Ruina monumental en Málaga

Llama desgraciadamente la atención que los tres monumentos más visitados de Málaga tengan problemas de conservación. Se trata de la catedral, cuyo tejado mal arreglado provoca un goteo incesante cada vez que llueve; la alcazaba, donde una de los muros acaba de ser apuntalado para evitar su caída, y el castillo, donde ya se han producido inquietantes desprendimientos en parte de un muro y de uno de los pasillos que lo circunda. Cuesta trabajo creer que una ciudad que apuesta claramente por el turismo no se haya preocupado en mantener en perfecto estado de conservación estas construcciones centenarias, que sin duda forman parte de su atractivo. Y lo peor no es eso, sino los visos que hay para arreglarlas. Y ese es a día de hoy el verdadero problema. Porque las obras para atenuar los efectos de estos incidentes tienen carácter urgente y sin embargo desde el propio Ayuntamiento de Málaga se apunta que tardarán en iniciarse... ¡meses! O sea, que es muy posible que la situación en estos monumentos se agrave todavía más y haya que aplicar nuevos apuntalamientos. Lógicamente, desde la administración local no se apunta esa tardanza por capricho, sino por la cantidad de trámites burocráticos que hay que superar porque son monumentos y eso requiere de una atención especial. Y aquí nos topamos con uno de los grandes problemas de las administraciones, sobre todo, cuando se tocan temas urbanísticos: la gran burocracia que hay que superar para llegar al objetivo. España es un país donde sus políticos tienen una gran predilección por legislar, ya sea en el ámbito, nacional, autonómico o local. Y eso a la postre no sale gratis, porque los ciudadanos tienen que cumplir obviamente lo legislado. El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, ha criticado en varias ocasiones este hecho y para ello lo hace de la mejor manera posible, diciendo cuántas normas hay en este país. Pues ahí va la cifra: alrededor de ¡160.000! A ver quién puede resistir eso. Con tal amalgama es prácticamente imposible actuar con celeridad para solucionar problemas, para impulsar proyectos o para ejecutarlos. Es prácticamente imposible. A los políticos de ahora habría que felicitarlos no por legislar, sino por derogar normas que sin duda son prescindibles. Los procedimientos no deben provocar que lo que son unas obras urgentes no comiencen hasta dentro de varios meses (nadie se atreve a dar una fecha concreta). Eso es de mero sentido común. ¿Es que nadie se da cuenta de eso en las administraciones? ¿Cuántos años más tendrán que pasar para simplificar los trámites urbanísticos en este país? Sin duda, se pierden oportunidades de negocio, y cuesta trabajo asumir que haya inversores que esperen años antes de conseguir una licencia de obra. Ahí está el caso del hotel del puerto, que va camino de eternizarse o del propio derribo del ruinoso y abandonado edificio de la Mundial para dar paso al hotel de Moneo.