Una regularización extraordinaria urgente, por necesaria

Pues bien, ahora el Gobierno plantea una regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que hayan llegado antes del 2025 y corregir las deficiencias del nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 20 de mayo, acogiéndose a la Iniciativa de Legislación Popular (ILP), avalada por 600.000 firmas y que pedía la regularización de 500.000 inmigrantes.

Esta regularización es fruto de un largo recorrido. En la segunda quincena de diciembre de 2022 se confirmaba que el movimiento migrante RegularizaciónYa, había conseguido ya más de medio millón de firmas útiles necesarias para que se apruebe una ILP que promueva la regularización extraordinaria de personas migrantes sin papeles.

Han sido años de trabajo y esfuerzos que han unido prácticamente a un millar de organizaciones muy diversas desde organizaciones patronales, sindicatos, ONGs a la propia Conferencia Episcopal. Con este resultado se culminaba un esfuerzo que se inició en el año 2020, durante el primer encierro de la pandemia. En aquel momento Portugal e Italia iniciaron unos procesos parciales de regularización extraordinaria. La irregularidad era casi inasumible en plena crisis sanitaria puesto que limitaba las capacidades de los colectivos sin papeles para poder ayudar. A pesar de todo nació en nuestro país RegularizaciónYa, una red de personas migrantes sin papeles. La Fundación por Causa presentaba en un informe actualizando, el primero en 15 años, los datos del perfil de la irregularidad en España; casi medio millón de personas, la mayoría de origen latinoamericano, se encontraban en situación irregular.

Tuvo que transcurrir un año para que todo catalizara en una nueva iniciativa. La idea era utilizar los recursos que nos ofrece nuestro sistema democrático para iniciar una acción que llevara el debate de la regularización al Congreso fuera del marco partidista: una Iniciativa Legislativa Popular. El primer reto fue conseguir que el Congreso aprobara la propuesta de texto legislativo. Y, una vez conseguido esto, se inició la segunda parte del proceso, conseguir medio millón de apoyos legales, en formato de firmas físicas o digitales con certificado electrónico. Han sido meses de trabajo intenso en los que principalmente RegularizaciónYa ha sido capaz de demostrar que la unión hace la fuerza y que existe un apoyo social fuerte a la regularización extraordinaria en nuestro país. 

En 2022 se entregaron en el Congreso más de medio millón de firmas verificadas. Con esto se iniciaba un nuevo proceso en el que la propuesta legislativa se tendrá que debatir y potencialmente conseguir los apoyos necesarios para salir adelante. El proyecto de regularización extraordinaria, según el cual se otorgaría estatus legal a medio millón de personas bajo ciertas condiciones, fue aprobado en abril de 2024 por todas las bancadas en el Congreso de los Diputados, con excepción de Vox. Pero ha permanecido estancado más de un año.

Apostar por la regulación extraordinaria de alrededor de 500.000 personas que llegaron a España antes de 2025 puede parecer un desafío en un entorno polarizado, cada vez más hostil a los inmigrantes. Pero el ejemplo de la regularización extraordinaria de los extranjeros afectados por la Dana, pese a sus dificultades, supone un éxito social sin demasiada contestación política. Además de tratarse de proteger por ley la dignidad y los derechos de miles de personas, la iniciativa tiene una vertiente claramente pragmática: la economía española sigue necesitando la inmigración para mantener su ritmo de crecimiento.

Según un reciente estudio del Banco Central Europeo, el 80% del incremento del PIB de los últimos cinco años en España ha sido generado por los trabajadores venidos de fuera. A ello hay que añadir la riqueza demográfica y cultural que significan. Sería una irresponsabilidad que los grupos parlamentarios, que la aprobaron, antepusieran ahora la cicatería partidista a las virtudes de una iniciativa necesaria y socialmente tan trasversal. Una regularización urgente, por necesaria, ya que la normalización de este proceso dentro del imaginario colectivo no solo es un deseo, sino un triunfo por conseguir que la excepcionalidad sea que existan personas en situación irregular en nuestro país.