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Los nuevos okupas

JUAN CARLOS VILORIA

Lunes, 28 de octubre 2019, 07:41

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A Vitori, una mujer de 94 años vecina de Portugalete, le okuparon su vivienda mientras estaba de visita en casa de su hermana. No era un piso deshabitado, ni una vivienda municipal sin inquilinos, ni un palacete abandonado. Era su hogar. Para sacar a los desaprensivos no acudió el juez, ni la policía municipal ni la autonómica. Fueron doscientos vecinos, como Fuenteovejuna, los que 'desahuciaron' a los abusadores y protegieron la propiedad privada de su convecina. Días después, en Madrid, unos empleados del arquitecto Joaquín Torres, fueron detenidos acusados de allanamiento de morada cuando trataban de cambiar la cerradura de la vivienda ocupada de su jefe y que creían ya deshabitada. Son dos casos de los muchos que se están produciendo en España amparados por una legislación permisiva desbordada por la realidad social y por la adulteración de un movimiento reivindicativo juvenil como los 'squatters'.

En Madrid, según datos municipales, hay unas cinco mil viviendas ocupadas, la mayoría de forma violenta. Hay organizaciones delictivas que se dedican a okupar viviendas y luego alquilarlas como si ellos fueran los propietarios. Se está creando un mercado paralelo donde la coacción, la amenaza y el chantaje forma parte del paisaje cotidiano. Así que Portugalete ha sido la vanguardia de un movimiento que da un giro a la situación. Los vecinos, en lugar de tener que movilizarse para evitar un desahucio a un familia sin techo, se tienen que coordinar para recuperar la casa de una pobre vecina y desahuciar a los abusadores. Porque mientras exista una legislación permisiva para los okupas, los ciudadanos que paguen alquiler o las cuotas de una hipoteca son unos primos.

En una urbanización de Toledo (Borox) de casi cien viviendas, treinta y dos están okupadas. Ahora quieren que les 'legalicen' la ocupación y que les cobren un alquiler social. O sea legalizar la usurpación de la propiedad privada. Eso sí, con manuales de ocupación y la asesoría legal correspondiente para colarse por los entresijos que deja la legislación. El derecho de propiedad es un derecho fundamental en las sociedades democráticas pero las garantías para los que ocupan viviendas impiden que se les pueda expulsar inmediatamente. Tener una vivienda vacía se está convirtiendo en un problema. El propietario se convierte en sospechoso. O es rehén de administraciones municipales fiscalmente depredadoras o una presa fácil para las mafias de la ocupación por la fuerza. Pero la número dos de Podemos, Irene Montero, ha dado una vuelta de tuerca al capítulo de la vivienda apuntando públicamente a una propietaria para que ¡no suba el alquiler a sus inquilinos! Si querían lanzar un torpedo en la línea de flotación del mercado del alquiler lo han conseguido. A ver quién es el guapo que pone su piso en arrendamiento con la amenaza de que cunda el ejemplo. Y se presenten los amigos del inquilino en casa del arrendador presionando para que le bajen o no le suban la renta. Ese problema no lo tiene la señora Montero.

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