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El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. La frase se le atribuye a San Francisco de Sales y no se me ocurre mejor forma de describir la política de vivienda vigente en España y que en Málaga, por la confluencia de una serie ... de factores propios de la ciudad (boom turístico, crecimiento demográfico y económico, falta de suelo para construcción de viviendas, alta demanda inversora) y de una gestión también deficiente a nivel local y autonómico (inacción ante la proliferación de alquileres turísticos, ausencia absoluta de VPO), tiene efectos más contraproducentes todavía.
Si tuviéramos un gobierno de corte libertario, no sé, pongamos como el de Milei en Argentina, que proclama su intención de reducir al mínimo la intervención del Estado y de dejarlo todo en manos del mercado, no nos extrañaría que hubiera un problemón de acceso a la vivienda, ¿cierto? Lo sufriríamos resignados sabiendo que es lo que se ha votado. Habría, al menos, congruencia intelectual porque un gobierno de esa ideología no va a intervenir en el mercado y menos, a favor de los ciudadanos más desfavorecidos.
Pero resulta que tenemos un gobierno de izquierdas que no tiene complejos en intervenir el mercado. Es lo que se espera de él. El problema es que lo hace mal. La carestía de la vivienda de alquiler no se ha aliviado con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, sino que se ha agravado. Y esto no es una opinión, es un hecho. La evidencia científica ya alertaba de los efectos contraproducentes de limitar los precios del alquiler. Se ha estudiado en numerosas ciudades, por ejemplo en San Francisco, donde la política de control de rentas que entró en vigor en 1994 produjo el efecto contrario al deseado, acelerando el proceso de gentrificación. Repito, esto no es un análisis ideológico, sino de eficacia. Y hay alternativas, puestos a intervenir el mercado: hay economistas que proponían, por ejemplo, incentivar a los arrendadores que cobren precios asequibles bajándoles los impuestos y al revés: subírselos a quienes se suban mucho a la parra.
Lo mismo ocurre con la suspensión de desahucios a familias vulnerables. Ayer se concentraron en Málaga varias decenas de afectados por la 'inquiokupación', fenómeno que no es otra cosa que la eternización de inquilinos morosos en pisos de alquiler al amparo del decreto 11/2020: una ley que se hizo en pleno estado de alarma para proteger a las familias que se quedaron sin trabajo o vieron mermados sus ingresos. Entonces tenía todo el sentido; pero la paralización de desahucios a inquilinos «vulnerables» se ha ido prorrogando año tras año. Además, los requisitos para esa declaración de vulnerabilidad son laxos y no se chequea si siguen cumpliéndose pasado el tiempo.
Los que se manifestaban ayer en Málaga eran en su mayoría jubilados que tienen una sola vivienda alquilada: la que atesoraron con el ahorro de toda su vida. En España, la gran mayoría de arrendadores tienen similar perfil. Aparte de que es injusto e hipócrita hacer recaer sobre sus hombros el llamado 'escudo social' –sobre todo cuando el propio decreto establece que los poderes públicos deberán proporcionar «alternativas habitacionales» a esos inquilinos vulnrables–, lo más grave de esta política es que está consiguiendo lo contrario a lo que pretende: muchos propietarios evitan alquilar vivienda a familias con hijos o personas dependientes a cargo, de forma que éstas ahora tienen todavía más difícil (y caro) acceder a una vivienda. Vamos, lo que viene siendo salir el tiro por la culata.
¿Cuánto tardarán en reconocer el error, aunque sea internamente, y rectificar? De momento no hay señales de que eso vaya a ocurrir. Lo que me decepciona es que desde la propia izquierda no surjan críticas ante la ineficacia de estas políticas. Parece que basta con tener buenas intenciones: el resultado nos da igual, como dice el cántico futbolero.
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