Machismo y Constitución

Nadie, creo, podría acusar a nuestra Constitución de machismo, pero cuando hablamos de sus siete «padres», los que redactaron sus artículos, no usamos el término como el sustantivo epiceno que menciona la RAE y que incluiría tanto padres como madres: lo cierto es que los miembros de la ponencia constitucional fueron todos hombres, aunque también es cierto que en la Comisión y en los plenos del Congreso y del Senado que la aprobaron había algunas (¡muy pocas!) mujeres. Inevitablemente, las constituciones son, como todas las obras humanas, hijas de su tiempo. Aunque pretenden proyectarse sobre el futuro, y aspiran a sentar bases sólidas sobre las que se regirán las sociedades durante mucho tiempo, ninguna Constitución puede cambiar de golpe las actitudes que están arraigadas en las personas. Cuando se aprobó la nuestra, en 1978, se terminaron las discriminaciones que el franquismo había venido manteniendo contra las mujeres en leyes de todo tipo, pero sólo eso: la Constitución puso fin a las leyes machistas, no a los comportamientos machistas. Sin embargo, gracias a los nuevos valores que la Constitución trajo consigo, el machismo pudo también ir desapareciendo, poco a poco, de las conductas de muchos hombres y mujeres que lo habían venido viendo como algo natural.

Las Constituciones no cambian las mentalidades, pero gracias a ellas los ciudadanos, que vivimos amparados por las libertades con las que nos protegen, sí podemos hacerlo. No podemos esperar de la Constitución que termine con el machismo, esa es una tarea que, como todas las que hacen que las democracias se mantengan vivas, recae inevitablemente sobre sus ciudadanos. Es verdad que, en algunos casos, sobre todos los más extremos, la lucha contra determinados comportamientos machistas puede confiarse a las Leyes que la Constitución permite aprobar. Pero, en mucha mayor medida, su erradicación social depende de nuestras propias decisiones. Desde luego, para empezar, debemos ser implacables cuando el machismo hace acto de presencia en nuestros representantes públicos.