DECORAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO

CATALINA URBANEJA ORTIZ

Las tendencias en la expresión artística varían según los tiempos y las mentalidades que las generan. Desde aquellos iniciales rasgos pictóricos esbozados en los albores de la Historia en el interior de cuevas y abrigos, a las impresionantes pinturas murales renacentistas, se ha experimentado una evolución producto de los gustos, costumbres y vicisitudes de cada época.

La denominada cultura urbana, nacida en la segunda mitad del siglo XX, ha derribado mitos hasta entonces inamovibles. En la década de 1970 surgió el grafiti como fórmula para plasmar las inquietudes de una sociedad cambiante en la que nada es definitivo. Más tarde se perfeccionó la técnica con la aparición del mural, utilizado en muchas ciudades para dar color a determinadas fachadas. Se ha creado así una magnífica galería de arte al aire libre de resultados espectaculares, como pueden comprobar en las calles de Estepona.

Conocemos otro tipo de grafitis, más agresivos y de traza anónima, plasmados sobre los edificios históricos con una intencionalidad que se escapa a nuestro entendimiento. La Real Academia los define como &ldquofirma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared y otra superficie resistente&rdquo, o los muros de los edificios patrimoniales, matizaría yo. En esa línea, los sociólogos justifican esta tendencia como parte de ese movimiento urbano, revolucionario y rebelde, que desde el anonimato intenta llamar la atención de una sociedad indiferente a sus demandas.

Cualquiera que sea la acepción del término, queda demostrado que, con la difusión de estos atentados, sólo se consigue engordar los egos de sus creadores pues, mientras más importancia se les dé, mayor es la popularidad que adquieren en su reducido mundo. Es el orgullo del rebelde: sentirse inviolable amparado en el anonimato. Porque, pasando por alto la cuestionable calidad de estas pintadas, debería considerarse la manifiesta carencia de valores de unos vándalos que persiguen el aplauso de sus amigotes mediante el atropello de unos edificios milagrosamente conservados, que han superado etapas de abandono, agresiones de todo tipo y, lo que es más doloroso, la indiferencia del pueblo.

Esta tendencia está adquiriendo últimamente en Marbella cierta notoriedad, provocando estupor ante lo irreverente de la provocación. Hace ya años que sufrimos los asaltos de los grafiteros que, si al principio no se tomaron en serio, poco a poco han ido ampliando su radio de acción hasta convertir a los edificios históricos en víctimas de sus actuaciones. El primer atropello se realizó en Las Bóvedas de Guadalmina, un conjunto romano sobre cuyo impluvio pintaron con generosidad trazos rojos, negros y azules, utilizando exclusivamente el negro para las paredes de sus estancias. En esa ocasión, en un alarde de orgullo y osadía, el autor dejó estampada su firma.

Le siguió la Torre de Ancón, a orillas de la playa de su nombre, una atalaya mandada construir por Felipe II en el último cuarto del siglo XVI para controlar la llegada de naves berberiscas. Su lamentable estado de conservación, la necesaria restauración que no acaba de realizarse y las pintadas plasmadas en su base, evidencian el desamparo de esta almenara. Por suerte, el ayuntamiento decidió eliminarlas por su cuenta, cuando deberían haberlo costeado sus autores.

La impresionante mole del Trapiche del Prado está siendo sometida a continuas agresiones por parte de unos desalmados que, amparados en la sombra, asisten pletóricos de gloria a la indignación de los ciudadanos que rechazan este tipo de atentados.

En estos tres casos -que no son los únicos, aunque sí los más lamentables-, se dan circunstancias muy parecidas: edificios aislados, alejados del centro urbano y con vallados tan frágiles que resultan insuficientes para frenar las furtivas entradas de quienes no dudan en derribarlos para acceder a unos recintos protegidos por la Ley del Patrimonio Histórico. Una ley escasamente difundida porque, de conocerse, más de uno cejaría en su empeño decorativo ante el temor de las cuantiosas multas que tiene señaladas para casos semejantes.

Estas medidas serían innecesarias si los ayuntamientos elevaran las ridículas sanciones establecidas en sus ordenanzas y obligaran a los infractores a sufragar los gastos que ocasiona el volverlos a su estado original. Una decisión en beneficio de las arcas locales, que invierten una media del 10% de sus presupuestos de limpieza en borrar pintadas. Todo ello complementado con un proyecto de educación dentro de un contexto de valoración del patrimonio para evitar la &ldquodecoración&rdquo del mobiliario urbano al que, por su propia iniciativa protegerían como lo que son: herencia de otras culturas.

La libertad de expresión está garantizada en nuestra Constitución y, si contemplamos los grafitis como una mera fórmula para exteriorizar la rebeldía o el desencanto, debería contemplarse de igual forma el derecho que tenemos quienes, en uso de esa misma libertad, optamos porque en nuestras ciudades se conserve y mantenga dignamente el Patrimonio Histórico.

 

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