La financiación municipal ante el nuevo escenario

El impuesto de Plusvalía es el segundo en importancia para los ayuntamientos, después del IBI, pero a partir de este año 2018 los ingresos por esta partida caerán espectacularmente

La financiación municipal ante el nuevo escenario
juan manuel ruiz galdón
JUAN MANUEL RUIZ GALDÓNProfesor de la UMA y economista

No hay que ser muy inteligente para saber que los Ayuntamientos no pueden prestar los servicios que las leyes les confieren si no tienen los recursos suficientes para ello. Es más, así lo establece nuestra Constitución en su artículo 142 al señalar que «Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas».

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, el total de ingresos municipales se elevó a unos 52 mil millones de euros en 2015, último año publicado. Para hacernos una idea, la recaudación por el IVA a nivel nacional en dicho año fue de aproximadamente unos 60 mil millones. Es decir, todos los ingresos municipales no llegan al nivel de la recaudación por el IVA a nivel nacional.

De los 52 mil millones de ingreso municipal, unos 22.000 lo eran en conceptos de Impuestos propios, siendo el Impuesto de Plusvalía el segundo en importancia con unos 2.700 millones de euros después del Impuesto de Bienes Inmuebles. Los Ayuntamientos han visto duplicar el Impuesto de Plusvalía desde el 2012, año en el que comienza a apreciarse una leve recuperación de la actividad inmobiliaria.

Pero a partir de este año de 2018, las cifras del Impuesto de Plusvalía caerán espectacularmente con la modificación que sufrirá el tributo en las Cortes Generales fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017. Una vez aprobadas las modificaciones por las Cortes y publicadas en el BOP, se darán unos meses a los Ayuntamientos para que modifiquen sus Ordenanzas Fiscales ajustándose a la nueva regulación. Sin lugar a dudas, el dejar fuera de tributación las transmisiones en las que se demuestre la inexistencia de incremento de valor será importante, pero lo será más el cambio de coeficientes de actualización de la base imponible, que caerán de manera espectacular, lo que hará que algunas transmisiones se desplomen en algo más del 80% en las cuantías de este impuesto. Un nuevo escenario en el que bajará la fiscalidad del impuesto y se iniciaran reclamaciones sobre los ingresos producidos por este impuesto.

La sentencia ha demostrado que los legisladores lo hicieron mal en su día, y los Ayuntamientos, sin capacidad alguna de legislar sobre los Impuestos municipales, ahora se encontrarán con una reducción importantísima en sus ingresos, con devoluciones igualmente importantes.

Mientras que los contribuyentes se encontrarán con un impuesto más justo, y menos gravoso, con procedimientos más o menos claros para reclamar lo indebidamente ingresado y liquidar ajustado al nuevo orden tributario, los Ayuntamientos se enfrentarán, unos más que otros, a una situación que pudiera incluso llevarles a no poder garantizar servicios e incluso incumplir con el principio de estabilidad presupuestaria que les impone el artículo 135 de nuestra Constitución.

Es por ello que los Ayuntamientos debieran solicitar del Estado las pérdidas que sufran por esta modificación, necesaria y ajena a ellos, de manera similar a cuando se produjo la modificación última del Impuesto de Actividades Económicas, incorporándose dichas perdidas al Fondo Complementario de Financiación que perciben ya todos los Ayuntamientos.

En Andalucía, el Impuesto de Plusvalía generó unas liquidaciones a los municipios por valor de unos 207 millones en 2010, pasando a unos 431 millones en 2016. Descendiendo a los de nuestra provincia, comprobamos cómo estos liquidaron 74 millones en 2010, pasando a unos 200 millones en 2016. A los municipios malagueños les aumentaban los ingresos por el Impuesto de Plusvalía en mayor proporción que para el total andaluz.

Más allá de la importancia indudable que tienen estos ingresos para los municipios en España y más concretamente para los malagueños, o de la presión que estos hagan a la hora que se les compense segura merma de ingresos que le provoque la reforma del Impuesto, no es menos cierto que los Ayuntamientos deben aprovechar que la nueva financiación autonómica y local debe acometerse en este año 2018, e invocando el artículo 142 de la Constitución, hacer que se garantice la suficiencia financiera de los Ayuntamientos y demandar una segunda descentralización, después de 40 años en los que las Autonomías no han producido descentralización alguna en la administración local, siendo conocedores del complejo escenario político nacional, con tensiones territoriales extraordinarias y una manifiesta debilidad en el nuevo gobierno de la nación.

Recientemente leía una referencia de Pierre Rosanvallon, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Política en el Collège de France: «Todo el mundo puede ponerse rápidamente de acuerdo en vetar un proyecto de ley o en votar contra un presidente de Gobierno», la denominada 'coalición negativa'. Veamos qué sucede de ahora en adelante con las negociaciones en el orden local y autonómico, en las que se precisarán 'coaliciones positivas', como en todo lo que atañe al interés nacional.

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