Enigmas en torno a la evasión fiscal

Es evidente el condicionante que representa el grado de dificultad inherente a la identificación del fenómeno del fraude fiscal, pero, dadas sus importantes implicaciones recaudatorias y su patente vulneración de la justicia tributaria, está plenamente justificado otorgarle una mayor prioridad. Por añadidura, cabría hablar de un considerable 'estoicismo fiscal' de los contribuyentes reales, quienes, además de soportar una presión fiscal efectiva más alta que la aparente, han de afrontar una carga mayor para cubrir el desfase por incumplimiento.

Aunque, últimamente, se observa una mayor atención por parte de las investigaciones académicas, éstas se enfrentan a importantes limitaciones metodológicas, a veces subsanadas con supuestos heroicos. Algunos estudios orientados a la cuantificación del fraude fiscal arrojan una cifras muy apreciables. Así, por ejemplo, en un trabajo publicado por Fedea en 2014 (realizado por Félix D. Barrero y coautores), referente a España, se concluía que, para algunas categorías de rentas no salariales, existía un elevado porcentaje de infradeclaración en el IRPF que iba desde el 45% al 61%. En contraposición, respecto a los rendimientos del trabajo, el grado de declaración era total, lo que venía a reflejar la eficacia del sistema de retenciones a cuenta. No obstante, debe tenerse presente el elevado peso de la economía sumergida en España, en torno al 20% del PIB. En otro estudio, de César Pérez y coautores (Instituto de Estudios Fiscales, 2023), se estima un grado de incumplimiento en el IRPF entre el 40%, en 1995, y el 20%, en 2006, con un 25% en 2016.

Por otro lado, de manera destacada a partir de los trabajos realizados por el equipo de investigación dirigido por Gabriel Zucman (EU Tax Observatory), está disponible una amplia información sobre el alcance de la pérdida de recaudación originada por el traslado de parte del beneficio de las corporaciones multinacionales a jurisdicciones de baja tributación, así como sobre la riqueza de personas físicas asentada fuera de sus lugares de residencia, en zonas con un benigno tratamiento fiscal.

Para el año 2021, se estima que los ingresos dejados de obtener en España como consecuencia del proceso de desvío de beneficios por las multinacionales ascendieron a un 13,2% de la recaudación del impuesto sobre sociedades, lo que representa una cifra superior a los 4.200 millones de euros. Por lo que se refiere a la riqueza financiera offshore (lo que, per se, no es necesariamente sinónimo de no tributación) de residentes españoles, podría ser del orden del 10,5% del PIB en 2022, esto es, de unos 144.000 millones de euros.

En términos generales, la recaudación tributaria de un país depende básicamente de los siguientes factores: normativa fiscal, actividad económica real, hechos imponibles originados, sujeción tributaria efectiva, cuantificación de bases imponibles, liquidación tributaria, sistema de retenciones a cuenta, control administrativo, y régimen sancionador de los incumplimientos. Una política efectiva contra el fraude tendrá como objetivo que haya una tasa de conversión próxima a la unidad entre las bases imponibles generadas y las gravadas. Un análisis de las variables que inciden en cada uno de los factores mencionados se antoja requisito crucial para una política impositiva adecuada.

Aunque, evidentemente, el tratamiento del fraude ha de adaptarse a las diferentes categorías que se dan en la práctica, parece claro que las inversiones en conocimiento, detección y erradicación de dicho problema son altamente rentables desde un punto de vista social. En este contexto, resulta de gran interés la metodología utilizada en el Reino Unido para estimar el 'desfase fiscal' completo, en el que se incluye la merma total de la recaudación por los siguientes tipos de comportamiento: elusión, ataque delictivo, error, evasión, descuido, economía sumergida, interpretación legal, y falta de pago.

Pero las actuaciones no han de limitarse a la esfera impositiva. También la eficiencia y la eficacia del gasto público constituyen un aliado fundamental en la conformación de la actitud de la población respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.