Memoria y concordia

JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA

Lo más probable es que la amable lectora, o lector, de esta columna no se haya leído la «Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura». Lo que seguro no le impedirá, al igual que le ocurre al nuevo líder nacional del PP, tener una opinión sobre la ley de la Memoria Histórica, que es como se (des)conoce la Ley 52/2007. De hecho, si el nuevo presidente nacional del PP se leyera los veintidós artículos, ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, de la ley, se llevaría la grata sorpresa de no encontrar ni una sola de las «paladas de rencor», que denunciaba el otro día en Ávila, ni siquiera un dedal de rencor, nada, ningún rencor.

Lo sé porque me tocó ser ponente socialista de esa ley en el Congreso, y lo único que se puede encontrar en ella son una serie de medidas de carácter simbólico que vienen a reconocer la dignidad de las personas que fueron víctimas de la violencia, otras cuantas medidas de modesta ayuda material a personas que pasaron años en las cárceles por oponerse a la Dictadura, la autorización para las actividades de localización e identificación de los restos de personas asesinadas, que seguían siendo buscados por sus hijos con el deseo de darles una digna sepultura antes de morir ellos mismos. También una serie de sensatas indicaciones sobre qué hacer con ciertos símbolos y monumentos de la Dictadura sin valor artístico, respetuosas con la voluntad de los ayuntamientos, a cuya criterio democrático se dejaban las decisiones definitivas. En fin, nada se dice en esa ley de qué pasó en 1936 o de quién tuvo la culpa de lo que pasó. Los socialistas entendimos que esa no era una tarea de los diputados, sino de los historiadores. La memoria de una sociedad no la establecen las leyes, sino la vida vivida, los recuerdos, los libros, las películas, las canciones. Tampoco juzgamos a nadie en la ley, porque entendimos que juzgar es una labor de los jueces y no del Parlamento.

Toda la valoración política que se encontrará en la ley 52/2007 es que en su exposición de motivos hay un canto a la Transición y a la Constitución de 1978: «El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora».

Fue la concordia lo que hizo posible la Constitución, y con ella todas las leyes democráticas. Por desgracia, faltó corazón, y no hubo concordia para una ley tan prudente y cuidadosa como la 52/2007, al contrario, mientras la hacíamos recibimos algunas paladas de rencor que nos produjeron tristeza, pero nada más. No solo de cierta derecha, también de una incierta izquierda. En todo caso, ese rencor estará en algunos corazones, pero no en la ley 52/2007.

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