La plusvalía que vendrá

La plusvalía que vendrá

Cuando en 2002 se modificó la regulación del IAE, reduciendo, considerablemente, el importe a liquidar, se ofrecieron mecanismos de compensación de las pérdidas sufridas. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo?

Parece que se acerca el momento de la verdad para los ayuntamientos, asesores fiscales, funcionarios y empleados del área tributaria, así como empresas inmobiliarias y población en general, respecto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido comúnmente como Plusvalía Municipal.

El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias han llegado a un acuerdo sobre un texto elaborado por los técnicos del primero, aunque habría que matizar que más bien parece ser una imposición que un auténtico acuerdo. De su lectura cabe concluir que, además de adaptarse a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional (hemos tenido que esperar más de 200 días para ver una propuesta de modificación normativa), se aprovecha para incluir otras cuestiones que aumentarán la merma de ingresos de los ayuntamientos, al incorporar nuevos coeficientes de actualización de la base imposible, reduciéndola, perjudicando los ingresos futuros y no adoptando medidas compensatorias o equilibradoras, como la modificación del tipo de gravamen, por ejemplo.

La citada modificación obligará a todos los ayuntamientos, que tengan ordenanzas en vigor de dicho impuesto, a proceder a su modificación y aprobación, por los plenos municipales, en un plazo de 90 días desde su entrada en vigor, aunque con efectos de 15 de junio de 2017. Sin duda, un confuso escenario que exigirá contar con los asesoramientos y apoyos técnicos necesarios para la defensa de los intereses generales de aquéllos.

Como uno de los hechos a modificar es la existencia de incremento de valor en la transmisión, muy probablemente las inter vivos serán las protagonistas de los recursos o devoluciones de ingresos indebidos. Ello afectará a la suficiencia financiera y económica de los ayuntamientos, que verán como su presupuesto, aprobado para 2018, debe adaptarse a esta nueva realidad, con previsibles reducciones de sus ingresos y gastos, además de contar con la devolución de ingresos indebidos producidos en ejercicios anteriores. Quizás demasiado esfuerzo económico para algunos de ellos. Como dato a tener en cuenta, de las cifras cerradas del 2015, a nivel nacional, este tributo supuso unos 2,7 mil millones de euros. Es decir, el 13% del total de los impuestos liquidados en dicho año, siendo el segundo recurso económico impositivo municipal.

Es preciso poner de relieve que la deficiencia encontrada por el Tribunal Constitucional la elaboró, en su día, el Ministerio de Hacienda, con refrendo de las Cortes Generales, y sin responsabilidad alguna de los ayuntamientos. Cuando en 2002 se modificó la regulación del Impuesto de Actividades Económicas, reduciendo, considerablemente, el importe a liquidar, se ofrecieron mecanismos de compensación de las pérdidas sufridas. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo?

Para algunos profesionales, lo que se está viviendo en el ámbito local es un proceso de mayor 'control' sobre los ayuntamientos por parte de la Administración General del Estado (AGE). De este modo el Ministerio de Hacienda se convierte en la 'Oficina Central Municipal', que cuenta con más de 8.000 sucursales municipales. La eficacia del principio de autonomía municipal, establecido en la Constitución, ha ido menguando a partir de la reforma de su artículo 135 en 2011 y, posteriormente, con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, así como de las innumerables órdenes, circulares o instrucciones del Ministerio.

Estas medidas han servido de magnífico 'caballo de Troya' para hacerse con el control de los ayuntamientos y, de paso, justificar la enorme estructura administrativa de AGE. Recuérdese que mientras esta última, en enero de 2007, contaba con unos 207.000 efectivos (una vez descontados los destinados a los cuerpos de seguridad, ejercito, justicia y otros), diez años después apenas se han reducido en 1.000 (un 0,48%), frente a lo ocurrido en las Entidades Locales que han pasado de 521.000 a 481.000 (un 7,67%).

No obstante todo lo anterior hay que señalar que el Ayuntamiento de Málaga, conocedor de los entresijos ministeriales, adoptó, en junio pasado, la decisión de establecer un modelo de solicitud para que, en los casos de inexistencia de incrementos de valor en la transacción, no se produjese la liquidación de la Plusvalía hasta que se conocieran los términos de su reforma. Era mejor asumir una reducción en las liquidaciones que producirlas y, al cabo de un tiempo, tener que devolverlas.

El Ministerio de Hacienda ha jugado bien sus cartas y ha ralentizado el proceso de reforma del tributo, situando a los municipios en un escenario de caos y confusión. De este modo, estos últimos han debido acceder 'a lo que sea' para tener una regulación constitucional del mismo y evitar la situación de indefensión en que se encontraban contribuyentes y Administración municipal.

Ortega y Gasset acuñó un término para reflexionar, más aun en estos momentos de la historia de España, el 'pretérito amontonado', del que señalaba lo siguiente: «Éste es el tesoro único del hombre, su privilegio y su señal. Lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos siempre». ¿Será verdad?

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