Imparcialidad judicial

Solo desde el fanatismo se puede presentar a España como una dictadura

PEDRO MORENO BRENES

El Poder Judicial no vive sus mejores momentos en España. A la errática gestión del cambio jurisprudencial en materia de tributación de las hipotecas se une la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España (caso Otegi, Mondragón y otros) según la cual en este proceso se vulneró la garantía a un juez imparcial de los demandantes. Para situar al lector, Otegi y otros procesados fueron juzgados y condenados por la misma Sección de la Audiencia Nacional (AN) que en un asunto anterior también les condenó, aunque en este supuesto la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo (TS) por unas declaraciones en sede judicial de la presidenta de la Sección que habían generado dudas sobre su imparcialidad (conociendo las actuaciones otra Sección de la AN que finalmente absolvió a los procesados). En otras palabras, si en un caso anterior había dudas (y así lo declara el TS) sobre la imparcialidad de quien preside el juicio, en otro posterior con los mismos actores se mantienen esas dudas. El derecho al juez imparcial integra la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), derecho que se reitera en el artículo 6. 1 del Convenio Europeo de derechos Humanos (CEDH), y que por tanto adquiere vital importancia en un Estado de Derecho que debe proteger su ejercicio a todos los ciudadanos, incluso a Otegui, un individuo que en su momento justificaba el asesinato como arma de acción política. El lector se puede preguntar lo que pinta en todo esto el TEDH con sede en Estrasburgo y que de vez en cuando aparece en las portadas de nuestros periódicos en asuntos muy mediáticos. Este órgano jurisdiccional protege los derechos y libertades recogidos en el CEDH de 1950 aprobado en el marco del Consejo de Europa (organización internacional con 47 miembros y que no hay que confundir con la Unión Europea) y tiene la particularidad de ser una jurisdicción internacional donde los ciudadanos pueden acceder (aunque con rigurosos requisitos procesales) en igualdad de condiciones que los estados; por otra parte, hay que destacar que cuando se refieren a resoluciones firmes, sus sentencias son efectivas en nuestro ordenamiento mediante el recurso de revisión (art 5bis LOPJ).

Publicada la comentada resolución del TEDH, la traca. Uno de los afectados y coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que en la sentencia de Estrasburgo «España queda retratada como lo que es: un Estado antidemocrático», a lo que se adhiere el Sr. Torra, presidente de la Generalitat, al afirmar que la sentencia da la razón al independentismo catalán en el juicio del 1-O por la «ausencia de justicia en una causa general llena de venganza». Por encima de declaraciones explosivas, la sentencia del TEDH comentada no cuestiona el sistema judicial de España y se limita a identificar una vulneración concreta del derecho a un juez imparcial; además conviene recordar que Dean Spielmann (quien fuera presidente del TEDH), en 2015 consideraba que la cifra de vulneraciones por España del CEDH «es extremadamente baja y satisfactoria». Dicho lo anterior, cualquier lesión de un derecho fundamental (sea quien sea el afectado) es una fractura del Derecho y hay que evitarla, lo que conlleva que los tribunales (máximos garantes de la legalidad) deben extremar el celo en ese cometido, pero de ahí a presentar a España como una dictadura va un trecho que solo se traspasa desde la desinformación temeraria o el fanatismo.

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