Todas las viviendas son de lujo

El sector inmobiliario malagueño se reactiva hacia niveles superiores al inicio de la pandemia. Málaga es la provincia española en la que más ha aumentado el precio de la vivienda y el Centro de la capital tiene el metro cuadrado más caro de toda Andalucía. El resto de la ciudad tampoco permanece ajena, y las lujosas promociones se sitúan en barrios degradados, donde se decide edificar una oferta de pisos que en algunos casos llegan a los tres millones de euros. El ejemplo de lo que está sucediendo en los Callejones del Perchel es paradigmático: la expulsión de vecinos para construir viviendas 'de alto standing' levantadas sobre una miseria que queremos que permanezca oculta, y nuestros habitantes que quedan al albor de la solidaridad.

No veo mucha preocupación por estas circunstancias porque el frenesí de la riqueza tiene una virtud cegadora. Que Málaga, que tantas veces ha pecado de pobre, atraiga riqueza da impresión de buena noticia. La realidad es que corremos el peligro de estar creando una ciudad para ricos, que son los que pueden permitirse estos precios. Nos olvidamos de la clase media y de la baja mejor ni hablar: hagamos como si no existiera. Las casas nuevas están destinadas al comprador de fuera que al habitante local, lo dicen los propios constructores, clientes nacionales e internacionales que buscan en Málaga su segunda vivienda, nuevos vecinos que están llegando con la explosión 'tecno', nómadas que deciden poner el huevo aquí, donde se vive tan bien, deportistas de élite, ricos herederos, es todo muy bonito, pero dónde vamos a vivir. El problema de la falta de vivienda se suma a la ausencia de espacios para oficinas. ¿Cómo entonces quieren que sigamos viviendo aquí?

Se recomienda que el gasto en alquiler o vivienda no supere el 35% de los ingresos. Para alquilar un piso de 700 euros al mes, habría que ganar casi 2.000, emparejarse en un matrimonio de conveniencia, en trimonio, o montar un harén, volver a compartir piso, éxodo rural, ocupar Casa Padres. Pocas opciones quedan. La ayuda al alquiler que proporciona el Gobierno ofrece 250 euros mensuales para viviendas que no superen los 600 al mes, a ver quién las encuentra. El derecho a una vivienda digna es uno de los artículos más pisoteados de la Constitución. Es decir, derecho tenemos. Lo que no tenemos es dinero para pagarlo.