¿Política de partidos o política de Estado?

Este país necesita que sus gobernantes impulsen el desarrollo económico poniendo coto a las inversiones especulativas, tal y como ha recogido el informe del Consejo Económico y Social

El tiempo que este país está perdiendo en formar gobierno lo está pagando la clase trabajadora. Cada vez que una empresa anuncia un expediente de regulación de empleo, cada vez que se despiden a personas trabajadoras utilizando la reforma laboral del PP, cada vez que a quienes están en el desempleo se le acaban las prestaciones sociales, estamos pagando la falta de gobierno en nuestro país.

Tenemos que recordar que la reforma laboral impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, la reforma de las pensiones, la reforma de las prestaciones sociales por desempleo, la reforma del Código Penal que limita expresar el descontento y las reivindicaciones sociales... de todo ello el Gobierno de Sánchez no ha modificado ni un punto, ni una coma, y siguen vigentes.

Este país necesita que sus gobernantes impulsen el desarrollo económico poniendo coto a las inversiones especulativas, tal y como ha recogido el informe del Consejo Económico y Social. Tanto para los intereses del conjunto de la UE como para los intereses de España, los fondos de inversión pueden pasar de ser un motor de desarrollo económico a ser un gran obstáculo para el cumplimiento de los derechos constitucionales, dado que extraen de nuestro país la riqueza generada, sin importarles la pobreza y desigualdad que dejan atrás.

En este contexto económico, la oposición mantiene amordazada la formación de un nuevo gobierno, bien por activa, como es el caso de Unidas Podemos, o por pasiva, como es el caso del PP o de Ciudadanos.

Anteponer los intereses estratégicos de 'partido' a los intereses de la nación genera un descrédito de la sociedad respecto al sistema democrático de partidos que sólo favorece a posiciones ideológicas de extrema derecha a las que algunos se agarran desesperadamente para gobernar, favoreciendo discursos contrarios al espíritu constitucional.

Reconocer a quien ha ganado las elecciones generales implica ser coherentes, y desde una posición de Estado facilitar la formación de un gobierno, eso sí, pactando sobre su programa de acción, según los programas electorales de cada cual. Ocurrió en Europa cuando la derecha del partido CDU gobernada por la señora Merkel ganó las elecciones, y la socialdemocracia alemana supo negociar, entre otros, la subida del salario mínimo interprofesional (hoy 1.600 &euro) y facilitó la acción de gobierno, o en la Francia de Françoise Miterrand respecto a Georges Marchais.

Pero los nuevos dirigentes políticos de nuestra derecha española anteponen los intereses de partido a los intereses de Estado: en una estrategia de desgaste político a base de repetir elecciones generales hasta que la aritmética parlamentaria les facilite los votos para formar gobierno. Y si esto no ocurre, ¿volveríamos al bloqueo político de nuevo?

En el otro lado del escenario, el partido Unidas Podemos quiebra su coherencia cuando hace un par de meses votó «no» a un gobierno de coalición, y ahora constatado el mayor error político cometido en la investidura fallida exige un gobierno de coalición. Donde dijo 'digo', ahora dice 'Diego'.

Esta falta de coherencia en Unidas Podemos hace daño a su propio electorado, el más proclive a la abstención, y de ello son conscientes las derechas políticas, que acechan de cerca un posible nuevo escenario electoral. Es el electorado que el pasado 28 de abril puso la confianza en Unidas Podemos o en el Partido Socialista quien más enojo muestra ante la parálisis de las instituciones, porque es el electorado que más necesita de políticas de empleo, sociales, sanitarias, dependencia, pensiones, igualdad de género, lucha contra las violencias machistas, reducir la temporalidad, la parcialidad de la contratación, favorecer los salarios dignos, las políticas migratorias -hoy más necesaria que nunca-; garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, etc.

Y para defender estos derechos recogidos en la Constitución se requiere de una política impositiva clara que debe ir en dirección contraria a la rebaja de impuestos de las rentas altas, reforzando la progresividad de la carga impositiva en nuestro país. Por eso hoy se necesitan partidos políticos con un claro compromiso social que garantice la redistribución de la riqueza.

El paso audaz dado por Casado de no agresión mutua entre las derechas con la fórmula 'España Suma' como estrategia de partido debe ser contestado por el PSOE con la generosidad de quien ha ganado las elecciones generales facilitando el acuerdo político con Unidas Podemos, pero al mismo tiempo esta formación debe reconocer desde la humildad política que debe negociar y aceptar las propuestas dada su inferior representatividad respecto de quien ha ganado las elecciones.

Mientras, la incertidumbre, el descontento y las duras condiciones de vida y de trabajo de millones de votantes pueden acabar en la abstención, precisamente lo que otros desean.

Hoy hacen falta partidos con visión de Estado, y sobran los que anteponen su interés particular al interés general.