Cataluña

El desorden civil que en general ha producido el tumultuoso y grave espectáculo de la parodia soberanista del 1 de octubre -resulta hasta impúdico llamarlo referéndum- ha generado tan profundas heridas en la sociedad catalana y española que ni siquiera la ordenada y democrática jornada electoral del 21 de diciembre ha sido capaz de cauterizar.

Lo cierto y verdad es que después de más de treinta y cinco años de hegemonía nacional-soberanista- Ciudadanos, una de las opciones constitucionalistas, ha sido el partido ganador de estas elecciones. Los casi dos millones de votos que han sumado entre el respaldo a la candidatura de Inés Arrimadas y las dos opciones restantes, PSOE y PP, son una clara demostración de que ninguna formación política de tinte independentista puede ya apropiarse la voz de Cataluña como propia.

Clarificar este confuso panorama que se instaló en la opinión pública española y europea desde el 1 de octubre ha sido la consecuencia más positiva de haber aplicado el ya famoso y sobado Art 155 de la Constitución, restituyendo de esta manera el orden constitucional y la legitimidad democrática derivada de unas elecciones convocadas y celebradas según las normas previstas en nuestro Estado de Derecho.

Lamentablemente ni las circunstancias procesales de varios de los candidatos independentistas investigados, encarcelados o fugados ni las consecuencias que origina un sistema electoral obsoleto e injusto, permitirán que no sólo no gobierne el partido ganador, sino que la composición del Parlamento catalán se pueda producir dentro de los cauces normales que permitan la elección de un presidente de la Generalidad.

En el confuso panorama catalán se entrecruzan en estos momentos las actuaciones judiciales que han de dar cuenta de los graves delitos cometidos contra la unidad y la soberanía de España por buena parte de los líderes catalanistas (se estima que 19 electos están involucrados) y la puesta en marcha de un nuevo parlamento y gobierno emanado de las urnas.

La incertidumbre es manifiesta. Los tres poderes del Estado divididos constitucionalmente tienen ante sí el reto más enrevesado de nuestra democracia y más aún cuando todo este embrollo jurídico-político tiene una indeseable repercusión internacional por mor de las andanzas de nuestro quijotesco personaje de caballería, Puigdemont, que con la complicidad de los flamencos belgas pretende desestabilizar la unidad territorial de un Estado miembro, como es España, desde la propia Unión Europea.

Esta marea catalana ha alcanzado también la orilla del escenario político nacional. Los decepcionantes resultados electorales del PSC y la espectacular caída del PP no pueden ni deben quedarse en el sempiterno silencio disciplinado de las cúpulas dirigentes de uno y otro partido. Hay millones de votantes y militantes de las dos formaciones políticas más relevantes de nuestra transición que necesitan visualizar una reacción inmediata frente a las demandas de una sociedad bien distinta de aquella en que cosecharon los laureles.

Si el PSOE se derrumbó en las últimas elecciones generales en favor de una izquierda antisistema y de corte anticapitalista como Podemos, el PP corre el riesgo probable y cierto de ser fagocitado por un partido que, como Ciudadanos, solo espera el maná de los descontentos o desorientados que normalmente, con razón o sin ella, no se paran a comprender las motivaciones y dificultades que conllevan decisiones de gobierno en situaciones de precariedad, como las que actualmente padece el Gobierno de Mariano Rajoy.

«El noventa y nueve por ciento de todos los fracasos provienen de personas que tienen el hábito de ponerse excusas», decía George Washington. Una contundente derrota electoral como la que ha sufrido el PP en Cataluña no merece perder el tiempo en excusas, merece recapacitar y reflexionar en cómo afrontar esta nueva etapa de la sociedad española con un Partido Popular más renovado y fortalecido en su proyecto, sus estructuras y sus liderazgos.