Taxi

No se puede usar una prerrogativa legal para bloquear calles, para impedir la libertad de circulación ni para colapsar las ciudades. Menos aún con vehículos singulares cuya existencia no tiene más origen que el del expreso permiso público

JOAQUÍN L. RAMÍREZ

En jerga madrileña transversal, aunque no mayoritaria -tanto en Serrano como en San Blas-, dicen «llamar un taxis» cuando efectivamente quieren que venga un solo taxi. Se ve que el plural -también el inopinado- a algunos les sienta bien, o quizá sea el uso y abuso de la s lo que tanto saborean. Otro día hablaremos del porqué y cómo también llaman «cacahueses» a los cacahuetes. Lo cierto es que el sector del taxi en España forma parte de nuestra más íntima seña de identidad.

A veces, para podernos centrar en el qué pasa, hay que tentarse la ropa y revisar la realidad. El servicio público de transporte en automóvil de autotaxi tiene carta de naturaleza mediante una licencia administrativa, en forma de concesión, expedida por la autoridad municipal o metropolitana. Es decir, que estos profesionales -patronos o asalariados- ejercen su profesión en régimen de monopolio por la expresa autorización de la autoridad pública competente y, por ello, han de acogerse a los requisitos, condiciones y obligaciones que las normas al efecto -leyes, reglamentos y ordenanzas- les requieren. Obviamente, el incumplimiento temerario o el mal uso de estas licencias llevan aparejada la retirada o anulación de las mismas. Claro que también -como todo ciudadano- el taxista tiene sus derechos y, ante aquello que considere injusto o ilegal, nadie duda -y menos la ley- que puede protestar, parar su actividad o recurrir a cualquier vía institucional administrativa o judicial. Sin embargo no se puede usar una prerrogativa legal para bloquear calles y avenidas, para impedir la libertad de circulación de la gente ni para colapsar las ciudades. Menos aún crear la incomodidad y el caos precisamente con vehículos de especial singularidad cuya existencia, aun corriendo por cuenta del propio pecunio del titular del autotaxi, no tiene más origen que el del expreso permiso público.

La existencia de las llamadas VTC está salpicada de errores e inexactitudes, así como de promesas y compromisos políticos cumplidos e incumplidos a medias. Ello y las normas europeas de libre competencia han hecho el resto. Es cierto que estos coches de alquiler con conductor se acogen a normas y condiciones distintas al taxi, no hay inmediatez sino precontratación. Mas, aún ello, ambos grupos bregan en el mismo campo y la feroz competencia puede llegar a resultar un reparto de precariedades, de ahí el conflicto. De ello y también de esa cierta relajación en cuanto a exigencias de muchos profesionales taxistas. Hoy día asistimos a un auténtico cambio de ciclo. Lo han sufrido la industria audiovisual, la imprenta, la fotografía, la política y los políticos, los periódicos, las relaciones humanas, las tecnologías... Ahora le ha tocado al taxi. Lo que servía ya no lo hace tanto, lo que se estimaba o toleraba ya no tanto, lo que antes fue «porque era así» y así era suficiente, ya no. No lo es. La irrupción de berlinas oscuras de excepcional limpieza -por ahora-, conductor arreglado, botellín de agua disponible y precio fijo precontratado, no al albur de embotellamientos o itinerarios, ha creado un clima que favorece que los consumidores se replanteen lo que quieren y cómo. Incluso, la terrible faena -cuya responsabilidad es de la Administración- que hace que al taxista le haya costado otra hipoteca la transmisión de la licencia y su constatación, no son obstáculo para que el librepensamiento haga optar a la opinión pública por las plataformas de transporte alternativas. Al taxi le toca renovarse y ni caben presiones ilegales o violencia ni ya es de recibo que algunos persistan en su «derecho» a vestir camiseta o pantalón bermuda mientras trabajan. Nadie va a trabajar en pantalón corto en otros sectores, nadie va en chanclas y, aunque no sea general, en el sector de marras estas conductas se dan, a veces hasta se exigen.

La incomparecencia del Gobierno ante el conflicto, la desaparición del ministro del ramo y la supuesta solución, transferir la titularidad de la competencia de las VTC a las comunidades autónomas, incluso la negativa respuesta de la mayoría de estas, hacen todo un compendio de sinrazón e incompetencia. «Uno-treinta», puede ser, pero no se puede desproveer de sus licencias a aquellos que las obtuvieron legalmente. Unos han de refundarse, participar creativa y activamente en la elaboración de un plan estratégico de reconversión, otros cumplir las normas a rajatabla y no jugar a taxistas, que no lo son. Y el Gobierno, el gobierno de España -los que tanto lo ansiaron- ha de afrontar, comparecer y trabajar. El siglo XXI es muy exigente y hay que adaptarse a lo que este tiempo demanda; como siempre.

 

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