Gobierno Abierto

La participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas y en su seguimiento profundiza la democracia

Gobierno Abierto

En 2008 la caída de Lehman Brothers desencadenó una crisis económica global que erosionó la confianza en los entes reguladores y los líderes políticos. Al año siguiente, el presidente Obama publicó el memorándum Gobierno Abierto con una serie de medidas para fortalecer el ethos democrático y reconquistar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Desde entonces, la idea de Gobierno Abierto se refiere a la incorporación de la ciudadanía en los procesos y decisiones gubernamentales mediante el acceso a la información y su participación en la elaboración de políticas públicas y en el seguimiento de las mismas. Las propuestas de Gobierno Abierto se han multiplicado en los últimos años. Un ejemplo de ello es la iniciativa Open Government Partnership, en la que participan 88 gobiernos de todo el mundo.

La proliferación de iniciativas de Gobierno Abierto está estrechamente asociada al desarrollo de internet y las nuevas tecnologías de la comunicación. La dependencia tecnológica condiciona los términos del debate sobre su potencial democratizador. Los 'tecno-optimistas' subrayan que las tecnologías digitales fortalecerán la democracia al facilitar el acceso a la información, la deliberación y la participación. Los 'tecno-pesimistas' se fijan más en las brechas digitales y en la capacidad de los poderosos de controlar el espacio digital, manipulando la información y debilitando las instituciones democráticas.

Los dos tipos de argumentos son importantes y deben ser tenidos en cuenta. El potencial teórico de los nuevos medios tecnológicos parece tan difícilmente discutible como las evidencias recientes de manipulación de la información a gran escala con el objetivo de influir directamente en los procesos políticos. Las nuevas tecnologías no tienen efectos automáticos sobre la democracia, ni positivos ni negativos. Las tecnologías digitales generan nuevas oportunidades, pero incrementan la entropía social y política, generando nuevos retos.

Más allá de las sofisticaciones tecnológicas, la construcción de gobiernos abiertos que profundicen y den consistencia a la democracia dependerá, en última instancia, de los criterios éticos que informen la vida política. Hay dos principios interrelacionados que son especialmente relevantes en este momento.

La búsqueda del bien común es el primer principio. Frecuentemente se tiende a reducir la democracia a un mercado de propuestas en el que los líderes políticos interpretan y canalizan las aspiraciones de los votantes. Según esa lógica mercantil, sería suficiente con que cada persona busque activamente sus propios intereses. Sin embargo, la profundización de la democracia exige que la ciudadanía y los líderes políticos asuman el bien común como objetivo último. No basta con agregar intereses particulares. Es necesario explicitar cómo las distintas propuestas mejoran la convivencia y responden a los retos de la sociedad.

Este principio conlleva que los líderes políticos renuncien a seguir las olas de la opinión pública, exacerbando las divisiones que les benefician, para asumir la responsabilidad de hacer pedagogía política, ayudando a hacer entendibles la complejidad de las decisiones y sus consecuencias para el conjunto de la sociedad.

El segundo principio hace referencia a la inclusión de la perspectiva de las minorías y de los grupos marginados. Ese es el test por excelencia del bien común. Lo común no es lo mayoritario, lo común es lo que tiene vocación de incluir a todos. En sociedades cada vez más complejas, crecientemente desiguales y donde factores estructurales determinan la posición social de diferentes grupos, la profundización de la democracia pasa por la inclusión en los debates de la perspectiva de los grupos que habitualmente no son escuchados. Gracias a décadas de trabajo de la teoría política y del movimiento feminista, tenemos la experiencia de la creciente, aunque todavía insuficiente, participación política de las mujeres y la consecuente transformación de prácticas sociales y políticas públicas. Sin embargo, hay muchos grupos sociales invisibilizados que tampoco contemplamos, o no suficientemente, como actores en nuestro sistema político: menores de edad, población inmigrante, personas con diversidad funcional, etc.

Construir Gobierno Abierto desde estos dos principios requiere un liderazgo político que haga uso de las nuevas tecnologías para ir más allá de los criterios de conveniencia coyuntural, que aspire a construir sociedades inclusivas y que sea capaz de argumentar ética y pedagógicamente incluso contra el parecer inicial de sus potenciales votantes. Pero no nos engañemos. Necesitamos igualmente una ciudadanía y unos medios de comunicación que valoren ese tipo de liderazgo. En ausencia de criterios éticos que guíen la actuación de todos los actores implicados, la innovación tecnológica en el ámbito de gobierno estaría abocada a reproducir, o incluso aumentar, las limitaciones de la política tradicional.