TORMENTA PERFECTA

TORMENTA PERFECTA

Seis meses para los comicios municipales y tres paras elecciones sindicales, momento propicio para que se disparen los reclamos laborales en el Ayuntamiento. Sin novedad. Pagan los de siempre

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Apenas faltan seis meses para unas elecciones municipales, que se presentan más abiertas que nunca, y sólo tres para las elecciones en las que se elegirá a la representación sindical. Es el momento perfecto para que el gigante despierte de su cómoda hibernación y se presente para reclamar otro trozo más de tarta. Sabe que de una forma u otra conseguirá su bocado

Los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento atesoran dilatada experiencia y saben cuándo y cómo golpear. Muchos de ellos llevan ahí toda la vida y hasta vivieron los años del GIL, aunque en aquella época se mostraban más respetuosos, temerosos podría decirse, del poder emanado de las urnas. Ahora no. De todos los que se sientan en el salón de plenos -de todos ellos, de los 27, sin excepción alguna- han obtenido cesiones en algún momento a sus pretensiones por más estrafalarias que fueran y saben que ahora, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, lo volverán a conseguir. Son conscientes, porque los propios políticos se lo han enseñado con sus actos y sus dispensas permanentes, que constituyen una fuerza electoral decisiva y que nadie se va a enemistar con ellos. Saben que apretando conseguirán lo que pidan, y si no lo obtienen al principio sólo se tratará de apretar un poco más. El calendario electoral juega a su favor. La fragilidad de las convicciones cuando llega la hora de defender lo público, también. Lo saben desde que Jesús Gil multiplicó por cinco el número de trabajadores municipales, sin convocar jamás concurso de méritos u oposición alguna, para asegurarse una base electoral sólida que le permitiese ganar una elección tras otra y un cuerpo de empleados dóciles para saquear la ciudad sin obstáculo alguno. Lo saben desde que la voluntad de la comisión gestora de poner orden y racionalizar los recursos humanos del Ayuntamiento fue boicoteada desde dentro y también desde fuera con aquel anuncio de la entonces candidata Ángeles Muñoz de que respetaría, si era elegida alcaldesa, la estabilidad laboral de los trabajadores municipales. Aquello debió leerse como una garantía de que nada de lo actuado por el GIL en ese apartado sería cuestionado. Indulto al enchufismo que después se concretó. Así interpretado podía sonar mal, pero fue un arma electoral decisiva. Lo saben también desde que el gobierno tripartito (PSOE, OSP e Izquierda Unida), con el apoyo de Podemos y sin que el Partido Popular lo cuestionara, consagrara la incorporación a la plantilla municipal de los trabajadores de los organismos autónomos creados por el GIL para saltarse la ley. Esa incorporación igualó a quienes habían entrado al Ayuntamiento por la puerta de un concurso público y a los que lo hicieron por la ventana del enchufe. Los cinco partidos al unísono avalaron esa medida en un inédito ejercicio de consenso político digno de fines más loables. ¿Por qué iban a suponer ahora los sindicatos municipales que no les van a conceder lo que pidan?

El capítulo de personal para el año próximo consumirá 149 millones de euros, más de la mitad del presupuesto del Ayuntamiento. La ciudad tiene un empleado municipal por cada 46 habitantes, por lo que cualquier vecino puede hacer la cuenta de cuánto aporta cada mes al mantenimiento de estos trabajadores. Con semejantes recursos y con esa proporción de empleado municipal por vecino, cualquiera podría pensar que estamos en la ciudad con los mejores servicios públicos del mundo, la de las calles más limpias, la de los parques más cuidados, la de los trámites más ágiles, la de mayor dotación de guarderías, polideportivos, bibliotecas y transportes.

En lugar de eso, cada reclamo de mayor limpieza, de licencias más rápidas o de mejores servicios se encuentra con la misma respuesta: no hay personal suficiente. Lo peor es que es verdad, no hay personal que sepa hacer nada de eso. Es más, Marbella tiene privatizado desde el transporte público hasta la gestión de sus mejores polideportivos; desde el control de la zona azul a la jardinería o el mantenimiento de las urbanizaciones. Cada poco tiempo una nueva área de gestión pasa del ámbito de lo público al privado.

El despropósito es tal, que la externalización de servicios fue una de las condiciones de OSP para firmar la moción de censura. Sus electores se los estaban comiendo por una gestión desastrosa y se acercaba el momento de comparecer ante las urnas. La promesa de que se externalizarían servicios los convenció. La pregunta que cualquier ciudadano con un mínimo de criterio se hace es siempre la misma. ¿Por qué un Ayuntamiento con más de 3.000 trabajadores tiene que privatizar servicios? La pregunta tiene sentido, sobre todo, porque se trata de empresas que no asumen a los empleados municipales, sino que llegan con los suyos propios, invariablemente peor remunerados y en condiciones laborales más inestables. Muchos de estos trabajadores precarios son los que con sus impuestos pagan salarios y prestaciones a los funcionarios y laborales del Ayuntamiento. Muchos de ellos seguramente verán con asombro cada nueva reivindicación, cada nueva apretada de clavijas, como la que manejó a su antojo el pleno del pasado jueves.

Mientras los vecinos tiene motivos para mirar con asombro cada nuevo reclamo, la representación sindical de los empleados municipales va a lo suyo. Tienen elecciones en tres meses y la competición por presentar la mejor hoja de servicios va a ser a cara de perro. Nadie se va a quedar atrás. La responsabilidad, el sentido común, la defensa de lo público, no cotizan en el parqué electoral. Además, las posibilidades de conseguir resultados es cierta. A seis meses de las elecciones municipales ningún partido va a querer ponerse el disfraz de padre estricto, especialmente porque los caprichos del niño malcriado no los pagarán de sus bolsillos. Como esos padres divorciados incapaces de ponerse de acuerdo sobre la educación de sus hijos que acaban compitiendo por satisfacer sus caprichos, no habrá responsabilidad a la hora de organizar los recursos públicos, sino competencia por consentir al niño.

Esto no tiene nada que ver con derechos de trabajadores explotados, sino de privilegios de quienes parecen haber perdido noción de lo que pasa en la calle desde que Gil los enchufara en el Ayuntamiento. Hay excepciones, desde luego, pero la dinámica en perjuicio de los vecinos de Marbella es siempre la misma y no parece tener final.

El último reclamo ha venido por la concesión de pluses y complementos salariales. El pasado jueves, cuando se iba a aprobar el reglamento que los regula, la protesta de los representantes sindicales de los trabajadores obligó a suspender la sesión. Era el primer punto del orden del día.

Lo que reclaman los sindicatos, aunque no lo digan pese a que se les pregunte, es que el dinero que existe para premiar a los trabajadores que más se esfuerzan, a los que presentan mejores resultados, es que se reparta paritariamente. Igual para todos. Un aumento de sueldo encubierto independientemente de los méritos de cada uno. No dejaron seguir el pleno hasta que la alcaldesa llamó a cuarto intermedio y se los llevó a negociar a puertas cerradas. El punto se aprobó, pero la negociación seguirá adelante. El final de esta película ya se conoce.

Mientras los que pagan la fiesta no adviertan a sus representantes de que dilapidar su dinero en pagar caprichos tiene un coste mayor que consentir sinsentidos, esto no habrá quién lo pare.

 

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