MEDIADORES

MEDIADORES
NIELSON SÁNCHEZ-STEWART

ES la primera vez que yo recuerde la invocación a un mediador ha producido sentimientos y expresiones encontradas. Algunas han sido tan vehementes que el inventor prefirió emplear otra terminología, algo abstrusa pero menos provocadora. Hasta hoy, los mediadores y la actividad a la que pretenden dedicarse -porque la verdad es que hay más mediadores que mediaciones o, por lo menos, ésa es la impresión que tengo- eran conceptuados como una especie de bálsamo de Fierabrás, un Mentholatum que iba a resolver todos los problemas, traer la paz al mundo y, de paso, desatascar los juzgados porque ya se acudiría a ellos en casos extremos, cuando fuese imposible solucionar los temas con la ayuda de este sistema. Desde hace años he venido advirtiendo que si esta maravilla se hacía forzosa los Abogados íbamos a experimentar una merma en nuestros ya modestos ingresos profesionales. Hace ya algún tiempo, se promulgó la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Antes, con mayor o menor fortuna se habían aprobado leyes en las Comunidades Autónomas, entre ellas, la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El legislador trata con mimo la figura y a quien la desempeña de una forma que ya quisiésemos que deparase a otras actividades. A pesar de la buena voluntad de la ley estatal, manifestada en su preámbulo que pondera entre las ventajas de la mediación su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y, por eso, «ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral...». Y sigue diciendo que «...está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto». Suena bien ¿no? Pues me atrevo a manifestar que el invento ha resultado casi un fracaso. Porque, para comenzar, no es un invento ni mucho menos aunque se ha querido revestirlo de ciertas connotaciones que lo hacen aparecer como algo novedoso. Los Abogados nos hemos pasado la vida resolviendo los conflictos de nuestros clientes mediante el diálogo y la conciliación y sólo cuando después de mucho esfuerzo no se logra un acuerdo por la contumacia de una de las partes que prefiere dilatar la solución confiada en el largo período que va desde la interposición de la demanda hasta la ejecución forzosa período que da tiempo hasta para morirse, nos vemos obligados a impetrar el auxilio judicial. Nos dicen que esa labor no es mediación porque no somos neutrales pero la parcialidad de uno se compensa con la parcialidad del otro y llegamos a lo mismo.

El hasta ahora escaso éxito de la institución se aprecia, por una parte en el menguado número de conflictos que se acogen a este mecanismo en comparación con el total de los que se someten a la decisión de los tribunales: la estadística habla por sí misma. Por otra parte, porque los juzgados siguen tan atascados como antes y, por último, porque así lo reconoce la propia administración que ha ideado darle un impulso, empleando este término en el anteproyecto de ley que ha elaborado. Con esto está reconociendo que es manifiestamente mejorable porque no se requeriría tal impulso si no lo fuese. En estos días hemos examinado el texto en el Consejo General de la Abogacía Española, primero, de la mano de su autor, un talentoso funcionario del ministerio y después entre nosotros en un laborioso pleno. No tenemos nada contra la mediación pero le negamos ese carácter mágico que algunos le atribuyen y criticamos el recurso ideado por el gobierno que calificábamos de decimonónico. Como no ha funcionado mientras se respetaba su carácter estrictamente voluntario, pues lo hacemos obligatorio hasta donde piensan que se puede. No se impone privando al justiciable del derecho a la tutela judicial efectiva que le asiste desde que se aprobó la Constitución Española, pero se le obliga a intentarla, a ver si pica y deja a la administración de justicia dedicarse a otros asuntos. Esta receta es muy antigua ya y se aviene mal con la libertad de la que hoy gozamos y tanto nos ufanamos.

Podría seguir pero me dirían que respiro por la herida. No: por si las moscas, aprobé el curso de experto en mediación hace ya tiempo porque veía lo que se nos venía encima.

Y conocí allí gente estupendísima.