PROMETER Y DAR EN LA ESPAÑA INVERTEBRADA

Las medidas abordadas no pueden llevar al triunfalismo al gobierno andaluz, pues no puede conformarse con la puesta en marcha de una veintena de proyectos. De la sintonía mostrada han de desprenderse cambios más profundos

CRISTÓBAL VILLALOBOS

Se aprobó por fin la anunciada limitación de mandato para el presidente y los consejeros de la Junta, una reforma legislativa que forma parte del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos y que constituye una de las medidas contra la corrupción más defendidas por el partido de Albert Rivera. La iniciativa, ya en marcha en alguna comunidad autónoma, quiere acabar con la posibilidad de que los líderes acaben eternizándose, como ocurrió con Chaves, Bono, Rodríguez Ibarra o Puyol.

A solo unos días de las elecciones generales, se intenta dar al resto de la nación una imagen regeneracionista, una muestra de lo que un gobierno de coalición de centro-derecha puede hacer en España. Esta medida, y la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, son dos mensajes claros al electorado de dentro y de fuera de Andalucía, a los que se sumará en un futuro la anunciada supresión de los aforamientos.

Aunque puedan parecer medidas positivas, habrá que ver si la limitación de mandato tiene algún efecto en el futuro, resulta poco tranquilizador ver como el desarrollo autonómico de nuestro sistema constitucional ha devenido en la diferenciación de derechos y deberes entre los españoles, logrando más que nunca lo que Ortega definió como la España invertebrada. Obviaremos en este artículo el reciente libro de Sánchez Dragó sobre Abascal que juega con este término en su portada.

Como ejemplo paradigmático de estas desigualdades territoriales, esta semana varios sindicatos han arrojado cifras que, por conocidas, no dejan de ser humillantes para los andaluces: nuestros profesores y profesionales sanitarios son los peores pagados de España. Un profesor andaluz puede llegar a cobrar hasta seis mil euros menos al año que uno vasco, que además disfruta de un ambiente de trabajo mucho más agradable, con menos horas de clase y mejores instalaciones y recursos, algo que no tiene precio para nuestros profesionales.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de ayer aprobó la iniciativa parlamentaria del popular Miguel Ángel Ruiz, por la que se pretende reconocer la autoridad del profesorado, algo que estaba reflejado en la legislación estatal pero que en Andalucía carecía de desarrollo normativo. Un paso importante que debe ir acompañado también de esa mejora pecuniaria que dignifique el desempeño de nuestros docentes.

Con estas últimas iniciativas, Moreno y Marín han presumido de cumplir todo lo acordado entre ambos al inicio de la legislatura, salvo alguna cosa, como diría Rajoy. Las medidas abordadas, sin embargo, no pueden llevar al gobierno al triunfalismo, pues el autodenominado «gobierno del cambio» no puede conformarse con la puesta en marcha de una veintena de proyectos, algunos solo en grado de tentativa. De la sintonía mostrada han de desprenderse cambios más profundos.

Ya Manuel Alcántara, al que tanto añoraremos, advertía sobre las promesas de los políticos: «Solo existe una forma de hacer negocio con los políticos profesionales: cambiarles todo lo que dan por la décima parte de lo que prometen». Podríamos esculpir la sentencia sobre la piedra barroca de San Telmo, para que no se olvide.