En busca del suelo perdido

Habrá quien piense que no es posible saber cómo evolucionarán las cosas en los próximos años, pero lo cierto es que en algunas parcelas los cálculos siempre se quedan cortos, o bien no se quiere programar más de lo necesario, que todo tiene un coste y los gobernantes actúan con presupuestos limitados en el tiempo.

Podemos fijarnos en varios ejemplos cercanos, como los problemas de tráfico entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, que parecían que iban a tener una solución definitiva con el soterramiento tan demandado durante años y finalizado a trompicones. Recuerden que hubo paralizaciones de las obras y manifestaciones ciudadanas por un proyecto que lo tenía todo en regla pero que tropezaba de vez en cuando con algún impedimento. Ahora, en realidad, el túnel cumple su función pero los accesos se han demostrado insuficientes. En su tiempo, uno de los proyectos era iniciar el soterramiento poco después de Puerto Banús, pero finalmente se desechó.

Ahora se demanda un tercer carril y una mejor conexión con el desvío hacia Ronda y se anuncia un presupuesto de más de diecisiete millones de euros para realizar la infraestructura, aunque nadie se atreve a dar plazos para no caer en ningún error, que estas cosas suelen tener su tiempo y (esperemos que no) sus vaivenes imprevistos. Ya saben, cosas de la política. Desde la oposición municipal se presentan proyectos alternativos atendiendo a criterios de sostenibilidad. Sea de la forma que sea con la que se piense hacer siempre harán falta terrenos, habitualmente en manos privadas, con lo que supone de trámites burocráticos, si no judiciales en algunos casos.

En una zona turística como la nuestra se suelen dar con frecuencia claros choques entre el interés ciudadano y la especulación, aunque esta última suele actuar de forma mas sigilosa y efectiva a la hora de negociar sus pretensiones de construir sobre suelos valiosos, que una vez ocupados, legal o ilegalmente, suelen ser difíciles de recuperar.

Cuando finalizó la época de los gobiernos de Gil y se comprobaron las ilegalidades cometidas, de la que sacaron tajada algo más que unos pocos enjuiciados, se contabilizaron por miles las obras ilegales. Se planteó entonces el debate sobre el derribo de que lo se hizo con triquiñuelas, pero todas las construcciones siguen hoy en pie. Uno de los argumentos que siempre se han utilizado es el de que los compradores eran de buena fe. Los hubo que sí y algunos que no. Pero poco se habló de la buena fe de la mayoría de los habitantes del municipio que, a causa de la misma política, perdieron terrenos que se tenían que haber dedicado a colegios, centros sanitarios, zonas verdes o instalaciones deportivas. Ahora, lamentarse no sirve de mucho, si acaso para una reflexión sobre como se planifica el futuro con los terrenos que puede disponer el gobierno municipal, sea quien sea quien esté al frente del mismo, porque las inversiones de unos deben servir también para el bienestar de la población, no solamente para un negocio privado. Es más, para estas cosas convendría que las diferentes fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para elaborar planes a largo plazo, que no dependan de los cambios electorales cada cuatro años (o cada dos si hay moción de censura), llámense planes directores o pactos de la Casona, pero acuerdos al fin y al cabo que eviten la sensación de provisionalidad. ¿Por qué resulta esto tan difícil si todos afirman buscar el bien de todos?

Durante un tiempo se eliminaron de los mapas de urbanismo aquellos terrenos que estaban destinados a dotación pública y, ahora, la labor de equilibrar la situación es mucho más complicada, pero necesaria y mucho más efectiva cuanto antes se lleve a cabo. Incluso es necesario revisar algunos convenios con empresas privadas que, casi con seguridad, no están ofreciendo a la población ningún beneficio. Hay que mirar al suelo.