Delito de rebelión y Estado de Derecho

Delito de rebelión y Estado de Derecho
DIEGO LÓPEZ GARRIDOCatedrático emérito de Derecho Constitucional

Ayer comenzó el proceso al 'procés'. Técnicamente, se juzga a personas, aunque no pueda evitarse que éstas –y su entorno– consideren que los tribunales españoles van a juzgar a un movimiento político, al independentismo catalán. Este, probablemente, querrá hacer otro juicio paralelo al Estado español. No estamos ni ante una cosa ni la otra. Es un enjuiciamiento de conductas de individuos, los líderes del 'procés'. Por eso, enfoco mi análisis desde la perspectiva estrictamente jurídica, que es la que debe prevalecer en el juicio.

Sin duda, es un proceso muy complejo, con muchos ángulos desde los que puede contemplarse. El que me parece más relevante es el referido al delito de que se acusa a los enjuiciados: el de rebelión. El juez instructor, la Fiscalía y la acusación popular coinciden en calificar así a las conductas que se desarrollaron en Cataluña en torno al 1 de octubre. A mi entender, no es correcta esa calificación, sin entrar en la comisión de otros hipotéticos delitos.

El delito de rebelión está previsto en el artículo 472 del Código Penal. Dice ese precepto: «son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El Código establece en artículos posteriores penas muy elevadas para tan grave delito.

El núcleo del delito de rebelión reside en dos elementos: 1- La finalidad del mismo, profundamente agresiva contra el sistema político (así se deduce de los siete apartados que tipifican los fines delictivos de la rebelión: Además de la declaración de independencia, derogar la Constitución, destituir a las altas instituciones del Estado, impedir elecciones o sustraer a cualquier clase de fuerza armada a la obediencia al Gobierno); y 2- El carácter violento del acto o actos rebeldes. Pues bien, pienso que si el primer elemento es dudoso que se diera ante la confusa declaración del Parlament, el segundo no se dio en absoluto. No se produjeron hechos que pudieran calificarse de alzamiento violento.

No puede considerarse alzamiento violento cualquier acción contra el orden público –prohibida en el Código Penal–. La rebelión debe tener una intensidad capaz de poner en riesgo la integridad territorial del Estado. La naturaleza insurreccional de ese delito se deduce de otros artículos. Por ejemplo, el 479, que obliga a la autoridad gubernativa a instar a «los sublevados» a disolverse y retirarse, y, en su caso, a usar la fuerza contra éstos, lo que se hará en caso de que los sublevados «rompan el fuego».

La 'voluntas legislatoris' al definir el delito de rebelión era, sin duda –así lo viví como redactor de esa figura delictiva en el Parlamento–, la de una acción de violencia física, muy grave, con riesgo de producir la segregación de parte del territorio español. De ahí la introducción del término «violenta» después de «se alzaren». El diccionario da como segunda acepción de la palabra alzamiento: «levantamiento o rebelión». No hubiera sido necesario añadir la palabra «violenta», pero, así se hizo, a través de una enmienda transaccional, para enfatizar aún más el carácter de violencia física de gran intensidad que tiene en el Código el delito de rebelión.

En el caso de una rebelión, de una insurrección, con ocupación de infraestructuras esenciales y otros actos, sería imprescindible oponer la fuerza del Estado para impedir sus objetivos delictivos. Sería posible declarar el estado de excepción o de sitio, que implica la intervención de las Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurrió pensar en ello, porque no existió la amenaza real de segregación al no darse la violencia necesaria para originar ese riesgo. Y si no hubo una rebelión insurreccional, quienes están procesados no pudieron liderar ninguna rebelión.

Espero que así lo vea el Supremo, que, como todos los jueces y tribunales españoles, es independiente, nos gusten o no sus resoluciones. Las y los procesados van a tener un juicio justo, y tendrán derecho, en su caso, a recursos ante el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos si entendiesen que se han vulnerado las garantías procesales del Estado de Derecho, del Rule of Law.

Tanto en el hipotético recurso ante el Constitucional, como, en su caso, ante el de Derechos Humanos, lo que únicamente puede dilucidarse es si las mencionadas garantías procesales se han respetado por el sistema judicial español. Las que se proclaman en el artículo 24 de la Constitución y en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Constitucional podrá evaluar si ha existido una tutela judicial efectiva, si ha intervenido el juez ordinario predeterminado por la ley (uno de los asuntos mas controvertidos), si se ha garantizado una defensa real, un proceso con todas las garantías, la utilización de medios de pruebas pertinentes, la presunción de inocencia, etc… (art. 24 CE). También podrá evaluar si se ha respetado el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que protege el derecho a un proceso equitativo, ante un tribunal imparcial e independiente, con las garantías procesales propias de un Estado de Derecho.

Lo que no pueden hacer el Constitucional ni el de Derechos Humanos es entrar en el fondo de la tipificación penal. Si el fallo del Supremo condenara a las y los procesados, o a alguno, por haber cometido un determinado delito, ese fallo no sería revisable en cuanto a la tipificación de los hechos probados. O sea, que la calificación de las conductas imputadas con arreglo al Código Penal no se podrá modificar por el Constitucional ni por Estrasburgo. Porque no son tribunales ordinarios de apelación.

Por último, también ha de reiterarse que en el Estado español no hay ni pueden haber presos políticos, porque es un Estado constitucional de Derecho, que, por serlo, puede pertenecer a la Unión Europea, cuyo ordenamiento jurídico proclama como sus valores primordiales el Estado de Derecho, la democracia y los Derechos Fundamentales.

 

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