En el pozo negro de la historia

Hitler se mata con las tropas soviéticas a punto de tomar Berlín y de sus restos nada se sabe; el cuerpo de Mussolini descansa en un panteón familiar tras muchos avatares desde que lo colgaron en una gasolinera de Milán. Franco murió en su cama, y para vergüenza nacional, siguen sus restos enterrados en el Valle de los Caídos (espacio monumental construido por presos republicanos), un bien de dominio público, es decir, de todos los españoles y mantenido con nuestros tributos. Si cabe algún debate es cómo se ha mantenido este despropósito durante 43 años.

Franco, esté donde esté, es inquilino del pozo negro de la historia y no merece presidir la atención de los españoles de 2018, salvo en lo referente al homenaje y el respeto a sus víctimas. Una comisión de expertos (formada por personas de variada procedencia profesional y política) recomienda en 2011 (con la reserva de tres de sus miembros) el traslado de los restos del dictador al lugar que designe la familia o en su caso donde se considere digno y adecuado, previa autorización de la Iglesia dada la condición de lugar de culto de la Basílica. El Código de Derecho Canónico (canon 768.2) exige que se enseñe a los fieles «la doctrina que propone el magisterio de la Iglesia sobre la dignidad y libertad de la persona humana» y el canon 1242 señala que: «No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos»; por tanto la autorización del traslado es para la Iglesia un elemental cumplimiento de sus propias normas.

¿Qué hacer con el Valle de los Caídos? Pues lo que dice la ley: un lugar para honrar y rehabilitar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió, un monumento a la reconciliación y a la convivencia.