En defensa de la presunción de inocencia

Quienes proclaman sin pudor la culpabilidad de inocentes, promoviendo o alentando juicios paralelos y sumarísimos, vulneran frontalmente sus derechos humanos básicos

En defensa de la presunción de inocencia
JOSÉ CARLOS AGUILERA ESCOBARAbogado

No hace mucho tiempo me asomé a este Tribuna con un artículo, 'El honor de los inocentes', por el que la Fundación Manuel Alcántara y el ICA Málaga me distinguieron con el III Premio Miramar. El tema objeto de mi reflexión, al hilo del magnífico libro del catedrático de Derecho Constitucional de la UMA, Ángel Rodríguez, eran los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, al honor, a la intimidad y la propia imagen de las personas que se ven inmersas en un procedimiento penal. El asunto de la urbanización Villas del Arenal es una prueba evidente de que estos derechos se siguen atropellando con absoluta impunidad.

El problema puede ser de base: el notable déficit de educación democrática que arrastramos, consecuencia directa, entre otras causas, del mal ejemplo que dan a la sociedad los dirigentes y representantes de todos los partidos políticos, sin excepción, con sus actitudes y forma de entender y ejercer el noble y necesario oficio de la política; y quizás el remedio más eficaz sea volver al pupitre de la escuela, representantes y dirigentes políticos los primeros, para aprender valores democráticos, el significado de Estado de Derecho, el contenido y límites de los derechos y libertades fundamentales y tantos otros principios que se ignoran u olvidan. Las malas prácticas políticas dañan el sistema democrático y afectan negativamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones representativas.

Tras la denuncia de la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción, que como en cualquier denuncia relata unos hechos y se pide que se abra una investigación por si pudieran ser constitutivos de delito, los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga han reaccionado con propuestas al Pleno y declaraciones públicas predeterminando la culpabilidad de los denunciados, negándoles el derecho a la presunción de inocencia y pidiendo su cese o dimisión inmediata. Es un ejemplo de 'política basura', de la estrategia del todo vale para desgastar o dañar al adversario, del juego sucio, del fin justifica los medios, de la búsqueda de réditos electorales, aunque sea recurriendo a posicionamientos profundamente antidemocráticos y contrarios a nuestro Estado de Derecho. Estas formas de praxis política, las haga el partido político o cargo público que las haga, representan la negación de derechos fundamentales, son constitucionalmente ilegítimas y exceden los límites permitidos del ejercicio de los derechos de opinión, libertad de expresión y crítica política.

Quienes proclaman sin pudor la culpabilidad de inocentes, promoviendo o alentando juicios paralelos y sumarísimos, buscando su condena social y política, negándoles el derecho a un juicio justo, vulneran frontalmente sus derechos humanos básicos. Y de camino confunden a la opinión pública y alimentan la desconfianza de los ciudadanos en el sistema democrático al aumentar subjetivamente la percepción de corrupción; en definitiva, una lamentable forma de hacer política que es denominador común de todos los partidos, viejos o nuevos.

¿Han olvidado los portavoces de la oposición que una persona es inocente mientras no exista una resolución judicial que declare su culpabilidad? ¿Saben lo que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)?: «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa».

Se predetermina la culpabilidad de un cargo público cuando se pide su dimisión o cese por ser investigado en causa criminal, sencillamente porque esas medidas serían la consecuencia de una condena y equivaldrían, por consiguiente, a una pena anticipada.

El Tribunal Constitucional viene reiterando que el derecho a la presunción de inocencia también constituye el derecho del investigado «a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo», incluyendo especialmente el derecho «a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo», entre los que se encuentran el de permanecer en el cargo sin perturbaciones ilegítimas (art. 23 de la CE).

Lo peor de todo es el daño irreversible que se causa al derecho fundamental a la reputación de inocencia, al derecho al honor, que protege el buen nombre personal y la dignidad de los inocentes. He vivido de cerca muchas experiencias de personas sometidas a juicios sumarísimos, a procesos inquisitoriales, a condenas sin un juicio justo, luego declaradas inocentes en la sentencia dictada por un tribunal, pero que llegaban tarde para su dignidad personal, honor y consideración social, tras haber causado también severos y profundos daños colaterales en el ámbito familiar, laboral o empresarial. Tamaña injusticia es el resultado de la negación de los derechos que reconoce y ampara la Constitución Española, de la vuelta a unos tiempos, los de la Inquisición, en los que regía el principio de presunción de culpabilidad.

Se equivocan si creen que obtendrán réditos electorales con estas estrategias. Lo constitucional y democráticamente correcto es esperar no solo a que concluya la investigación, sino al resultado del juicio. Pero como dice mi hijo Carlos, «mal vamos».