La descentralización del sector público en España

1. España ha pasado de ser uno de los países más centralizados del mundo a ser uno de los más descentralizados. Es una de las 7 naciones de la OCDE donde las administraciones territoriales (regionales y locales) representan más del 40% del gasto público total.

2. El protagonismo esencial corresponde a las Comunidades Autónomas (32% del gasto total de las Administraciones públicas), que, prácticamente, triplican el peso de las Corporaciones Locales (11%), superan claramente al del Estado (24%), y casi alcanzan el de la Seguridad Social (33%).

3. La participación de dichas Comunidades es bastante inferior respecto a los ingresos públicos (17%), lo que revela un insuficiente grado de corresponsabilidad fiscal, concerniente a la concordancia entre las decisiones sobre gastos e impuestos.

4. Aunque existe una suposición generalizada en el sentido de que la descentralización es intrínsecamente deseable, «la cuestión -señala la OCDE- no es si la descentralización es buena o mala en sí misma, sino que se trata, más bien, de discernir las condiciones bajo las que la descentralización puede promover la democracia local, una provisión eficiente de servicios públicos y el desarrollo regional». Ninguna instancia pública está exonerada de una evaluación rigurosa y objetiva de su actuación.

5. Según un informe de Fedea, la dispersión de la renta per cápita entre las regiones españolas se redujo muy apreciablemente entre 1955 y mediados de los años 70, mientras que, desde entonces, se observa una sorprendente estabilidad, con solo pequeños altibajos.

6. La OCDE ha puesto de manifiesto unos desfases de política económica que pueden producirse en un esquema de gobierno multijurisdiccional. Uno de ellos es la fragmentación en la gestión, que puede surgir tanto en el plano horizontal como en el vertical. De otro lado, puede darse un desajuste entre las demarcaciones administrativas y las áreas económicas reales, entre las funciones competenciales y las demandas efectivas de servicios, lo que puede perjudicar, por falta de recursos, a metrópolis como la ciudad de Málaga.

7. Como destaca un estudio de Funcas, existen diferencias interterritoriales notables en el nivel y la composición del gasto autonómico, así como una diversidad significativa en la forma en que se prestan los servicios en los diferentes territorios.

8. En ese mismo estudio se señala que, «en general, ha existido un amplio respaldo social y político al proceso [de descentralización autonómica] y una satisfacción generalizada y creciente de los ciudadanos. Solo en la última parte del período analizado [1978-2018], por razones tanto políticas... como económicas... se constata un cierto retroceso en ese apoyo».

9. No cabe duda de que el impulso autonómico estuvo íntimamente ligado a la demanda de instauración de un régimen democrático, lo que, en buena medida, explica que el componente del análisis económico quedara supeditado a esos factores sociológicos y políticos, que apenas dejaban espacio para apelar a los dictados de la teoría económica. Difícilmente, en aquel contexto de intensos cambios, podía esperarse a las directrices que, para el diseño del sistema y el dimensionamiento óptimo de las jurisdicciones, pudieran derivarse de la teoría del federalismo fiscal.

10. Lo anterior no impidió recoger en el texto constitucional que, de la aplicación de los sistemas de financiación autonómica, no deben generarse discriminaciones ni privilegios en el territorio nacional.

Hoy día, existe una extensa base de información para cuantificar la eficacia del sistema de gobierno multinivel existente en España como instrumento de mejora del bienestar social. También para comprobar si, efectivamente, se ha garantizado la equidad en el ámbito interregional, y si se observan o no los desfases teóricos de política económica identificados por la OCDE.