Borja, el ladrón y la conciencia

Ana Barreales
ANA BARREALES

El líder de Vox en Fuengirola fue uno de los agentes que investigó y detuvo a Borja, condenado a dos años por la muerte de un ladrón que había robado el bolso a un mujer. Ahora, como concejal del Ayuntamiento de Fuengirola y en excedencia de la Policía, pide su indulto. Habrá quien lo considere una contradicción. Yo creo que no sólo es comprensible, sino que es loable que cumpla con su obligación como funcionario, aunque ésta no coincida con sus ideas y que luego reclame un cambio legal que sí se ajuste a sus creencias. Y me parece bien que sea así, aunque no comulgue con ellas, porque pienso que no debería ingresar en prisión, como plantea la Fiscalía, pero de ahí a pedir para el la medalla al mérito civil, pues tampoco.

Los policías no son los únicos servidores públicos que pueden sufrir un choque entre el deber y sus creencias. Lo raro es la naturalidad con la que lo aceptamos en su caso, mientras que en otros vemos con sorprendente normalidad la objeción para algunas cosas que son derechos consolidados y sobre los que hay un amplio consenso.

Es comprensible que haya médicos que no quieran practicar abortos aunque la legislación lo permita. Pero en España se despenalizó en tres supuestos con el gobierno de Felipe González: violación, malformación fetal y grave riesgo para la madre, aunque en la práctica en el tercer supuesto entraban más casos. Desde 2010 tenemos una ley de plazos, como en la mayoría de los países europeos, y las mujeres pueden abortar sin tener que justificar su decisión en uno de los supuestos. Lo cierto es que ser médico de la sanidad pública no es obligatorio. Sin embargo, casi el cien por cien de las interrupciones del embarazo se siguen haciendo en la sanidad privada (aunque algunas estén costeadas por la Seguridad Social).

Hemos aceptado como algo normal que esto ocurra y puede que en 1985, cuando se aprobó la despenalización, tuviera sentido, pero casi 35 años después, con gobiernos de distinto signo que no han derogado la ley, no deja de ser una hipocresía que se siga aceptando.

En 2015 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de un farmacéutico del centro de Sevilla, que se negaba a vender la píldora poscoital por razones de conciencia y al que la Junta de Andalucía le había puesto una multa de 3.000 euros por negarse a dispensarla. Tampoco vendía preservativos, aunque por suerte en eso no le dieron la razón.

Más preocupante todavía que esas negativas que no se es esconden es la 'objeción encubierta': cuando se da información falsa o incorrecta, se trata con paternalismo o, directamente, se echa la bronca a mujeres, especialmente si son jóvenes o menores que van a buscar una pastilla de emergencia

No sé qué pasará si un día se llega a un consenso para aprobar una ley que regule la eutanasia. Pinta mal, desde luego.