Torra, a juicio

Es de desear que el actual presidente de la Generalitat sea el último cargo independentista que se empeñe en poner a prueba la legalidad

El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, será juzgado por un presunto delito de desobediencia o por un presunto delito de denegación de auxilio a la autoridad competente por el Tribunal Superior de Justicia catalán, acusado de no acatar la resolución de la Junta Electoral Central para que su Gobierno retirara los lazos amarillos y otros signos partidistas presentes en los edificios autonómicos ante los comicios generales del 28-A. La petición de la Fiscalía, de un año y ocho meses de inhabilitación para Torra, hace que el desarrollo del juicio oral incida directamente sobre la gobernación independentista de Cataluña, cuando las organizaciones políticas y sociales del secesionismo esperan la sentencia del Tribunal Supremo sobre los sucesos de septiembre y octubre de 2017 para dar paso a una nueva fase en sus respectivas estrategias. La decisión del juez instructor Carlos Ramos devuelve a primer plano la incógnita sobre la fecha de las próximas elecciones catalanas. Incógnita a la que ahora se suman las dudas sobre el papel que el independentismo -y en concreto JxCat- concederá al propio Torra. Si convertirá al actual presidente de la Generalitat en nueva víctima del «Estado opresor», o si lo orillará preventivamente al temer que resulte inhabilitado antes de que el propio Torra se vea en situación de convocar las próximas elecciones autonómicas. La apertura del juicio al presidente de la Generalitat, que, tras los comicios del 21 de diciembre de 2017 convocados por Rajoy en virtud del artículo 155 de la Constitución, relevó al autoexiliado Puigdemont por designación de éste, condensa -en su aparente nimiedad penal- todas las contradicciones, debilidades y miserias que atenazan al independentismo. Un independentismo que se está mostrando incapaz siquiera de admitir sus propios límites. Aun siendo relevantes las consecuencias políticas de un procesamiento en firme que sitúa al presidente de la Generalitat al borde de la inhabilitación, más grave es el alcance institucional de una desobediencia sobre la que el propio Síndic de Greuges catalán emitió un dictamen contrario, y en la que Torra persistió a sabiendas de que, así, contribuía a «judicializar el conflicto». Es de desear que el actual presidente de la Generalitat sea el último cargo independentista que se empeñe en poner a prueba la legalidad, y en desatender las resoluciones judiciales. Pero su actuación confirma que han sido los responsables de esa parte del Estado que es la Generalitat quienes se han obstinado en provocar la intervención judicial sobre tan grave crisis.