Palma-Palmilla mejora el audiovisual

La Ley Audiovisual de Andalucía desarrolla lo ya previsto en la Constitución y el Estatuto sobre derecho de acceso. Da seguridad jurídica y protege a las radios comunitarias históricas en marcha antes de abril de 2010, como Onda Color

ALEJANDRO BLANCOPeriodista y vocal de Onda Color, miembro de la Red de Medios Comunitarios (ReMC)

Podría parecer paradójico que casi ninguna radio o televisión haya dado cobertura informativa a su ley, la Ley Audiovisual de Andalucía, durante sus cinco años de parto. Pero no lo es. Solo las emisoras municipales y comunitarias han dedicado un tiempo significativo a explicar la tortuosa gestación de esta norma innovadora en el conjunto de España. Se aprobó a finales de septiembre por unanimidad. Esta exclusión informativa no es paradójica, sino paradigmática, de una concepción demasiado empresarial de la comunicación en la que la gente es audiencia receptora en lugar de ciudadanía (receptora y emisora).

Esa visión de la comunicación queda malherida por cinco años de incidencia política y pedagogía de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, la Red de Medios Comunitarios, el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y el Sindicato de Periodistas de Andalucía, entre otras entidades. Una serie de colectivos sociales andaluces de todo pelaje (ONG, vecinales, de investigación universitaria) acordaron hace años que para democratizar la comunicación era fundamental mejorar la situación de los medios comunitarios. Y, en Málaga, el peso lo ha llevado el barrio de Palma-Palmilla, que no se resigna al calificativo de marginal y que lleva más de una década cambiándose a través de su plan comunitario. Palma-Palmilla se transforma y transforma. ¡A ver cuándo nos damos cuenta de que el futuro de una Málaga mejor habita hoy en los esfuerzos del vecindario palmillero, de quienes viven, trabajan y se implican en él! El vecindario decidió que hubiera una radio comunitaria (sin ánimo de lucro y promotora de la participación ciudadana) que sirviera a ese proceso de protagonismo ciudadano en el cambio social. Plasmó la necesidad de su radio en el Plan de Acción Integral que Ayuntamiento y Junta aprobaron con la boca pequeña en 2011. Onda Color ha ganado dos veces los Premios de Comunicación Audiovisual Local de Andalucía (ninguna otra emisora de la ciudad lo ha conseguido) y ha tenido un protagonismo clave en la nueva ley. No es un medio perfecto –ninguno lo es–, aunque tampoco se lo han puesto fácil.

Hasta ahora, Onda Color se ha desarrollado bajo la amenaza constante de ser sancionada por no tener una licencia que era imposible conseguir debido a que el Gobierno central incumple groseramente la Ley General de la Comunicación Audiovisual desde 2011 y no planifica licencias para medios comunitarios. Incluso Naciones Unidas investiga cómo es posible que se violen así derechos fundamentales. Onda Color ha sufrido interferencias de emisoras pirata ante las que no podía hacer nada. E incluso las medidas de fomento se le negaban por carecer de esa licencia 'imposible'.

Esta ley da seguridad jurídica y protege a las radios comunitarias históricas en marcha antes de abril de 2010, como Onda Color. Abre la puerta a incentivos y apuesta por algo que sigue sorprendiendo en algunos despachos de esta ciudad: medios públicos y comunitarios son aliados en hacer a la gente protagonista de la comunicación. Por eso, una de las medidas de fomento previstas en la ley es la colaboración entre ambos tipos de medios.

La Ley Audiovisual de Andalucía desarrolla lo ya previsto en la Constitución y el Estatuto sobre derecho de acceso. Antes de que acabe octubre de 2019, las emisoras municipales de radio y televisión, todas, y la RTVA están obligadas a definir cómo van a cumplir su misión de ofrecer espacios para que la gente haga sus propios contenidos. El código de derecho de acceso no podrá imponerse: tiene que surgir de un proceso de participación ciudadana. Una pista: Radio Televisión Española (RTVE) fija en un reglamento que se ponga un equipo técnico y humano a disposición de los colectivos a los que se reconoce ese derecho. Es decir, control editorial total de la ciudadanía sobre determinados espacios. No ser invitada como colaboradora o citada como fuente (no solo eso). Otra pista: el derecho de acceso en RTVE en la práctica es papel mojado y casi no se aplica. Y una tercera pista: los colectivos que estamos impulsando este cambio ya nos conocemos esa jugada y estamos convencidos de que a ningún medio le merecerá la pena seguir esa senda. La nueva norma activa una cuenta atrás de un año para adaptarse al derecho de acceso. Ya queda un día menos. Quien necesite ayuda, que la pida. La encontrará. Incumplir el plazo o violar el derecho de acceso se sancionará con hasta 10.000 euros. Demasiado barato sale obstaculizar un derecho fundamental.

A partir de ahora, radios y televisiones públicas, comerciales y comunitarias de Andalucía tendrán que dedicar al menos 30 segundos por hora de emisión a la alfabetización mediática. Es decir, a explicar a la gente cómo darse cuenta de que un medio puede manipularles; a que la gente sepa diferenciar la información de calidad de la zahúrda de la posverdad y las 'fuentes fidedignas'. Y los medios públicos tendrán también que promocionar el derecho de acceso.

Se establecen mecanismos para que la ciudadanía participe en la supervisión del sector audiovisual con los Consejos de Participación Audiovisual Local. Eso es básico para conseguir un audiovisual pegado a nuestro terruño y no a Madrid y Barcelona. No hay escapatoria para un futuro, un presente, en el que la gente se empodera con la comunicación y deja de reconocerse en el término audiencia.

Apunten la fecha: octubre de 2019. Para entonces, todo tiene que ser claramente diferente, significativamente mejor para la democracia. No será solo por la ley; sobre todo será por la voluntad popular que la ha parido.

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