La sentencia del TSJA sobre los Baños del Carmen

La Ley de Costas establece que la transmisión de la concesión solo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento por parte del adquirente de las condiciones establecidas en la concesión, y tratándose de una persona jurídica la que disfruta de la concesión, como ocurre en los Baños del Carmen, se considerará transmisión cualquier cambio en la titularidad de las acciones que suponga sustitución de los accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50 por ciento del capital social. Los recurrentes sostenían que no se trataba de una transmisión de la concesión sino de una simple venta de acciones sin trascendencia administrativa alguna y lo que dice el TSJA sobre este particular es que «estamos ante una auténtica transmisión de la concesión», que precisa de autorización administrativa, pues la Administración necesita saber en cada momento quién es el concesionario real y cuáles son sus garantías.

Para la Junta de Andalucía la compraventa «consumada» de las acciones sin contar con la autorización administrativa no era válida a efectos de la Ley de Costas. Y lo que resuelve el TSJA es que las partes puedan acordar la transmisión, con los efectos civiles y mercantiles que correspondan, pero que tal transmisión solo será valida a efectos administrativos si la Junta de Andalucía reconoce el cumplimiento por parte de los compradores de las condiciones establecidas en la concesión. La falta de esta autorización esta sancionada con la extinción de la concesión.

Para el TSJA, la comunicación de la compraventa de las acciones a la Junta de Andalucía, después de otorgada la escritura y no antes, no exime a la Administración de valorar la documentación aportada por los compradores en cuanto al cumplimiento de las condiciones exigidas en la concesión, y por ello falla estimar parcialmente el recurso, anulando la resolución de Junta de Andalucía, ordenándole que retome el expediente y que examine la documentación que le presentaron las sociedades compradoras de las acciones a fin autorizar o no, según proceda, la transmisión de la concesión. Pero no prejuzga cual debe ser el pronunciamiento de la Junta de Andalucía sobre su validez administrativa (transmisión de la concesión).

Doy por hecho que las sociedades compradoras de las acciones pueden cumplir las condiciones específicas de la concesión y las de la legislación de costas, lo que debería dar lugar a que la Junta de Andalucía autorizase la transmisión de la concesión. Pero eso no cambiará algunas cosas, a saber, que la concesión esta extinguida. La Ley de Costas establece las causas por las que se extingue el derecho de ocupación del dominio público, de entre las que citaré solo dos: una, el vencimiento del plazo del otorgamiento; la otra; el rescate de la concesión.

Pues bien, cuando la Junta de Andalucía se pronuncie sobre la validez administrativa de la transmisión de las acciones la concesión ya se habrá extinguido (será siempre después del próximo 29 de julio), sin perjuicio de que esa resolución tenga efectos retroactivos desde la fecha del otorgamiento de las escrituras de compraventa (30/09/2014); en segundo lugar, ya se ha acordado el rescate de la concesión, por tanto, estaba camino de su extinción.

No podemos olvidar que el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino declaró (año 2010) la utilidad pública del rescate de las concesiones de los Baños del Carmen (1920 y 1951). La misma concesionaria, Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, S. A. recurrió ante los Tribunales solicitando que se anulase el expediente de rescate y el mantenimiento de la concesión. La Audiencia Nacional, en sentencia de 14 de enero de 2014, desestima el recurso, confirma la declaración de utilidad pública del rescate de las concesiones y ordena a la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterraneo que incoe el expediente de rescate, que se inicia el 3 de octubre de 2014 (entre la fecha de la venta y la de la comunicación a la Junta de Andalucía) y cuya tramitación suspendió.

Por último, los intereses de los concesionarios: por muy legítimos que sean, están supeditados al interés general, que exige, una vez recuperado para el dominio de todos lo que lleva casi un siglo en manos privadas, que se haga mediante concurso público cualquier concesión de futuro, garantizándose la libre concurrencia de ofertas y la igualdad de oportunidades.