Fragilidad de la Justicia

Han sido innumerables las modificaciones legales que se han introducido desde siempre en la Justicia con ese afán nunca alcanzado de hacerla más ágil, más rápida y más efectiva al compás de la tantas veces repetida frase: la justicia cuando es lenta no es justicia. En una de esos cambios se pretendió aliviar de muchas tareas administrativas a los magistrados que deberían preocuparse fundamentalmente en poner sentencias. Ser unas máquinas ponedoras como jocosamente calificaba la nueva normativa quien fue presidente de la Audiencia Provincial de Málaga. Pero como el trabajo tiene que hacerlo alguien ¿por qué no los Secretarios Judiciales, versados en derecho como licenciados que habían ganado su plaza después de una difícil oposición? Se aumentaron sus labores y sus responsabilidades de manera abismal. Hasta les cambiaron el nombre. Eso de 'secretarios', por muy judiciales que fuesen, sonaba como algo subalterno. Pasaron a llamarse con absoluta impropiedad Letrados de la Administración de Justicia. Digo impropiedad porque letrados somos los abogados, por lo menos según la Real Academia Española de la Lengua (acepción sexta, la primera no ofensiva) y así nos llaman los jueces cuando estamos en estrados y nos quieren regañar. «Vaya acabando, señor letrado. Sobre ese punto ya ha insistido bastante, señor letrado», y frases así de agradables. Es cierto que también hay Letrados de las Cortes Generales, del Consejo de Estado y de alguna otra corporación pero la misión que desempeñan es consultiva y no ejecutiva. Más propio habría sido denominarlos notarios judiciales porque lo son. Porque si bien se les asignaron varias otras, la principal tarea sigue siendo el ejercicio de la fe pública judicial con exclusividad y plenitud. Son también los responsables de la documentación, tienen funciones procesales y, entre ellas, la ordenación e impulso del proceso; son los directores de la Oficina judicial. Y son indispensables, parece.

Su nueva denominación, ahora que protagonizan una huelga general causa confusión y me ha pasado que algún paisano, con socarronería, me atribuía estar de brazos caídos. Es que los periodistas no derrochan palabras y aquello de la Administración de Justicia desborda los titulares. Con letrados basta. Cierto es que, con esa manía, de las siglas, el apelativo con el que se les conoce es el del nada hermoso vocablo: LAJ y en plural, LAJs. Me quedo con Secretario Judicial.

Bueno, según alegan y con razón, cuando se alteró su función se les prometió un aumento salarial y, probablemente, se les pidió paciencia por tener que esperar hasta la aprobación de un próximo presupuesto que contemplase ese desembolso. Esta es la excusa característica de las instituciones cuando no quieres realizar un determinado gasto. Cuando sí lo desean lo cargan a otra partida presupuestaria y no pasa nada.

Desde que se les hizo esa promesa se han aprobado varios presupuestos anuales, dicho en otras palabras, han pasado varios años y no se han visto atendías sus reivindicaciones. Todo tiene un límite, incluso la provincia de Badajoz y el colectivo no ha visto otra solución que acudir a la venerable institución de la huelga.

Por ello, los juicios programados se han tenido que suspender en su mayor parte porque no pueden celebrarse so pena de nulidad sin la presencia de quien debe dar fe del acontecimiento. Y la suspensión de un juicio no es cuestión baladí. Deben concurrir varias personas, a veces muchas, no en pocas oportunidades precisan un desplazamiento más o menos largo, una preparación, desatender otras actividades importantes, asistir al puesto de trabajo, por ejemplo. Además, es un aplazamiento sine die, es la vuelta a la masa de diligencias judiciales pendientes de que se les fije fecha, remota, increíblemente remota.

La Abogacía ha mirado inicialmente la protesta con cierta simpatía. No en balde es muy comparable la situación de los LAJs con la que experimentan aquellos que prestan generosamente el servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita que han sido permanentemente seducidos por la promesa de mejora para que esperen unas retribuciones dignas y que, en el intertanto, seguir actuando mientras son remunerados con mezquindad.

Pero resulta increíble la pasividad del Gobierno de la Nación entretenido en oponerse a la oposición, atender necesidades muy respetables pero que afectan a una fracción mínima de la ciudadanía sin parecer aquilatar la importancia del aplazamiento de más de doscientos mil juicios, la falta de admisión de más de trescientas mil demandas, la desatención de trámites en el Registro Civil.de fundamental importancia para la ciudadanía, nacimientos, matrimonios, defunciones...

Sucede con todos los servicios públicos. Cuando paralizan sus actividades no es quien les paga el que sufre las consecuencias como sucede en el ámbito privado. Es la sociedad la que se ve afectada y, en este caso, muy afectada.

Hoy, cuando se pondera la mediación como solución a todos los problemas, como una pócima infalible para todos los conflictos humanos no se ha ensayado el método a pesar de que incluso algunas personalidades del mundo jurídico se ha ofrecido para desempeñar esa difícil tarea.

El presidente del Gobierno se ha involucrado directamente en el asunto, como si no fuese él el último responsable.

La Justicia no sólo es ciega, es frágil. Cualquiera de sus operadores puede ponerla en peligro.