El significado de la austeridad presupuestaria

A lo largo de los últimos años se ha vivido una auténtica explosión de la novela negra. Sin embargo, la agenda de encargos para resolver los crímenes cometidos en la escena macroeconómica ha estado vacía. Todos ellos parecen tener su origen en la austeridad presupuestaria, por lo que basta con seguir el rastro de esta mortífera arma para encontrar a los culpables. El término 'austericidio' es uno de los neologismos de mayor éxito acuñados en la dolorosa etapa de una crisis cuyos efectos persisten más de siete años después de que mostrara sus primeros síntomas. Está instalado en la conciencia popular y en algunas influyentes corrientes doctrinales que la nefasta política de austeridad presupuestaria dictada por unos políticos insensibles es la causante de todos los males que nos aquejan. ¿Es ciertamente aquella, en tan gran medida, la responsable de nuestros padecimientos económicos?

Antes de evaluar sus efectos, parece lógico que tratemos de detenernos al menos un instante en calibrar su alcance real. ¿Qué debemos entender exactamente por una situación de austeridad presupuestaria? El Diccionario de la Real Academia Española no es, para este menester, un aliado demasiado útil de forma inmediata. No obstante, aunque no se hace eco de la expresión, nos da algún indicio cuando define la austeridad como «cualidad de austero», y este último vocablo como «severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral». Con alguna licencia, podemos interpretar que la austeridad presupuestaria podría reflejar un ajuste a las normas de la moral del equilibrio presupuestario, es decir, a la igualdad entre los ingresos y los gastos públicos.

Sea correcta o no esa interpretación, nos puede resultar de alguna ayuda descender a la realidad de las correspondientes cifras para el caso de España. Ha de advertirse que existen diferentes indicadores para valorar la situación de las cuentas públicas. Veamos qué información nos aportan, a partir de las fuentes estadísticas de la Comisión Europea, a lo largo de los años 2010 a 2014, en los que supuestamente ha imperado una estricta austeridad presupuestaria:

I. Una primera opción es considerar el saldo presupuestario más frecuentemente utilizado, calculado como diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales (en ambos casos, no financieros, es decir, sin computar las emisiones ni las amortizaciones de deuda pública; tampoco, otras operaciones como las compras y ventas de acciones): en los cinco años mencionados nos topamos con un saldo negativo, esto es, con un déficit público, del orden del 10% del PIB en los tres primeros ejercicios y bastante inferior en los dos siguientes. Dicho de una manera más directa, en algunos años, los gastos públicos han llegado a superar a los ingresos públicos en una cuarta parte.

II. El déficit anterior puede ser engañoso, ya que computa entre los gastos los intereses de la deuda pública. Por ello, es usual que, para evitar ese efecto distorsionador, se utilice el concepto de déficit primario, en el que se excluye la referida carga de intereses, que ha pasado de representar el 1,9% del PIB en 2010 al 3,3% en 2014. Una vez que se detrae, el desequilibrio es menor, pero nos seguimos encontrando con un déficit en torno a un 7% en los tres primeros años, del 3,5% en 2013 y del 2,3% en 2014.

III. Aun podemos ser más restrictivos, recurriendo simplemente a la noción de ahorro, a la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes, los típicos de cada año. Pues bien, el ahorro de las administraciones públicas españolas es negativo de 2010 a 2014, y lo sigue siendo en los tres primeros años de este período si excluimos los intereses de la deuda.

IV. Por último, el saldo estructural (el que se daría en una situación de pleno empleo) ha mostrado signo negativo en el quinquenio considerado.

A la vista de los datos anteriores, cabría plantearse si realmente el sector público en su conjunto ha sido tan austero como habitualmente estamos acostumbrados a oír. Una cierta decepción es casi inevitable al enfrentarnos con la tozudez de los datos observados. Sin pretender entrar a valorar aquí las políticas aplicadas por el actual gobierno o por el anterior, las conclusiones del análisis y las medidas a propugnar serían bastante más fáciles si hubiésemos constatado una situación de equilibrio. Aunque es evidente que el Estado goza de un estatus bien diferente al de una familia o una empresa, se antoja un tanto peculiar otorgar el calificativo de austero a quien gasta bastante por encima de los ingresos que es capaz de obtener. Podemos culpar a la política económica por su acción o por su inacción, pero sería menos equívoco utilizar otro nombre para la actuación presupuestaria reciente.

Así, en cambio, sí podemos afirmar categóricamente, merced a la reducción del desequilibrio presupuestario, que la política pública ha ido adoptando un tono menos expansivo, es decir, ha ido siendo menos deficitaria, aunque sin lograr cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos. Consiguientemente, ha seguido aumentando el saldo de la deuda.

Mientras el debate sobre las políticas presupuestarias nacionales continúa su curso, Europa sigue raptada por un conjunto de fuerzas que impiden avanzar hacia una verdadera unión política y fiscal, dotada de instrumentos adecuados para incidir en las áreas geográficas que atraviesen dificultades económicas especiales. En el territorio heleno, cuna de la democracia, asistimos a una suerte de contraste empírico del trilema de Rodrick, que predica la imposibilidad de alcanzar simultáneamente la democracia, la autodeterminación nacional y la globalización económica. Y sin que pueda obviarse que al segundo de estos objetivos se renuncia en buena parte cuando se decide ingresar en un club económico multinacional basado en unas reglas pretendidamente comunes. Los resultados de ese test permitirán extraer importantes lecciones para el futuro.