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Vino, dijo lo mismo que todos y se fue. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que tiene nombre propio de delegado del Gobierno, aunque su nombramiento hunde sus raíces en su linaje anti Susana Díaz, sentenció que una de sus prioridades era impulsar los Baños del Carmen. No defraudó. Cada uno de los delegados del Gobierno en Andalucía en los últimos treinta años ha dicho lo mismo cuando se daba su primer garbeo por Málaga. Y seguramente este hombre se irá con el mismo resultado que el de sus antecesores: sin hacer nada nada. Este enclave se ha convertido en el gran símbolo malagueño de la incompetencia de las administraciones, pese a que siempre se da la sensación de que el proyecto está a punto de salir adelante. Aunque el Astoria lleva el mismo camino, lo de los Baños del Carmen lo supera con creces. Más que nada porque no se le ve solución más allá de los cuentos que periódicamente nos sueltan. Son cuentos porque al final nunca aparecen en las cuentas de los Presupuestos generales o regionales. Ya se han diseñado dos planes especiales municipales y ninguno se ha llevado a cabo. Para que se remodele la zona hace falta el acuerdo de tres administraciones: Gobierno, Junta y Ayuntamiento de Málaga. Actualmente tienen distinto signo político, pero se ha dado la circunstancia de que las tres pertenecían al PSOE o al PP y tampoco se cerró absolutamente nada. A esto hay que unir que también tienen que llegar a un acuerdo con unos privados, que son los que aún tienen la concesión. O sea, que tienen que pactar con una gente con la que actualmente mantienen un pleito. A ver quién se cree que la prioridad de la que hablaba Gómez de Celis se va a hacer efectiva. A los responsables se les llena la boca de que la zona debe tener un uso público, como si ahora estuviera vedada la entrada de la gente. Lo que no se llenan nunca son las arcas para llevar a cabo la transformación que permitiría hacer un gran jardín a pie de mar. El problema es que ni comen ni dejan comer, porque se presentaron varias iniciativas de las manos privadas para dar una solución a los Baños del Carmen que no se dejaron hacer. Sin embargo, sí son especialmente eficientes a la hora de buscarle las vueltas a los actuales propietarios de la empresa concesionaria. Quizá sea porque está encabezada por dos exconcejales populares, Damián Caneda y José Luis Ramos. El problema para la Junta es que han perdido en los tribunales su pretensión de anular la compra de las acciones de la empresa concesionaria, que se llama Nuestra Señora del Carmen, a la que sin duda habrá que empeñarse si se desea que finalmente se rehabilite la zona. Es muy probable que esta sea la franja costera de España sobre la que se ha debatido más y se ha hecho menos. Hay que reconocerle a los actuales propietarios que le han dado un vuelco al balneario, que estaba en franca decadencia entre otras cosas por la presencia permanente que había de okupas. Sin ir más lejos, la noche de los fuegos había nada menos que un millar personas contemplándolos desde su terraza, pese a que está deteriorada por los embates del mar. El proyecto del que hablaba el delegado del Gobierno también tiene que recoger cómo evitar estas sacudidas mediante espigones. Pese a todo, en la memoria colectiva de los malagueños pervive la imagen de un sitio idílico y que ahora, pese a que los alrededores del chiringuito presentan un magnífico aspecto como solar abandonado propio para aparcamiento. Por eso sigue teniendo el favor de una clientela que valora el esfuerzo de estos empresarios. Ojalá me equivoque y el anuncio de Gómez de Celis no sea uno más de esos rollos del Carmen.

Política: nueva disputa a cuenta de las herencias

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y concejal de Economía, Carlos Conde, tiene una espinita clavada con el tema de las plusvalías por herencia, ya que el PSOE municipal le está haciendo bastante daño porque aboga por eliminarlas. Por eso, esta semana el político popular no dudó en contraatacar. Y la verdad es que tenía razones para ello. Conde denunció que la Junta, a raíz de la desaparición de hecho del impuesto de sucesiones, se ha sacado de la manga otra vía para conseguir ingresos. Se trata del pago de los llamados actos jurídicos documentados, que antes estaban exentos cuando se trataba de inscribir acuerdos entre hermanos que por ejemplo le compraban parte de una vivienda a los otros que habían conseguido por herencia. O sea, que de tapadillo siguen cobrando a la gente que hereda. El problema es que el PSOE también contraatacó de inmediato cuando le recordó que Málaga es de los ayuntamientos que aplica el tipo de gravamen más alto (29 cuando el máximo se sitúa en el 30%), cuestión ésta en la que el PP se encuentra especialmente incómodo, pues siempre ha querido coger la bandera del partido que no quiere gravar la muerte. Con las plusvalías sí lo hace. Y Daniel Pérez lo sabe. Ahora bien, con el hallazgo de las artimañas que la Junta utiliza para seguir cobrando por las herencias no se le hace un favor al portavoz y candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, porque su partido sigue empeñado en sacar partida de unas herencias en las que nadie les ha nombrado herederos.

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