El conflicto amarillo en Cataluña

De una manera planificada se ha producido un uso masivo de los mencionados símbolos en espacios públicos y privados, con miles de lazos y cruces amarillas en las farolas, árboles, paredes...

pedro moreno brenes
PEDRO MORENO BRENESProfesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga

Primero.–En el marco del proceso independentista en Cataluña, los partidarios de la declaración unilateral de segregación han adoptado como icono de sus planteamientos el color amarillo. Parece que las escarapelas amarillas en Cataluña tienen su origen en la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII, como consecuencia de la prohibición de su uso por parte del virrey de Cataluña; se da la paradoja que el amarillo era el color del pañuelo de las tropas de la Unión en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos de América, precisamente los que luchaban contra los secesionistas del Sur. El uso se ha intensificado en los últimos meses como consecuencia de la detención de determinados líderes independentistas a raíz de las actuaciones judiciales, primero por la Audiencia Nacional y ahora por la instrucción seguida por el juez Llarena en el Tribunal Supremo. De una manera planificada se ha producido un uso masivo de los mencionados símbolos en espacios públicos y privados, con miles de lazos y cruces amarillas en las farolas, árboles, paredes y en la arena de las playas catalanas; de forma simultánea, también se da el caso de ciudadanos que retiran esos símbolos de los espacios públicos. Aunque como regla general estos actos son pacíficos, por desgracia, en los últimos dos meses se han producido algunos incidentes violentos por enfrentamientos entre partidarios y detractores del uso de esta simbología, dando lugar a un debate, a veces desproporcionado, sobre lo que es legal e ilegal en esta materia. A efectos jurídicos, hay que analizar primero el uso de los lazos amarillos (aplicable en adelante a todos los demás) en los espacios públicos y privados y las consecuencias jurídicas sancionadoras que en su caso pudiera existir tanto en la colocación como en la retirada.

Segundo.–La colocación pacífica de lazos amarillos expresa una clara posición política: la partidaria de la independencia y de la libertad de los que ellos denominan presos políticos. Sin compartir en modo alguno esas premisas ideológicas, no ofrece duda para quien esto escribe que están amparadas por la libertad de expresión (art. 20 CE, aunque hay que recordar que el TC mantiene que las instituciones públicas carecen de este derecho). Por tanto, su mera realización pacífica (es decir, sin daños para personas y bienes), sin perjuicio de su modulación en el espacio y por otras circunstancias, no admite respuesta sancionadora por parte de los poderes públicos. Asimismo, su retirada también pacífica tiene el mismo amparo constitucional. Sin embargo, respecto a la colocación hay que distinguir entre las que son realizadas por las administraciones públicas mediante sus autoridades y sus agentes y las que son protagonizadas por ciudadanos que no reúnen la anterior condición. Las administraciones públicas están sometidas al cumplimiento de las normas relativas a los símbolos oficiales del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales (banderas, himnos, escudos) sin que quepa su inaplicación por motivos ideológicos, tal como resaltó la jurisprudencia en su momento con referencia a la 'guerra de las banderas' en el País Vasco. Al margen de lo anterior, cuando nos encontramos con actividades orientadas y ordenadas a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, mediante un soporte publicitario y otra forma de comunicación, pagadas y contratadas por las administraciones, resulta aplicable la normativa de publicidad y comunicación institucional (estatal y autonómica), que, entre otras cosas, exige que las campañas institucionales se ajusten siempre a los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto. En consecuencia, no sería legal la disposición de recursos públicos para la difusión administrativa de lazos amarillos. A lo anterior cabe añadir que para un caso similar (las esteladas), el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (sentencia de 5-7-2018) entiende que su uso por un ayuntamiento supone «la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad institucional». Por tanto, en mi opinión, las administraciones no pueden legalmente realizar campañas de difusión de los lazos amarillos por vulnerar las normas de publicidad institucional y el principio de objetividad (art. 103 de la CE); a lo anterior cabe añadir que si la colocación de los símbolos afecta al patrimonio histórico y cultural se estará también a las consecuencias previstas en la legislación sectorial de la materia. La colocación de lazos amarillos por los particulares en los espacios privados se someterá en su caso a las normas municipales sobre la utilización de fachadas (y en su caso de patrimonio cultural) y si lo hacen en espacios públicos no se pueden sustraer a las ordenanzas reguladoras de esos espacios y a la legislación sectorial aplicable (la de dominio público marítimo terrestre en el caso de las playas).

Tercero.–Como conclusión, el uso de lazos amarillos para los particulares es un ejercicio lícito de la libertad de expresión que, como todo derecho, está sometido a los límites antes señalados, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas. Los poderes públicos, en su condición de tal, no pueden promover estas campañas por las razones expuestas y en su caso podrían existir responsabilidades administrativas y contables. Evidentemente, si en la colocación o en la retirada de los símbolos en cuestión se produce violencia y/o daños contra las personas y los bienes, cabe la posibilidad de que se deriven consecuencias penales.

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