enseñanza fue un oficio antiguo, aunque las fuentes historiográficas no sean muy prolíferas al respecto. En Marbella, ya en 1490 cuando se realizan sus repartimientos, encontramos a profesionales como el médico o el maestro de escuela. De ellos sólo se concreta el nombre del primero, el «dotor maestro Diego de Lorca», cuyo título vendría originado por su ejercicio de la medicina. Algo más sabemos del maestro de escuela Juan de Segura, que hacia 1570 contaba con un total de once alumnos, todo un éxito dada la escasa valoración de la enseñanza en la sociedad del Antiguo Régimen.

Sus diferentes denominaciones derivaban de la especialización de cada una de ellas: el bachiller Sánchez, maestro de pupilos, que en 1579 «bivía en la calle de Placentinos»; o los dos que impartían sus clases en la Marbella de 1752: uno de Gramática, y don Enrique Beltrán, de Primeras Letras. El término maestro se aplicaba asimismo a las máximas autoridades de las corporaciones gremiales quienes asumían la enseñanza de jóvenes aprendices, previamente formalizadas ante un escribano. Existían maestros barrileros, de obras, de galafates, de sastres, etcétera. Por ejemplo, en el expediente de obras del Trapiche del Prado, fechado en 1723, se citan diferentes especialidades que muestran el amplio abanico de profesionales ocupados en esta industria. De ellos destaco al maestro fundidor de metales para inspeccionar las calderas donde se fabricaban los azúcares, o al maestro y su oficial encargados de la elaboración del producto.

Hasta bien entrado el siglo XX, el coste de la enseñanza dependía de las arcas municipales que debían sufragar, además del sueldo del maestro, el material y el alquiler de su vivienda, más una cantidad anual para premiar a los niños más aplicados y estimularlos al estudio. En Istán se compensaba este exiguo sueldo con «las retribuciones de los niños pudientes», posiblemente los más beneficiados de una escolaridad prohibitiva para los menos afortunados, que sustituirían la escuela por un trabajo que ayudara al sustento familiar.

También el marqués del Duero se preocupó de la educación de los hijos de sus colonos. A tal fin se apoyó en la ley de 11 de Julio de 1866 sobre fomento de la población rural, que establecía que los núcleos que formasen poblaciones distantes más de siete kilómetros de otras, deberían ser auxiliados por el gobierno con determinados servicios, entre ellos un maestro y maestra de primera enseñanza, «pagados durante diez años por los fondos del Estado». Ello comprometía a los dueños de las caserías a anticipar el importe de los gastos que ocasionaran su sostenimiento hasta que se consignara en los presupuestos generales del Estado la cantidad necesaria, en cuyo caso el gobierno reintegraría lo adelantado.

De todo lo expuesto concluiría con una reflexión: la educación ha sido una preocupación histórica, no siempre al alcance de todos, por cuanto deberíamos enseñar a nuestros hijos a valorar y respetar el trabajo de maestros y profesores.

 

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