El TSJC inhabilita a los antiguos miembros de la mesa del Parlament

Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, exdiputados de Junts pel Sí (coalición de JxCat y ERC) y miembros de la Mesa de la Cámara catalana bajo la presidencia de Carme Forcadell en la pasada legislatura, han sido condenados como autores responsables del delito de desobediencia en relación con el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y han sido absueltos por el delito de organización criminal.

Todos ellos han sido condenados por desoír las órdenes que les hizo llegar el Tribunal Constitucional que les obligaba a impedir la tramitación de cualquier iniciativa que supusiera desplegar la hoja de ruta unilateral independentista. En concreto, se les acusaba de no haber impedido la tramitación de la propuesta de ley del referéndum y de transitoriedad jurídica, que la Cámara votó en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la resolución de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. En cambio, el TSJC ha absuelto a la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que queda «exonerada al entenderse que no fue nominalmente advertida por el Tribunal Constitucional y no ostentaba condición representativa de acuerdo con las exigencias del tipo penal», pues no era miembro de la mesa de la Cámara catalana. La Sala Civil y Penal también ha impuesto a los cuatro condenados una multa de 30.000 euros a cada uno, la misma cantidad que solicitó la Fiscalía, ha informado el TSJC.

Durante el juicio, los abogados de la defensa aseguraron que los miembros de la mesa no tenían la voluntad de desobedecer el TC y consideraban que no podían actuar como «órgano censor» del debate parlamentario, porque esto vulneraba los derechos de los diputados y la libertad de expresión. El TSJC rebate este argumento. «Las Mesas de las Cámaras están facultadas para inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones presentadas por los grupos parlamentarios cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean palmarias y evidentes, sin que ello suponga infracción alguna del derecho fundamental de los parlamentarios autores de la propuesta», según recuerda el fallo de un auto del Constitucional. «Las disposiciones reglamentarias de las Cámaras no pueden contradecir el imperio de la Constitución como norma suprema, ni ser interpretadas de forma que entren en contradicción con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional», añade.

Recuerda también el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que rechazó un recurso presentado por el independentismo contra la suspensión por parte del Constitucional del pleno posterior al 1-O en el que Puigdemont pretendía declarar la independencia. «La suspensión del pleno era necesaria en una sociedad democrática, en particular para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás», señala.

El juicio contra los cuatro antiguos miembros independentistas de la mesa del Parlament es la tercera gran causa juzgada ya en relación al 1-O. La primera fue el juicio en el Tribunal Supremo contra los doce líderes del 'procés', que se saldó con la condena a nueve de ellos a penas de nueve a trece años de prisión por un delito de sedición. Eran los miembros del Govern, la presidenta del Parlament y los líderes de la ANC y Òmnium. La segunda causa juzgó en la Audiencia Nacional al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a toda la anterior cúpula de la Policía catalana. El caso está a la espera de sentencia.

El próximo juicio será en noviembre contra los cinco miembros que integraron la llamada Sindicatura Electoral, una especie de Junta Electoral nombrada ad hoc para el referéndum ilegal. Y está a la espera también el que sentará en el banquillo a una treintena de altos cargos del Govern y empresarios relacionados con la organización del 1-O.