Deuda pública y temores inflacionarios

El semanario británico The Economist viene a sumarse a la corriente de los organismos económicos internacionales que se hacen cruces por los alarmantes niveles en los que se ha situado la deuda pública en los países más desarrollados. Y advierte de que no cabe confiar demasiado en que la atención del servicio de la deuda provenga de una política de «apretarse el cinturón»: en la era del sufragio universal, sólo una economía del G7 (Canadá) logró una gran disminución de su deuda principalmente por ese procedimiento. Con carácter general, existe una escasa propensión política a recurrir a éste. Pese a la existencia de reglas y restricciones fiscales, «los políticos las suspenden, abusan de ellas o las eluden casi tanto como les apetece», se señala en el informe monográfico publicado por la citada revista.

Desde el punto de vista de la gestión de las finanzas públicas, en numerosos países el panorama se complica por una serie de factores que actúan en varios frentes: la próxima renovación de deuda a tipos de interés más altos, y las mayores necesidades de gasto público vinculado a las pensiones, la sanidad, el medio ambiente o la defensa. Aun cuando el crecimiento económico es un gran aliado para hacer frente a los retos planteados, tras un profundo análisis, The Economist considera que no es probable que el aumento de la población, por la inmigración, ni tampoco el avance de la productividad, sean suficientes para solventar la situación presupuestaria. Cuatro son, potencialmente, las vías restantes para hacer frente al problema de la deuda pública: i) recortar el gasto público; b) elevar la presión fiscal; c) crear dinero a gran escala con la consiguiente aparición de la inflación; y d) no pagar la deuda (default). Las dos primeras opciones son complicadas, teniendo en cuenta las presiones existentes para significativos programas de gasto y los elevados niveles impositivos alcanzados en algunos países, particularmente para quienes cumplen estrictamente sus obligaciones fiscales. La última es una alternativa prácticamente descartada en la actualidad en los países más avanzados, con sólo contadas experiencias recientes, ciertamente dolorosas, por sus causas y por sus consecuencias.

Así las cosas, el recurso a la inflación, que cuenta con importantes precedentes en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aparece como gran tentación. La cesión de la soberanía monetaria a una institución formalmente independiente, especialmente si es de carácter supranacional, representa un importante escollo, pero no una barrera insalvable. De todas formas, la inflación sigue reptando y, de manera soslayada, va erosionando el valor de los saldos monetarios y de las deudas. La inflación causa un enorme daño a la economía y a la sociedad. Tiende a redistribuir la riqueza de manera injusta y arbitraria. La inflación no es un impuesto, dado que también se benefician de ella, directamente, los deudores privados, pero equivale a un potente e inapelable mecanismo esquilmador que puede utilizar el sector público para cancelar parte de su deuda, en vez de recurrir a cargas tributarias explícitas.

Suele afirmarse que las generaciones más jóvenes, en comparación con las de mayor edad, tienen menos acierto en las preguntas de educación financiera sobre la inflación, por su falta de experiencia de períodos inflacionistas. Una pregunta general podría ser la siguiente: en una situación hipotética, alguien presenta un billete de 100 euros, obtenido en enero de 2002, cuando empezó a circular la divisa europea, para que se lo cambien por el valor real que hoy tiene ese importe en España, ¿cuánto dinero le darían?

Una investigación de la OCDE, en la que se analizan episodios de reducción de deuda entre finales de los años setenta del pasado siglo y 2010, concluye que el factor más relevante ha sido el de una coyuntura económica favorable, con modestas aportaciones por el lado del gasto y por el de los ingresos. Ante lo que se consideran presiones sin precedentes sobre la sostenibilidad de la deuda, se recomienda aprovechar los buenos momentos económicos para reconstruir los colchones fiscales y reducir las ratios de deuda. Por cierto, el tenedor del billete mencionado se tendría que conformar con menos de 60 céntimos. Dicho de otra forma, hoy necesitaría más de 170 euros para tener el mismo poder adquisitivo que en el momento inicial antes mencionado.